Segunda lectura de la Ley de Mediación


Después de ver los cuatro aspectos principales del Real Decreto-ley 5/2012 en esta entrada, ahora echaremos un vistazo un poco más extenso.

Los principios básicos de la mediación son: el equilibrio entre partes, la imparcialidad del mediador, la confidencialidad de las actuaciones realizadas y la voluntariedad y libre disposición de las partes.

El papel del juez es importante, éste tiene facultad para invitar a las partes a intentar una solución mediante mediación. Además, limitando el principio de confidencialidad, podrá preguntar a las partes si alguna de ellas no acudió a la mediación. Esta información podrá ser utilizada para la imposición de costas a la parte que pierda el juicio y no hubiese acudido al acto de mediación. Independientemente a esto, en todo proceso judicial siempre es mejor seguir los consejos del juez, actuar libremente puede ser perjudicial para el cliente.

En la entrada anterior ya vimos que los acuerdos pueden ser elevados a escritura pública. Al respecto vale la pena remarcar que las escrituras tributarán en AJD como documentos sin cuantía. Evidentemente, se trata de una forma de incentivar estos acuerdos extrajudiciales. Esto se regula en la Disposición Adicional tercera del Real Decreto.

Sobre el ámbito de aplicación, debemos tener en cuenta que los afectados son todos los Estados miembro menos Dinamarca, que sigue su habitual camino a parte. Además, la Directiva 2008/52/CE establece que no entra en el ámbito de aplicación la actuación de los estados en actos iure imperii, pero en los actos iure gestionis es de plena aplicación (art. 1.2 Directiva).

En el art. 1.1 de la Directiva vemos que el objeto de ésta es: “facilitar el acceso a modalidades alternativas de solución de conflictos y fomentar la resolución amistosa de litigios promoviendo el uso de la mediación y asegurando una relación equilibrada entre la mediación y el proceso judicial”.

También es interesante ver la definición de mediación establecida en la Directiva: “procedimiento estructurado, sea cual sea su nombre o denominación, en el que dos o más partes en un litigio intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo sobre la resolución de su litigio con la ayuda de un mediador. Este procedimiento puede ser iniciado por las partes, sugerido u ordenado por un órgano jurisdiccional o prescrito por el Derecho de un Estado miembro”.

Como vemos, la definición de la Directiva refleja la facultad del juez comentada anteriormente, así como la posibilidad de obligar a las partes a intentar la mediación si el Estado miembro que transpone la Directiva así lo acuerda, como pasó en Italia con el Decreto Legislativo de 4 de marzo de 2010. En Italia se establece como obligatorio el uso de mediación en ciertos conflictos civiles y mercantiles, por ejemplo en contratos de arrendamiento, responsabilidad médica, sucesiones, etc. Uno de los motivos que explican la opción italiana es el grave colapso jurisdiccional.

La posible obligatoriedad de la mediación en España se debatió extensamente, pero una parte importante de la doctrina entendía que su introducción el el ordenamiento jurídico podía lesionar el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24 CE. Además, la mediación tiene muchas trabas culturales a la hora se ser implementada. Su obligatoriedad (en España) posiblemente devendría un paso previo a la jurisdicción, incrementando costes para los particulares. En cambio, en otros sistemas como el inglés, los alternative dispute resolution (ADR) tienen una aceptación cultural mucho mayor, sobretodo porqué el sistema judicial que tienen es más caro que el latino.

El art. 4 de la Directiva permite el control de los mediadores por parte de los Estados con la finalidad de asegurar su calidad. El precepto europeo se puede ver reflejado en el art. 5.3 del Real Decreto-ley. Éste establece que los poderes públicos tienen que velar por el buen funcionamiento de las instituciones de mediación y mediadores. A lo anterior, debemos añadir el Título III del mismo Real Decreto, en el que se establece el régimen del estatuto del mediador. Para ser mediador no se requiere licenciatura ni grado en derecho, es suficiente con la realización de un curso específico con materias: jurídicas, psicológicas, de técnicas de comunicación, de resolución de conflictos, de negociación y ética de la mediación.

Como ya vimos en la anterior entrada el art. 4 del Decreto establece que la mediación producirá la suspensión en la prescripción o caducidad de las acciones. Este artículo transpone el art. 8.1 de la Directiva.

Finalmente, el art. 11 de la Directiva establece una futura revisión elaborada por la Comisión, con la finalidad de estudiar la implementación de la mediación en la UE. Esta revisión se presentará, a muy tardar, el 21 de mayo de 2016.

La solidaritat i la caritat humana no és un valor de l’Estat


La redistribució de la riquesa per assegurar les necessitats bàsiques de la ciutadania és una de les finalitats de l’Estat del benestar. Aquesta redistribució és una imposició, la solidaritat i la caritat humanes son coses diferents.

La caritat ve de la iniciativa pròpia, no de la imposició, solidaria és aquella persona que voluntàriament dóna als necessitats a canvi de res, o potser, per satisfacció moral. La qüestió és donar per decisió individual, ja sigui mogut per condicionants religiosos o no. Perquè no ens enganyem, la caritat cristiana ha estat un factor clau a l’hora d’ajudar els desafavorits, però aquesta caritat no s’ha de veure com una activitat de l’Església, com tampoc de l’Estat, sinó de la preocupació de l’individu pels seus semblants.

L’augment del paper de l’Estat, que incrementa cada vegada més la pressió fiscal, provoca la pèrdua de poder econòmic dels particulars, i amb això la possible reducció de les donacions entre ciutadans.

La caritat humana es materialitza a través de les fundacions, organitzades per persones implicades que treballen dia a dia, sense la protecció funcionarial darrere, i finançades per la ciutadania mitjançant donacions voluntàries.

Un fet curiós dels últims temps ha estat l’actitud política envers a les caixes d’estalvis, amb les quals han acabat. Val a dir, però, que aquestes entitats mantenen el caràcter social, encara que ara actuïn com a bancs. Sorprèn bastant que la política absorbeixi els serveis socials quan pot deixar-los en mans de la societat civil. Una bona administració hauria de ser aquella que actua quan el mercat no ho fa, però a vegades vol sobreposar-se a les iniciatives privades. 

El impuesto sobre las pernoctaciones turísticas en Cataluña


Antes de ver los principales aspectos de este impuesto, decir tres cosas de base. Primero, que ya existe en otras ciudades como Roma o París. Además, se pidió que el impuesto no afectara a los turistas nacionales, pero esta medida sería discriminatoria entre ciudadanos europeos, que deben tener un trato igualitario. Por acabar, esto es otra medida de intervencionismo, pues lo recaudado será para promover el turismo en Cataluña, actuación que debería hacer el sector turístico como sujetos privados e interesados directamente en la competitividad de sus servicios de ocio.

La medida fue aprobada por la Ley 5/2012, de 20 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos. Se trata de una ley para afrontar el déficit de la Administración pública catalana. En cuanto al régimen de la "tasa turística", debemos ir al Título III. Esta ley también es conocida como Ley de Acompañamiento de los Presupuestos.

Se trata de un tributo propio de la Generalitat (art. 98), pero el 30% de la recaudación será para las entidades locales (art. 116.2). Con este impuesto se financiará la promoción del turismo en Cataluña, y para ello se crea el Fondo para el fomento del turismo.

El art. 116 aclara el concepto fomento del turismo, en el que se incluyen:
  1. Promoción turística de Cataluña.
  2. Impulso del turismo sostenible y de calidad.
  3. Fomento, creación y mejora de los productos turísticos.
  4. Desarrollo de infraestructuras relacionadas con el turismo.

Dentro de estas actividades, algunos ejemplos serían: publicidad de la marca Cataluña, conservación de espacios naturales y mejoras en las comunicaciones, entre muchas otras posibilidades.

El hecho imponible abarca toda forma de estancia mediante un servicio de pago, en el art. 103 vemos: hoteles, campings, establecimientos de turismo rural, albergues (aquí debemos tener en cuenta que los menores de 16 están exentos del pago), viviendas de uso turístico, áreas de albergues móviles, embarcaciones de crucero turístico (amarrado). La lista está abierta a nuevos hechos imponibles.

Para el pago, se establece la sustitución del contribuyente en la persona física o jurídica (y las no jurídicas del 35.4 LGT) que sea titular de la explotación del establecimiento o equipamiento. Estos sustitutos deberán autoliquidar el impuesto.

Según el art. 107 el pago será por día y hasta un máximo de 7 días a pagar, el resto no tributan. En hoteles de 5 estrellas y cruceros se pagan 2,50€ por día, en los de 4 1,25€ en Barcelona y 1,00 en el resto de Cataluña. El resto de establecimientos y equipamientos el coste será de 0,75€ por día en Barcelona y de 0,50€ por día en el resto de Cataluña. El pago es por persona no por familia, pero los menores de 16 están exentos.

El último punto destacable es la Disposición Final 10ª, en la que se establece la entrada en vigor a fecha 1 de noviembre de 2012. Como ya explicó el gobierno, esta medida no entra en vigor antes de la temporada de verano por las disfuncionalidades que podría provocar en los precios preestablecidos y reservas ya firmadas.

Simplificación en el régimen de fusiones y escisiones en sociedades de capital


El Real Decreto-ley 9/2012, de simplificación de las obligaciones de información y documentación de fusiones y escisiones de sociedades de capital, es una norma aprobada en cumplimiento de la Directiva 2009/109/CE. Esta nueva norma modifica dos textos mercantiles básicos, la Ley de Sociedades de Capital (LSC) y la Ley de Modificaciones Estructurales (LME). Por lo tanto, una vez más, la LSC  es modificada, desde que se aprobó no ha pasado un año sin que el legislador la toque. Por suerte, a mejor.

Las modificaciones no son pocas, algunos puntos importantes son los siguientes.

Uno de los aspectos más relevantes es el régimen de las páginas web. Y es que la incorporación de las “nuevas” tecnologías en la legislación, finalmente va cogiendo peso: firmas electrónicas, presentación de algunos escritos on-line, publicaciones en internet en vez de papel, etc.

El art. 11 bis[1], fue introducido por la Ley 25/2011 de reforma parcial de la LSC, y ahora es complementado con la nueva modificación[2]. Efectivamente, el art. 11bis LSC refleja el aumento del uso de internet en las sociedades de capital, mejorando su funcionamiento al hacerlo más sencillo, rápido y barato. El régimen actual 1) obliga a las sociedades cotizadas a tener una página web (en realidad ya las tenían), 2) la creación de la página deberá ser acordada por la junta general, constando previamente en el orden del día, 3) salvo disposición en contra en los estatutos, su modificación, suspensión y traslado es competencia del órgano de administración y 4) el acuerdo será inscrito en el Registro Mercantil y publicado en el BORME gratuitamente.

El art. 11 ter es un nuevo apartado, este artículo establece que los administradores responderán solidariamente entre sí y con la sociedad por los perjuicios causados en la página web. Como hemos visto en varios comentarios anteriores, la responsabilidad de los administradores  no es poca, siendo cada vez más amplía y estricta (primera y segunda entrada al respecto). Además, según el art. 11 quárter, la comunicación entre socio y sociedad podrá ser electrónica previa aceptación expresa del primero.

Otro tema que ha sido tratado por la última reforma es el art. 69 LSC, en el que se añaden tres supuestos de excepciones a la exigencia de informe de experto (apartados “c”, “d”, y “e”).
  • Apartado “c”: Constitución de una nueva sociedad por fusión o escisión se haya elaborado un informe por experto independiente sobre el proyecto.
  • Apartado “d”: Aumento de capital por entrega de nuevas acciones o participaciones a los socios de la absorbida o escindida y se haya elaborado un informe de experto del proyecto de fusión o escisión.
  • Apartado “e”:  Entregar acciones nuevas a accionistas de la sociedad objeto de una OPA.
La tercera modificación que destacamos en este escrito, es la introducida en el art. 36 de la Ley 3/2009 LME. A este artículo se añade el apartado 3. En este apartado se establece que la fusión con una o varias cotizadas, el balance podrá ser sustituido por el informe financiero semestral de cada una de ellas. Si el balance semestral se hizo publico más allá de los 6 meses anteriores al proyecto de fusión no será aplicable este apartado.



[1] Artículo 11 bis. Sede electrónica (redacción antigua tras la primera modificación)


1. La creación de una página web corporativa deberá acordarse por la junta general de la sociedad. El acuerdo de creación deberá ser inscrito en el Registro Mercantil o bien ser notificado a todos los socios.
La supresión y traslado de la página web de la sociedad podrá ser acordada por el órgano de administración, salvo disposición estatutaria en contrario. Dicho acuerdo deberá inscribirse en el Registro Mercantil o ser notificado a todos los socios y, en todo caso, se hará constar en la propia página web suprimida o trasladada, durante los treinta días posteriores a la adopción de dicho acuerdo de traslado o supresión.
2. Será a cargo de los administradores la prueba de la certeza del hecho de la inserción de contenidos en la web y de la fecha en que se hicieron. Para acreditar el mantenimiento de dicho contenido durante el plazo de vigencia será suficiente la manifestación de los administradores que podrá ser desvirtuada por el perjudicado mediante cualquier prueba admisible en Derecho.

[2] Artículo 11 bis. Página web de la sociedad (actual redacción tras la última reforma)

1. Las sociedades de capital podrán tener una página web corporativa. Esta página será obligatoria para las sociedades cotizadas.
2. La creación de una página web corporativa deberá acordarse por la junta general de la sociedad. En la convocatoria de la junta, la creación de la página web deberá figurar expresamente en el orden del día de la reunión. Salvo disposición estatutaria en contrario, la modificación, el traslado o la supresión de la página web de la sociedad será competencia del órgano de administración.
3. El acuerdo de creación de la página web se hará constar en la hoja abierta a la sociedad en el Registro Mercantil competente y será publicado en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil».
El acuerdo de modificación, de traslado o de supresión de la página web se hará constar en la hoja abierta a la sociedad en el Registro Mercantil competente y será publicado en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil», así como en la propia página web que se ha acordado modificar, trasladar o suprimir durante los treinta días siguientes a contar desde la inserción del acuerdo.
La publicación de la página web de la sociedad en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» será gratuita.
Hasta que la publicación de la página web en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» tenga lugar, las inserciones que realice la sociedad en la página web no tendrán efectos jurídicos.
Los estatutos sociales podrán exigir que, antes de que se hagan constar en la hoja abierta a la sociedad en el Registro Mercantil, estos acuerdos se notifiquen 

La imposición pública en la formación superior


Vivimos en una sociedad que día tras día da muestras de imposición en todos los sectores de actividad humana, la Administración debe disminuir su peso en la sociedad, pues ha devenido un monstruo incontrolable. Sea cual sea la posición ideológica de cada uno, el día a día de los ciudadanos debe ser el reflejo de elecciones personales, sean erróneas o acertadas.

La necesidad de hacer masters obligatorios al grado es un hecho que puede ser perjudicial para las escuelas superiores que quieren ofertar masters y postgrados no oficiales. La Administración pública ha ofrecido licenciaturas a precios ínfimos, pero con la proliferación de masters ofrecidos por las mismas universidades públicas, las posibilidades de mayores ingresos públicos aumenta considerablemente. De todos modos, los precios que ofrecen son bastante bajos, por mucho que se hayan criticado. Esto puede parecer muy positivo, pero tiene sus puntos negativos.

Un efecto negativo de los masters oficiales a precios públicos es la pérdida de poder empresarial en la formación de estudiantes, el nuevo orden formativo provoca la pérdida de independencia funcional en estas instituciones privadas. Una vez más, la Administración pública interviene en la vida de los ciudadanos. A día de hoy, las instituciones privadas se ven incentivadas a buscar universidades que colaboren con sus programas, pero la colaboración entre sector público y privado no es, en si misma, un valor añadido. Lo será una buena gestión, que debería nacer del libre albedrío y sin presiones extra académicas.

En el caso de la abogacía, la Ley de Acceso es un claro ejemplo de cómo las universidades se hacen con el control de los estudios post universitarios. Si bien es cierto que las universidades son un pilar de toda economía avanzada, también lo es que a veces no saben preparar a los estudiantes para el mundo laboral. Por lo tanto, sería bueno dejar que el mercado, las empresas, fueran los sujetos responsables de la formación de sus futuros empleados. ¿Quién puede ofrecer una formación post universitaria mejor? Las universidades tienen muchas cualidades, pero las empresas son el sujeto productivo, son los necesitados directos de profesionales y son los que mejor conocen cómo debe trabajar un graduado. Las entidades públicas tienen un problema de base, buscan tener más usuarios y más tiempo. ¿Por qué? - eso se refleja en más dinero -  Un buen ejemplo de esto ocurrió cuando la UPF tuvo que escoger entre aumentar el número de titulaciones o especializarse aún más, básicamente, en derecho, economía y ADE.

Los objetivos que más beneficiarían el progreso no son tener más estudiantes durante más tiempo, son: más calidad y más prestigio, independientemente del número de personas que estudien y de los años que le dediquen.

No se trata de atacar a la Administración pública, se trata de dejar a la sociedad avanzar por sí misma, dejar que las empresas y los estudiantes decidan su formación. El papel del estado, cuando excede los servicios mínimos, es un perjuicio a la libertad, el valor más preciado que existe (más que la igualdad, sobretodo cuando la igualdad se pide en aspectos no básicos). Dejémonos de paternalismo y empecemos a vivir nuestras vidas.

El Real Decreto-ley 5/2012 de mediación en asuntos civiles y mercantiles


Después de una larga espera se aprobó la Ley de mediación. El legislador podía escoger en establecer la obligatoriedad de la mediación antes de ir a la vía jurisdiccional o regularla como opción por las partes. La solución ha sido la libre elección de las partes. En otros Estados, la necesidad de reducir asuntos a los tribunales, ha hecho que la mediación sea obligatoria. Esta ley se esperaba desde hace mucho, pues la norma comunitaria que incorpora es la Directiva 2008/51/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

El ámbito e aplicación de la ley deja fuera la mediación penal, administrativa, laboral y consumo (art. 2.2 de la Ley).

Uno de los puntos importantes es el papel de la confidencialidad en la mediación, toda la documentación que se utilice en estos procesos tendrá este carácter (art. 9). Otro, es el carácter vinculante de los acuerdos conseguidos en la mediación, pudiendo ser elevados a público para tener carácter ejecutivo (art. 23).

Puede que el artículo más relevante sea el 4, donde se establece que la mediación producirá el efecto de suspensión en la prescripción o caducidad de las acciones.


(En la entrada "Segunda lectura de la Ley de Mediación" se trata este tema de forma más extensa)

Asunto Centros Ltd. Contra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Sentencia del TJCE de 9 de marzo de 1999


El órgano jurisdiccional nacional pregunta, básicamente, si los art. 52 y 58 del Tratado CE (LCEur 1986/8) se oponen a que un Estado miembro deniegue la inscripción de una sucursal de una sociedad constituida de conformidad con la legislación de otro Estado miembro, en el que tiene su domicilio social sin ejercer en él ninguna actividad comercial, cuando la sucursal está destinada a permitir que la referida sociedad ejerza toda su actividad en el Estado en que estará establecida dicha sucursal, evitando crear en éste una sociedad y eludiendo así la aplicación de las normas sobre constitución de sociedades que son más rigurosas en él en materia de desembolso de un capital social mínimo[1].

Hechos en una frase: Creación de una sucursal para llevar a cabo las funciones de una sociedad con la matriz en otro Estado miembro, la cual no ejerce ninguna actividad en el otro Estado.

Las medidas nacionales que puedan obstaculizar o hacer menos atractivo el ejercicio de las libertades fundamentales garantizadas por el Tratado (principio de libre circulación y mercado único) deben reunir cuatro requisitos:

1- Que se apliquen de manera no discriminatoria.
2- Que estén justificadas por razones imperiosas de interés general.
3- Que sean adecuadas para garantizar la realización del objetivo que persiguen.
4- Que no vayan más allá de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

En primer lugar, la práctica controvertida no sirve para conseguir el objetivo de protección de los acreedores que supuestamente pretende, puesto que si la sociedad afectada hubiese ejercido una actividad en el Reino Unido, su sucursal habría sido inscrita en Dinamarca, aunque la posición de los acreedores daneses hubiera podido quedar también debilitada.

La sociedad de que se trata en el procedimiento principal se presenta como sociedad inglesa y no como sociedad danesa, por lo que los acreedores están informados de que está sometida a una legislación distinta de la que regula la constitución de sociedades de responsabilidad limitada en Dinamarca y pueden invocar determinadas normas de Derecho comunitario que los protegen.

Además, podrían adoptarse medidas menos rigurosas o menos limitativas de las libertades fundamentales, dando, por ejemplo, la posibilidad legal a los acreedores públicos de concertar las garantías necesarias.

La lucha contra el fraude no puede justificar una práctica consistente en denegar la inscripción de una sucursal de una sociedad que tenga su domicilio social en otro Estado miembro.

FALLO

Los art. 52 y 58 del Tratado CE (LCEur 1986/8) se oponen a que un Estado miembro deniegue la inscripción de una sucursal de una sociedad constituida de conformidad con la legislación de otro Estado miembro, en el que tiene su domicilio social sin ejercer en él ninguna actividad comercial, cuando la sucursal está destinada a permitir que la sociedad controvertida ejerza toda su actividad en el Estado en que dicha sucursal se encontrará establecida, evitando que se cree en éste una sociedad y eludiendo así la aplicación de las normas sobre constitución de sociedades, que son más rigurosas en él en materia de desembolso de un capital social mínimo. No obstante, esta interpretación no excluye que las autoridades del Estado miembro afectado puedan adoptar cualquier medida apropiada para prevenir o sancionar fraudes, ya sea con relación a la propia sociedad, en su caso en cooperación con el Estado miembro en el que se encuentre establecida, ya sea con respecto a los socios con relación a los cuales se haya demostrado que en realidad lo que pretenden, mediante la constitución, es eludir sus obligaciones para con los acreedores privados o públicos establecidos en el territorio del Estado miembro afectado.


[1] En UK para constituir una sociedad no se pide capital mínimo, la única excepción se encuentra con el régimen de las “public companies”, que son las sociedades cotizadas, es decir las “listed companies”, su cuantía mínima es de £50.000.

La incomparecencia del demandante en la vista o en el acto del juicio


En las vistas debe comparecer el demandante, ya que sino se le dará por desistido. En cambio, si el que no asiste es el demandado, el proceso continuará sin tenerlo por allanado, ya que esto sería contrario al derecho de defensa. Ahora la cuestión gira entorno a qué debe entenderse por incomparecencia del demandante. ¿Debe ir en persona o basta con el procurador?

Si asiste el procurador con poderes no se puede entender por desistido el procedimiento, el resultado es la aplicación del art. 304 LEC, nunca el art. 442 LEC sobre inasistencia de la parte.

La AP de Barcelona (Sec. 18), en su Auto núm. 221/2009 de 14 de octubre (JUR/2010/46592), declara: “comparecida por medio de procurador legalmente habilitado al acto de la vista evita que se tenga por desistido de la demanda al actor”. A esto podemos añadir lo dicho por la AP de Madrid (Sec. 22) en su Auto núm. 86/2009 de 10 de marzo (JUR/2009/236048), cuando declara: “De ambos artículos se desprende que el llamado a ser parte como demandante, puede estar representado por el procurador en unos casos de forma obligatoria y otros de forma voluntaria, y en ambos casos la comparecencia se practica por la intervención del procurador y los actos procesales, entre los cuales está lógicamente el de asistencia a los juicios o vistas, se realizan por el procurador sin necesidad de intervención del litigante”.

El efecto negativo de la incomparecencia será la posible admisión de hechos perjudiciales mediante el interrogatorio de la parte no asistente. Esta presunción tiene que ser matizada, pues muchas personas no interpreta bien el art. 304 LEC. Tal y como se declara en la Sentencia de la AP de Huesca, de 26 de diciembre de 2002 (JUR/2003/35084): “la admisión de los hechos por incomparecencia de la parte es potestativo y no obligatoria por el juzgador.”

A lo declarado por la AP de Huesca podemos añadir las siguientes palabras de la Sentencia de la AP de Cáceres de 28 de enero 2003 (JUR/2003/45379): “La facultad del art. 304 LEC debe utilizarse de forma restrictiva y limitada a supuestos muy concretos y determinados, donde la intervención personal de la parte en el hecho sea patente, única e indiscutible, y resulte racional el efecto que el precepto establece”.

En definitiva, no atender a las anteriores apreciaciones provocaría varias irregularidades al ordenamiento jurídico. Se vaciaría de contenido el art. 304 LEC, pero sobretodo se estaría lesionando el derecho fundamental del art. 24 CE, sobre tutela judicial efectiva, así como el art. 11 LOPJ. A esto también podemos añadir el principio de interpretación más favorable a la continuación del procedimiento.

A les reformes fiscals ara se’ls diu mesures anticrisi?


Sortir de la crisi és un objectiu que necessita moltes mesures diferents, però cada norma aprovada amb aquesta finalitat va dirigida a canviar els aspectes fiscals de la legislació. La normativa fiscal pot ser un condicionant important, però no pot ser la solució final. Potser seria bo deixar descansar un temps als fiscalistes i començar a centrar esforços en ajudar a emprenedors, en millorar la formació dels parats, a buscar inversors, a millorar la eficiència burocràtica, etc.

Una altra mesura és arreglar el sistema educatiu, abandonant la idea de que tothom ha de tenir una carrera, doncs això de popularitzar els estudis universitaris no serveix, la formació ha de ser diversificada. Algunes persones s’han dedicat durant anys a incentivar aquests estudis, segurament ens hauria anat millor amb més classes de formació. El problema del sistema educatiu és que el retorn a les inversions realitzades en aquest sector no s’observen fins passada la o les legislatures. Per tant, el govern de torn no treu profit electoral a la inversió. A més, a això hem d’afegir que la majoria de ciutadans no s’esforça prou per entendre que les molèsties presents seran beneficioses en el futur, tant per les noves generacions com per ells mateixos. En resum, els governants haurien de centrar-se en fer les coses bé, a la vegada que els ciutadans  haurien de ser més comprensius.

Hi ha una altra qüestió que ha estat nefasta en els últims anys, com que no vull atacar ni defensar cap ideologia política no comentaré noms de polítics o partits, però esta clar que una part de la població ha defensat el sector dels serveis i ha menyspreat la importància de l’economia productiva. Algunes persones volien expulsar les fàbriques perquè no els semblaven boniques, netes ni beneficioses pel turisme. Aquesta gent, la que va posar de la seva part per reduir un sector productiu mantenint esforços només en el turisme, ha estat una càrrega bastant perjudicial pel benestar de la ciutadania i el creixement del PIB. Es pot ser un destí turístic i tenir industria productiva. De fet, per ser competitiu és necessari produir i exportar, un país mitjà o gran no pot dependre del turisme.

¿A las reformas fiscales ahora se les llama medidas anticrisis?


Salir de la crisis es un objetivo que necesita de muchas medidas variadas, pero cada norma aprobada con esta finalidad va dirigida a cambiar aspectos fiscales. La normativa fiscal puede ser un condicionante, pero no puede ser la solución. Quizá sería bueno dejar descansar un tiempo a los fiscalistas y empezar a centrar esfuerzos en ayudar a emprendedores, en mejorar la formación de los parados, a buscar inversores, a mejorar la eficiencia burocrática, etc.

Otra medida básica es arreglar el sistema educativo, abandonando la idea de que todo el mundo debe tener una carrera, pues eso de popularizar estudios universitarios no sirve de nada, la formación debe ser diversificada. Algunas personas se han dedicado durante años a incentivar estos estudios, seguramente nos habría ido mejor con más tipos de formación. El problema del sistema educativo es que el retorno en las inversiones realizadas en este ámbito no se observan hasta pasada la o las legislaturas. Por lo tanto, el gobierno de turno no saca provecho electoral a la inversión. Además, a esto debe añadirse que la mayoría de ciudadanos no se esfuerza lo suficiente en analizar y entender que “molestias” presentes serán beneficiosas en el futuro, tanto para las nuevas generaciones como para ellos mismos. En resumen, los gobernantes deberían centrarse en hacer las cosas bien, a la vez que la ciudadanía debería ser más comprensiva.

Hay otra cuestión que ha sido nefasta en los últimos años, como no quiero atacar ni defender ninguna ideología política no pondré nombres de políticos o partidos, pero está claro que una parte de la población ha defendido el sector de los servicios y ha menospreciado la importancia de la economía productiva. Algunas personas querían echar las fabricas porque no les parecían bonitas, limpias ni favorecedoras para el turismo. Esta gente, la que puso de su parte para reducir un sector productivo y centrarse en el turismo, ha sido una carga bastante perjudicial para el bienestar de la ciudadanía y el crecimiento del PIB. Se puede ser un destino turístico y tener industria productiva. De hecho, para ser competitivo se tiene que producir y exportar, un país mediano o grande no puede depender del turismo.

Asunto Eurofood IFSC Ltd. Sentencia del TJCE de 2 de mayo de 2006


Eurofood es una filial irlandesa de una empresa italiana, a esta filial le es abierto un procedimiento concursal en Italia y otro en Irlanda. Este hecho desemboca en un conflicto para determinar el Estado competente para resolver. Ante esta situación los tribunales irlandeses plantean al TJCE varias cuestiones prejudiciales para que dicho tribunal interprete el Reglamento (CE) núm. 1346/2000 sobre procedimientos de insolvencia.

Como podemos ver en los hechos, se trata de un caso sobre derecho concursal internacional, estos son los puntos clave de la sentencia:
  • Cuál es el criterio decisivo para identificar el centro de intereses principales de una filial cuando su domicilio social se encuentra en un Estado miembro diferente de aquél en el que tiene su domicilio social la sociedad matriz.
Existe una presunción iuris tantum en favor del domicilio social de la deudora, ésta sólo puede desvirtuarse si existen elementos objetivos que puedan ser comprobados por terceros y que permitan establecer que la situación real no coincide con la situación que aparentemente refleja la ubicación del citado domicilio social. Éste podría ser el caso de una sociedad “fantasma” que no ejerza ninguna actividad en el territorio del Estado miembro en el que tiene su domicilio social. En cambio, cuando una sociedad ejerce su actividad en el territorio del Estado miembro en el que tiene su domicilio social, el mero hecho de que sus decisiones económicas sean o puedan ser controladas por una sociedad matriz cuyo domicilio social se encuentre en otro Estado miembro, no basta para desvirtuar la presunción prevista en el Reglamento 1346/2000.
  • El órgano jurisdiccional remitente desea saber fundamentalmente si la competencia que se arroga un órgano jurisdiccional de un Estado miembro para abrir un procedimiento principal de insolvencia puede ser controlada por un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro en el que se haya solicitado el reconocimiento de este tipo de procedimiento principal.
Según el principio de confianza mutua, el procedimiento de insolvencia abierto en un Estado miembro será reconocido en todos los Estados miembros desde que produzca efectos en el Estado de apertura.

El principio de confianza mutua exige que los órganos jurisdiccionales de los demás Estados miembros reconozcan la resolución de apertura del procedimiento principal de insolvencia, sin que puedan controlar la apreciación que sobre su competencia ha efectuado el primer órgano jurisdiccional. Si una parte interesada considera que el centro de los intereses principales del deudor se encuentra en un Estado miembro distinto y pretende impugnar la competencia que se ha arrogado el órgano jurisdiccional que ha abierto dicho procedimiento, le corresponde utilizar contra la resolución de apertura los recursos previstos por el derecho nacional del Estado miembro en el que se ha abierto el procedimiento ante los órganos jurisdiccionales del citado Estado. Por lo tanto, el procedimiento principal principal de insolvencia abierto por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro debe ser reconocido por los órganos jurisdiccionales de los demás Estados miembro, sin que éstos puedan controlar la competencia del órgano jurisdiccional del de apertura.

FALLO

Cuando el deudor sea una filial cuyo domicilio social se encuentre en un Estado miembro diferente del domicilio social de la matriz, sólo puede desvirtuarse la presunción enunciada en el art. 3.1[1]  del Reglamento (CE) núm. 1346/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000 (LCEur 2000,1557), sobre procedimientos de insolvencia, según el cual el centro de los intereses principales de dicha filial se encuentra en el Estado miembro en el que tiene su domicilio social, si existen elementos objetivos que puedan ser comprobados por terceros y que permitan establecer que la situación real no coincide con la situación que aparentemente refleja la ubicación del citado domicilio social. Éste podría ser el caso, entre otros, de una sociedad que no ejerza ninguna actividad en el territorio del Estado del domicilio social. En cambio, cuando una sociedad ejerce su actividad en el territorio de su domicilio social, el mero hecho de que sus decisiones económicas sean o puedan ser controladas por una sociedad matriz cuyo domicilio se encuentre en otro Estado no basta para desvirtuar la presunción prevista en el Reglamento 1346/2000.

Finalmente, el art. 16.1[2] del mismo Reglamento 1346/2000, debe interpretarse en el sentido de que el procedimiento principal de insolvencia abierto por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro debe ser reconocido por los órganos jurisdiccionales de los demás Estados miembro, sin que éstos puedan controlar la competencia del órgano de apertura.



[1] Tendrán competencia para abrir el procedimiento de insolvencia los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio se sitúe el centro de los intereses principales del deudor. Respecto de las sociedades y personas jurídicas, se presumirá que el centro de los intereses principales es, salvo prueba en contrario, el lugar de su domicilio social.
[2] Toda resolución de apertura de un procedimiento de insolvencia, adoptada por el tribunal competente de un Estado miembro en virtud del artículo 3, será reconocida en todos los demás Estados miembros desde el momento en que la resolución produzca efectos en el Estado de apertura.
Esta norma se aplicará también cuando el deudor, por sus circunstancias personales, no pueda ser sometido a un procedimiento de insolvencia en los demás Estados miembros.

Las motivaciones económicas que explican el aumento del catalanismo, nacionalismo e independentismo catalán (sin cuestiones culturales)


En Cataluña hay una serie de deficiencias político-económicas que explican el crecimiento catalanista, federalista, independentista u otras ideologías por el estilo. La cuestión se centra en el malestar con el trato recibido desde la capital. En realidad, parte de los problemas no son decisiones estatales, algunas de ellas vienen directamente impuestas desde la propia Generalitat. Ahora se trata de ver las motivaciones económicas, no las culturales, que también tienen un papel importante.

La situación geográfica de Cataluña, hace de ésta un potencial centro de comunicaciones terrestres, aéreas y marítimas. En cuanto a este punto, hay dos problemas de base, el primero es la ausencia de una red ferroviaria que conecte el eje mediterráneo con Europa. Si bien es cierto que el puerto de Barcelona ha recibido un trato bastante justo, también lo es la inutilidad de estas inversiones si no existe una red ferroviaria digna que enlace el puerto con las principales ciudades europeas, como tampoco lo es si el aeropuerto es limitado en beneficio de una centralización. En este punto, debe ponerse de manifiesto que la limitación de vuelos en ciertas circunstancias puede ser positivo, esto es cuando el número de usuarios no alcanza grandes cifras y deben reunirse consumidores para mantener vuelos. En estos casos la opción es centralizar para poder mantener las condiciones idóneas para tener un HUB, pero en Barcelona este argumento no vale, las condiciones son suficientes para establecer conexiones directas. Es bastante triste que para asegurar algunas conexiones en Madrid se tenga miedo de privatizar el aeropuerto del Prat, sobretodo cuando 1) el resto de españoles también pueden ir a Barcelona para salir de España y 2) la falta de competitividad catalana también se materializa en España.

Otro de los problemas que molestan a los ciudadanos catalanes, independientemente de su origen, es la balanza fiscal. Unos dirán que el déficit es más y otros menos, pero lo que está claro es que este déficit existe y es muy superior al 4%. Una pérdida de por ejemplo el 7% del PIB anual, para no poner cantidades exactas, es un porcentaje exagerado para cualquier economía, sobretodo cuando estamos ante un mercado desarrollado (quizá una economía emergente puede aguantarlo mejor). La mayoría de economistas sitúan el umbral máximo de déficit a soportar en un 4%, más de esta cuantía ya no debería llamarse solidaridad, pues hay palabras que lo describen mejor. De hecho, a la larga perjudica tanto a quien transfiere como al receptor, ya que una zona pierde competitividad por falta de capital a reinvertir y la otra por falta de incentivos y dinamismo.

Otro tema que ha salido a la luz en los últimos tiempos ha sido la diferencia de presión fiscal entre comunidades, la diferencia entre las CCAA que más pagan y las que menos es de hasta un 17%, siendo Cataluña en el porcentaje más alto. Una de las pocas medidas que bajó la presión de un ciudadano catalán fue la reforma del impuesto de sucesiones.

Existe otro tipo de medidas de difícil análisis que también han afectado, como es el tema de la compra  de empresas españolas por parte de catalanas, a las que en varias ocasiones se les han puesto trabas. Ejemplo de ello fue el intento de OPA por parte de Gas Natural a Fecsa-Endesa, en la que tanto políticos como directivos de la target hicieron todo lo posible para evitar que pasara a ser controlada por una compañía catalana, hasta que pudieron venderla a Enel (de capital italiano).

Aunque parezca mentira, la lista de conflictos económicos catalanes no termina aquí. Los motivos causantes de molestias son muchos y variados. Ya hemos visto que el aumento del IRPF ha sido importante, a esto debemos añadir el aumento en el impuesto en las tasas universitarias, las reducciones de salario a los trabajadores públicos (no sólo funcionarios), el céntimo sanitario, los peajes omnipresentes, las facturas sanitarias por visita, etc.

En definitiva, el mercado catalán está inmerso en un conjunto de circunstancias económicamente desfavorables, provocando una merma muy grave al crecimiento económico del territorio. La salida a la crisis tendrá que ser más rápida de lo que a día de hoy se puede esperar, o de otro modo podría echarse a perder lo que en su día fue uno de los motores económicos de Europa… cada vez queda más lejos lo que se llamó "los cuatro motores de Europa", Baden-Württemberg, Lombardia, Rhône-Alpes y Catalunya.

El camino hacia la especialización


Uno de los problemas de especializarse desde el primer momento es que el ejercicio de la abogacía debe realizarse con una visión amplía, si bien, también de forma intensa en las áreas de más interés para cada uno.

Es cierto que la prestación de servicios jurídicos cada vez requiere mayor especialización. De hecho, se trata de un requerimiento del mercado tanto en servicios jurídicos como en el resto de prestaciones profesionales liberales, como la medicina, la economía, etc. Cuando un estudiante termina la carrera ya tiene grandes despachos con intención de colocarlo en un sector acotado, a la vez que muchos masters lo encaminan a la ultraespecialización.

El problema es que uno debe conocer el entorno y saber adaptarse a los cambios, quien quiere ser mercantilista y no entiende las implicaciones fiscales de las operaciones societarias no puede ejercer en garantías. Quien se dedica al derecho concursal y no entiende como funciona el derecho laboral, o incluso la contabilidad, nunca destacará en esa materia como podría. Y así hasta muchos más casos. La cuestión es aprender a razonar jurídicamente, no a memorizar uno de los códigos.

El ejercicio profesional debe alejarse de las prisas, para entender de una materia antes hay que poner los cimientos. Las peticiones interesadas de terceros no deben condicionar el avance progresivo de los ejercientes. Cada uno debe mirar por su formación y medir bien los pasos que da.

Los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal


El recurso de casación es un recurso extraordinario, en contraposición al de apelación. Se trata de un recurso que debe ser analizado teniendo en cuenta el recurso extraordinario por infracción procesal, ya que uno se centra en el objeto del juicio y el otro en el proceso.

El recurso de casación es resuelto por el Tribunal Supremo, pero también por algunos Tribunales Superiores de Justicia (TSJ). Estos son los que en su Estatuto de Autonomía han decidido introducir esta figura, se trata de Comunidades Autónomas con un importante peso de legislación propia: Cataluña, Valencia, Aragón, Navarra, País Vasco y Galicia.

El Estatuto de Autonomía de Cataluña regula su TSJ en el art. 95. El apartado segundo de este artículo fue interpretado por el Tribunal Constitucional en su famosa sentencia 31/2010, de 28 de junio de 2010, y en el apartado tercero se declaró inconstitucional una parte. La misión principal de este órgano es la unificación del derecho civil catalán.

Por lo tanto, el recurso de casación puede ser conocido por el TS o un TSJ. De todos modos, sea el órgano que sea, al tratarse de un recurso en interés de la ley, su revisión se centra en razonamientos jurídicos, no pudiendo revisar los hechos. Esto no quiere decir que un recurso de apelación haga una revisión completa de los hechos, pero este tema no viene al caso ahora.

En cuanto al recurso extraordinario por infracción procesal, debemos mirar los art. 468 y ss de la Ley de Enjuiciamento Civil (LEC). En el caso del recurso de casación la competencia general es del TS y sólo cuando las Comunidades Autónomos lo decidan, podrá ser competente su TSJ (en ciertos casos). En cambio, con el de infracción procesal el mismo art. 468 LEC ya declara competentes a los TSJ para resolver. Estos son los motivos para interponer el recurso por infracción procesal:

- Infracción de las normas sobre jurisdicción y competencia objetiva o funcional (no territorial).
- Infracción de normas procesales reguladoras de la sentencia.
- Infracción de normas sobre garantías del proceso que determinen nulidad o produzcan indefensión.
- Vulneración, en proceso civil, de derechos del art. 24 CE.

La regulación del recurso de casación se encuentra en los art. 477 y ss de la LEC. Además, debemos tener en cuenta que la Ley 13/2011 aumentó la cuantía mínima para acceder a casación hasta 600.000€. Aún así, se permite acceder con cuantía inferior o cuando el proceso se haya tramitado por materia, cuando exista interés casacional. Se accederá por interés casacional cuando se recurra una sentencia contraria a la jurisprudencia del TS, existan contradicciones entre Audiencias Provinciales o por falta de doctrina jurisprudencial. Para interponer el recurso de casación se necesitará:

- Infracción de normas para resolver las cuestiones del objeto del litigio.
Además, se requieren otras condiciones, como alegar los concretos preceptos infringidos u otros ya mencionados como el interés casacional.

Hemos acordado ejercer una acción social de responsabilidad, pero... ¿Quién la ejecutará?


Cuando los socios responden a favor de emprender acciones contra sus administradores, se abre una segunda pregunta para escoger a la persona responsable de la ejecución del acuerdo. Las posibilidades de elección varian dependiendo del número de administradores afectados.

1- Cuando la acción se dirige contra todos los administradores la sociedad se queda sin representante legal, por lo que deberán nombrar a nuevos miembros. Entonces, estos serán las personas indicadas para ejecutar el acuerdo, auqnue no tienen que serlo todos a la vez.

2- Cuando las acciones se dirigen a uno o varios de los administradores, pero no a todos, aún quedarán miembros que puedan ejecutar el acuerdo, pues estos restantes siguen teniendo la confianza de la junta. Así pues, seguramente serán los más apropiados.

3- Existe otra posibilidad, la junta puede designar una persona especialmente habilitada para ejecutar el acuerdo. Es decir, un tercero distinto a los administradores.

Primera aproximació a les Entitats de Capital Risc


Les Entitats de capital-risc estan regulades per la Llei 25/2005, reguladora de les entitats de capital-risc i les seves societats gestores.

La Llei 25/2005 defineix en el seu art. 2.1 el concepte “entitat de capital-risc” com les entitats financeres amb l’objecte principal consistent en la presa de participacions temporals al capital d’empreses no financeres ni immobiliaries, que en el moment de la presa (generalment) no cotitzen al primer mercat de borses de valors. S’inclouen les borses equivalents de la UE i OCDE.

Aquestes entitats es dediquen a captar fons (activitat a la que es sol anomenar “fundraising”) i invertir-les en operacions arriscades amb alts percentatges de retorn. Aquest tipus d’inversions incentiva l’economia, de fet, amb l’explosió de la crisi financera s’esperava que poguessin ocupar el lloc abandonat pels bancs i caixes. Com es pot veure, aquestes inversions no han mobilitzat prou diners per cobrir la falta de liquiditat dels bancs.

Les entitats de capital-risc dirigeixen les seves inversions, bàsicament a: 1) start-ups 2) projectes consolidats i 3) altres entitats del mateix tipus societari. Les empreses target han de complir amb l’expectativa de creixement en els seus beneficis.

Una de les condicions bàsiques en aquestes operacions es la llibertat total de desinvertir, fet que provoca força crítiques per suposar un “abandonament” de la empresa. Hem de tenir en compte, com hem vist, que la seva participació és temporal per naturalesa.

Un altre aspecte a tenir en compte, és que aquestes entitats (ar.t 3 Llei 25/2005) poden realitzar altres activitats destinades a la presa de participacions a empreses, com són els préstecs participatius i altres formes de finançament, així com prestar serveis d’assessorament.

Per complementar aquesta entrada val la pena veure aquest enllaç sobre Hedge Funds, y per veure el contingut de la Llei 25/2005 aquest altre.

Primera aproximación a las Entidades de Capital Riesgo


Las Entidades de capital riesgo están reguladas por la Ley 25/2005, reguladora de las entidades de capital-riesgo y sus sociedades gestoras.

La Ley 25/2005 define en su art. 2.1 el concepto “entidad de capital-riesgo” como las entidades financieras cuyo objeto principal consiste en la toma de participaciones temporales en el capital de empresas no financieras ni inmobiliarias, que en el momento de la toma (generalmente) no coticen en el primer mercado de bolsas de valores. Se incluyen las bolsas equivalentes de la UE y OCDE.

Estas entidades se dedican a recaudar fondos (actividad a la que se llama “fundraising”) e invertirlas en operaciones arriesgadas con altos porcentajes de retorno. Este tipo de inversiones incentiva la economía, de hecho, con la explosión de la crisis financiera se esperaba que pudieran ocupar el lugar abandonado por parte de bancos y cajas. Como se puede ver, estas inversiones no han movilizado suficiente dinero para cubrir la falta de liquidez de los bancos.

Las entidades de capital riesgo dirigen sus inversiones, básicamente a: 1) start-ups 2) proyectos consolidados y 3) otras entidades del mismo tipo. Las empresas target deben cumplir con la expectativa de crecimiento en sus beneficios.

Una de las condiciones básicas en estas operaciones es la libertad total de desinvertir, hecho que provoca bastantes criticas por suponer un “abandono” de la empresa. Debemos tener en cuenta, como vimos, que su participación es temporal por naturaleza.

Otro aspecto a tener en cuenta, es que estas entidades (art. 3 Ley 25/2005) pueden realizar otras actividades distintas a la toma de participaciones en empresas, como los préstamos participativos y otras formas de financiación, así como prestar servicios de asesoramiento.

En esta entrada comenté un poco los Hedge Fund, tema relacionado con las Entidades de Capital Riesgo.
En esta entrada se puede ver el contenido de la Ley 25/2005.

El “Steering Committee” y el “Standstill period”, dos figuras importantes en un acuerdo de refinanciación


Cuando una empresa se encuentra en crisis, por falta de liquidez a corto  o medio plazo, la salida posible es un buen acuerdo de reestructuración de la deuda social. Para que este proceso salga bien, la reestructuración debe dirigirse conforme a un plan de negocio previamente establecido. De no hacerse así pasa lo que estamos viendo en las estadísticas, esto es que muchos concursos vienen de un acuerdo de refinanciación anterior.

A medida que la compañía con tensiones financieras es mayor, la figura del steering committee (junta directiva) se va haciendo más imprescindible. Con esta figura se introduce un intermediario entre la empresa a refinanciar y los acreedores sociales, debido a que la gestión de esta operación sería muy inoperativa si todos los acreedores tuvieran que gestionar conjuntamente el acuerdo. Por lo tanto, con el steering committee se crea un órgano de representación de los acreedores, el cual integrará un número reducido de entidades. Además, las entidades que formen este órgano, deberán representar los distintos intereses existentes entre los acreedores. Otro aspecto a tener en cuenta es que normalmente habrá uno o varios acreedores principales, los cuales tendrán un papel importante en esta junta.

El standstill period (período de espera) es un acuerdo muy sencillo entre deudor y acreedores, pero también muy importante. Simplemente se trata de pactar que durante la negociación del acuerdo de refinanciación, los acreedores se obligan a no emprender acciones legales o requerir de pagos al deudor. Por lo tanto, se trata de una espera en los pagos en respuesta a la buena fe negocial, con la finalidad de no provocar el concurso de la empresa a refinanciar durante este período. Sin el standstill period muchos acuerdos de refinanciación no serían formalizados.

Estas figuras tienen mucha importancia en procesos de reestructuración de deuda entre empresas medianas y grandes con varias entidades bancarias acreedoras, sobretodo cuando la refinanciación vaya a realizarse con créditos sindicados.

Contra la campaña para eliminar la exención en el IBI de la Iglesia


El Impuesto sobre Bienes Inmuebles graba todos estos bienes, “independientemente de la situación económica del sujeto pasivo”, pero existen unas exenciones. Se trata de supuestos en que el legislador considera que los bienes se utilizan por el público general y, al no  haber un interés lucrativo detrás, no exencionar estos supuestos supondría pérdidas a los obligados tributarios que terminarían con la prestación del servicio en juego.

La regulación básica de este impuesto se encuentra en el RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, concretamente entre los art. 60 a 77.

Hace unos días, por los medios y redes sociales se comentaba que la exención de la Iglesia en este impuesto debería eliminarse. Puede que sea una buena medida, pero si se defiende esto debe hacerse teniendo en cuenta el resto de supuestos exentos en la Ley, ya que sino podemos caer en demagogia y simples ataques a una institución que, al fin y al cabo, lo que hace es prestar un servicio muy importante para el bienestar de la sociedad. Es una de las instituciones que más ayuda a los sectores desafavorecidos, servicio que es, por lo tanto, de interés público.

Si miramos el art. 62 del RDL 2/2004 es el que establece las exenciones al IBI:

  1. Los de propiedad del Estado, CCAA y entes locales afectos a seguridad ciudadana, servicios educativos y penitenciarios, así como los de defensa nacional.
  2. Los bienes comunales y montes vecinales en mano común.
  3. Los de la Iglesia Católica y demás asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas.
  4. Los de la Cruz Roja Española.
  5. Los destinados a representación diplomática, consular u organismos oficiales con convenio que así lo establezca o reciprocidad.
  6. Montes con aprovechamiento principal de madera o corcho.
  7. Terrenos ocupados por líneas ferroviarias y edificios dedicados a estaciones, almacenes, etc.

Finalmente, hay unos apartados que permiten otras exenciones en casos concretos.

En definitiva, después de ver los inmuebles exentos, decir que la Iglesia debe pagar puede ser una afirmación simplista, modificar la ley no debe hacerse a golpe de titulares, sino bajo razonamientos meditados, que no mediáticos.

La responsabilidad de los administradores II (responsabilidad por deudas sociales)


En esta entrada comenté un poco el régimen de responsabilidad de los administradores. Ahora aprovecharé para comentar muy brevemente, por falta de tiempo, el caso de la responsabilidad cuasi-objetiva en supuestos de deudas sociales.

Cuando la sociedad incurre en más deudas de las permitidas por la ley el régimen se regula por dos vías, una no sancionadora en el art. 367 LSC y la otra con naturaleza sancionadora en el art. 165 LC.

Cuando el patrimonio se encuentra por debajo de la mitad de la cifra del capital social, los administradores tienen el deber legal de convocar una junta general en plazo de 2 meses. Éste es el caso del art. 367 LSC, mediante el cual la no convocatoria de junta supone la responsabilidad solidaria, de los miembros del órgano de administración, de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución.

El otro caso es ese que se produce cuando el supuesto de hecho no es tener la cifra de patrimonio por debajo de la mitad del capital, sino estar ya en situación de insolvencia (independientemente de la cifra del patrimonio neto). Se trata de una circunstancia más grave y por eso las consecuencias para los administradores son más perjudiciales. Tal y como se establece en el art. 165 LC, si los administradores incumplen el deber de solicitar el concurso, se presumirá dolo o culpa grave, y eso podrá suponer el concurso culpable. Esto es la peor circunstancia en la que se puede encontrar un administrador, causas penales, responsabilidad personal e inhabilitaciones.

Aunque en principio hemos dividido los casos en dos, existe un tercero, es el de estar en ambas situaciones a la vez, entonces los administradores responderán tanto del 367 LSC como del 165 LC.

El Scheme of Arrangement (acuerdo de refinanciación) en UK


En el artículo “La refinanciación de empresas en crisis en el derecho concursal” comenté la regulación española sobre este tema. A continuación hago algunos apuntes sobre los acuerdos de refinanciación en el ordenamiento jurídico inglés, a los cuales llaman scheme of arrangement.

La regulación sobre los acuerdos de refinanciación en UK se encuentra en la Companies Act 2006 y la Insolvency Act 1986 (principalmente en la primera). La legislación inglesa la podemos consultar en la siguiente página web: http://www.legislation.gov.uk/

Como es de imaginar, los ingleses nos llevan años de ventaja en esta materia, así como en la mayoría de aspectos mercantiles. De todos modos, la regulación de estos contratos no es que varíe mucho ahora. Esto es debido a las modificaciones introducidas por la Ley 38/2011 reformando la Ley 22/2003 Concursal, el cual supone un régimen parecido al inglés e italiano, de los cuales se inspira, juntamente al régimen francés.

Debido a estos años de ventaja, el uso de los acuerdos de refinanciación en UK tiene mucho más juego de lo que se puede ver en España. Es cierto que su uso principal es la reestructuración de deuda para rehabilitar una empresa, pero también permite otras finalidades. Uno de los usos por los que se ha utilizado esta figura ha sido el de llevar a cabo una absorción o toma de control de otra sociedad (lo que llaman takeover). Una takeover se podrá llevar a cabo mediante un scheme of arrangement cuando la bidder (empresa oferente) quiera adquirir el 100% de la empresa target (la empresa adquirida).

Cuando se quiere adquirir una empresa mediante un scheme of arrangement, la operación debe realizarse con el visto bueno de la empresa target. Por lo tanto, a diferencia de lo que pasa con las compras de empresa, aquí no existen los acuerdos de refinanciación hostiles, en contraposición a las adquisiciones hostiles de empresa. Para llevar a cabo la operación será necesario que los socios de la target acepten la cancelación de sus acciones en la empresa afectada a cambio de dinero o acciones en la empresa adquirente. Con el acuerdo de refinanciación se constituye una reserva en la empresa target, cuantía que servirá para pagar las nuevas acciones emitidas para el adquirente. Vale la pena comentar que esta operación tiene un trato fiscal favorable, y un buen trato fiscal siempre es uno de los elementos clave de toda operación societaria, sobretodo en modificaciones estructurales.

Como hemos visto, los scheme of arrangement hostiles no existen, ya que la operación debe ser aprobada previamente por la junta de accionistas de la empresa target.

Si bien es cierto que en España los acuerdos de refinanciación son una institución concursal, en el régimen inglés su existencia no tiene esta naturaleza pre-concursal tan marcada. Se trata de una figura regulada básicamente por la Companies Act 2006 y puede utilizarse en empresas solventes o insolventes.

Tal y como pasa en el ordenamiento jurídico español, en el inglés los acuerdos de refinanciación pueden ir homologados o no por el juez, y en ambos casos es mejor que lo sea, así obligan a todos los acreedores. En el caso inglés, los acuerdos de refinanciación que no son sancionados por el juez se llaman company voluntary agreement y su abreviatura es CVA, con estos no se puede obligar a todos los acreedores (sólo a los aceptantes). Una diferencia importante es que el juez inglés tiene discrecionalidad a la hora de aceptar el acuerdo, mientras que en España, su capacidad para homologar o no depende de unos pocos factores (para más información están en el artículo mencionado).

Sistema para repartir los bienes de una sucesión de la forma más eficiente para las partes


Lo primero es explicar a las partes que deben valorar los bienes integrantes del caudal relicto de la forma más objetiva posible, ya que esto irá en beneficio suyo. La valoración de los bienes se hace mediante el reparto de los puntos que tiene cada parte en los bienes existentes,  todas las partes deben tener el mismo número de puntos y repartirlos según el valor del bien y la utilidad que puedan sacarles. Por ejemplo, una parte que trabaje en el negocio a transmitir seguramente lo valorará más, mientras que un interesado en el arte valorará más los cuadros del causante.

Bienes que integran la herencia: Piso A, Piso B, Casa C, Parking D, Negocio E, Acciones BBVA F, Acciones Repsol G, Coche H, Obras de arte I, Joyas J, Barco K y Amarre L

Los herederos son el Hermano y la Hermana, con 100 puntos a repartir cada uno. El reparto de puntos se hará teniendo en cuenta el valor económico e interés que tengan las partes para cada bien. Quien valore más un bien se le atribuye provisionalmente.

Reparto del Hermano: A=11, B=11, C=17, D=2, E=30, F=9, G=3, H=1, I=6, J=1, K=4, L=5
Reparto de la Hermana: A=13, B=11, C=16, D=4, E=25, F=3, G=3, H=2, I=6, J=4, K=6, L=7

Hermano recibe (provisional): casa C + negocio E + acciones bbva F = 56
Hermana recibe (provisional): piso A + parking D + coche H + joyas J + barco K + amarre L = 36

Como la Hermana ha recibido 20 puntos menos que el Hermano le adjudicamos los bienes sin repartir, que son los valorados con el mismo valor por ambas partes. Hermana: 36(lo recibido provisionalmente) + 11(B) + 2(G) + 6(I) = 55

Para terminar, tenemos que igualar los puntos del Hermano con los de la Hermana. Para ello buscamos el bien que pueda dividirse mejor sin menoscabo de su valor y uso, entre los bienes divisibles primero utilizaremos los que cumplan el siguiente criterio. En caso de no haber ninguno que cumpla los requisitos de divisibilidad utilizaremos el bien con menor diferencia de valoración entre las partes (en el caso sería la casa C). Como en el caso las acciones del BBVA no pierden valor por mucho que se dividan, serán el bien utilizado para terminar de compensar a las partes, ya que el Hermano tiene 56 puntos y la hermana 55.

(podríamos objetivizar el reparto utilizando directamente el valor con la ratio más baja, pero eso podría provocar conflictos al tener que compartir bienes indivisibles)

Hermano= 56-9x
Hermana= 55+3x

56-9x=55+3x
1=12x
x=1/12

Por lo tanto, al Hermano le quitaremos 1/12 de las acciones del BBVA para dárselas a la Hermana. De esta manera ambos herederos tendrán 55,25 puntos. Si en vez de utilizar este sistema hubiésemos partido los bienes por valor de mercado la utilidad global habría sido menor.

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