Un caso curioso de uso fraudulento de tarjeta


Audiencia Provincial de Girona (Sección 1ª), Sentencia nº 97/2006 de 17 de marzo.

Hechos y primera instancia:

Un conductor de camiones pierde la posesión de una tarjeta de crédito de empresa para el repostaje de gasolina, la cual guardaba en el camión. Pasados unos 4 días se percata de su ausencia y lo comunica a la entidad de crédito, a cuya fecha ya se habían cargado gastos por valor de 1.166,38€.

La empresa titular de la tarjeta denunció a la gasolinera que aceptó la tarjeta. En primera Instancia el juez declaró la negligencia de los empleados del comercio por no identificar correctamente a los clientes.

Segunda instancia:

La AP de Girona admite el recurso de apelación de la empresa suministradora de carburantes y estima el recurso. Si bien podía esperarse una concurrencia de culpas por falta de custodia de la tarjeta por parte del camionero y falta de identificación por parte de la gasolinera, la Audiencia opta por hacer responder únicamente a la parte apelada (el titular de la tarjeta).

En el reparto de responsabilidades derivadas de la sustracción o pérdida de tarjeta el estudio caso por caso es fundamental.  A continuación vemos los elementos clave del caso.

En este tipo de tarjetas (de suministro de carburante) normalmente sólo consta la matrícula y el nombre de la empresa titular, por lo que el deber de custodiar la tarjeta por parte de su titular/es es mayor que el del resto de tarjetas ordinarias con nombre, apellidos, firma, etc.

La poca información que hay en estas tarjetas hace que los empleados del comercio tengan que mirar solamente que la matricula del vehículo y de ésta coincida. Además, la Audiencia entiende que la celeridad necesaria del tráfico mercantil en negocios como gasolineras impide que puedan pedirse otros documentos que acrediten la titularidad. Otro aspecto a tener en cuenta es la facilidad que existe para poner una matrícula falsa en el vehículo y hacer coincidir, de esta manera, los números de la tarjeta y vehículo. Esta facilidad va en contra del titular, pues hace razonable que el empleado sea engañado.

El principal hecho probatorio que determinó el fallo fue la falta de prueba respecto a la no comprobación de la matrícula. El titular de la tarjeta tenía la carga de la prueba de demostrar que los empleados no hacen la comprobación con la diligencia debida. Para acreditar este hecho se tendía que haber aportado un documento procedente de notario o investigador privado.

El segundo hecho probatorio clave que marcó el fallo fue el plazo de 4 días que pasaron desde la sustracción a la comunicación. La Audiencia entendió que no examinar el lugar donde guardaba la tarjeta en este plazo demuestra una falta de diligencia.

Libre estacionamiento de empresas, el caso de las “acciones doradas”


El TJCE en el caso Comisión de las Comunidades Europeas contra España, Sentencia de 13 de mayo de 2003 (asunto C-463/00), tuvo que tratar un conflicto sobre el libre estacionamiento en la UE.

Se examina si constituye una restricción a los movimientos de capitales entre los Estados miembro el régimen resultante de la Ley 5/1995 y de los Real Decreto 3/1996, 8/1997, 40/1998, 552/1998 y 929/1998, por el que se someten a la autorización previa de la Administración pública nacional los acuerdos de entidades mercantiles relativos a varios aspectos legales:
  1. Disolución, escisión y fusión de la entidad.
  2. Enajenación y gravamen de los activos o participaciones sociales necesarias para el cumplimiento del objeto social.
  3. Sustitución del objeto social.
  4. Actos de modificación de la participación estatal en determinadas cuantías.
Las empresas afectadas eran Repsol SA, Telefónica de España SA, Telefónica Servicios Móviles SA, Corporación Bancaria de España SA (Argentaria), Tabacalera SA y Endesa SA.

El Tribunal de Justicia declaró que un régimen de autorización administrativa previa, como el controvertido en el presente caso, debe ser proporcionado respecto al fin perseguido , de forma que no pueda alcanzarse el mismo objetivo con medidas menos restrictivas, en particular, mediante un sistema de declaraciones “a posteriori”. Este régimen debe basarse en criterios objetivos, no discriminatorios y conocidos de antemano por las empresas interesadas y cualquier persona afectada por una medida restrictiva de este tipo, además se debe poder disponer de un medio de impugnación jurisdiccional.

El Fallo fue condenatorio contra el Reino de España, declarando el incumplimiento del art. 56 del Tratado CE, pues el régimen impugnado no respetaba los requisitos mencionados.

Aclaraciones en caso de sociedad profesional con forma de S.L.


En la entrada “Un breve repaso a las sociedades profesionales” se analiza el régimen de la Ley 2/2007 de sociedades profesionales. A la entrada anterior se pueden añadir algunos comentarios en caso de sociedad limitada profesional (SLP), que es la más comuna.


En una SLP la constitución se hará mediante escritura pública, inscripción en el RM e inscripción en el Registro de Sociedades Profesionales de Colegio pertinente. Esta figura es un profesional colegiado, pero tiene la particularidad de ser persona jurídica en vez de persona física.

Al escoger la forma de S.L. el desembolso de las participaciones sociales será realizado íntegramente, siendo un requisito imprescindible para su constitución. En cuanto al reparto de las participaciones mencionadas, se tendrá que expresar cuales son de profesionales y cuales no. Además, tal y como se establece en el art. 17.2 Ley 2/2007, las participaciones de los profesionales obligan a realizar el ejercicio de la actividad profesional objeto de la sociedad. La obligación consistente en el ejercicio profesional es una prestación accesoria remunerada según las características del socio y su incumplimiento total o parcial es causa de exclusión.

Viva los MERCADOS


A día de hoy los mercados son una excusa perfecta para cualquier cosa, se trata de un ente abstracto y heterogéneo. Utilizando palabras de Adam Smith podrían ser la mano invisible que todo lo controla. Básicamente son las grandes acumulaciones de capital no productivo, economía financiera especulativa que puede arrasar el tejido productivo real. Cuando los inversores dejan de invertir con interés de continuidad y el éxito del negocio participado, debido a la temporalidad, las inversiones recibidas pasan a ser más perjudiciales que beneficiosas. Parece ser que los mercados son los pensionistas americanos, ingleses, japoneses i alemanes que han dejado cantidades exageradamente elevadas en manos de economistas peligrosamente ambiciosos y poco preocupados por el futuro. La mayoría de personas que consiguen gestionar estos fondos parece que no entienden como funciona un negocio, quizá no ven que el intercambio de flujos económicos puede provocar graves efectos a la realidad empresarial si no se tienen en cuenta ciertas cosas: cómo se realiza la salida de la inversión, implicación mediante asesoramiento, información sobre el riesgo real transmitido, etc.

Evidentemente, los gestores de los pensionistas no son los únicos que forman este poder financiero, el papel de los seguros, bancos y fondos especulativos también son parte de este concepto tantas veces repetido. Por contra, el papel de los particulares, estados y empresas queda bastante limitado en todo este movimiento. Es curioso ver que las empresas productivas tengan tan poco poder cuando, en definitiva, son el motor de una buena economía.

Visca els MERCATS


Els mercats són una l’excusa perfecte a qualsevol cosa, es tracta d’un ens abstracte i heterogeni. Fent servir paraules d’Adam Smith podrien ser la mà invisible que tot o controla. Bàsicament són les grans acumulacions de capital no productiu, economia financera especulativa que pot arrasar amb el teixit productiu real. Quan els inversors deixen d’invertir amb interès de continuïtat i èxit del negoci participat, degut a la temporalitat, les inversions rebudes passen a ser més perjudicials que beneficioses. Sembla ser que els mercats són els pensionistes americans, anglesos, japonesos i alemanys que han deixat quantitats exageradament elevades en mans d’economistes perillosament ambiciosos i poc preocupats pel futur. La majoria de persones que aconsegueixen manejar aquests fons sembla que no entenen com funciona un negoci, potser no veuen que l’intercanvi de fluxos econòmics pot provocar greus efectes a la realitat empresarial si no es tenen en compte certes coses: forma de sortida de la inversió, implicació mitjançant assessorament, informació sobre el risc real transferit, etc.

Evidentment, els gestors dels pensionistes no són els únics que formen aquest poder financer, el paper de les assegurances, bancs i fons especulatius també es part d’aquest concepte tan repetit. Per contra, el paper dels particulars, estats i empreses queda bastant limitat en tot aquest moviment. És curiós veure que les empreses productives tinguin tant poc poder quan, en definitiva, són el motor d’una bona economia.

Esquema vías de actuación en un despacho de abogados

CREACIÓN DE MARCA Y REPUTACIÓN
Targets:      1) Clientes: captación y mantenimiento
2) Trabajadores:  
     - actuales: retención y limpieza
     - futuros (captación de talento): juniors, middle-level y seniors
Estrategias: primeros pasos
  1. Análisis de la plantilla (especializada o multidisciplinar)
  2. Creación de una red internacional: complementarias y/o de venta cruzada
  3. Posicionamiento de la firma
  4. Política de presupuestos
  5. Imagen:
    1. oficinas
    2. profesionales
    3. resto de personal
Estrategias: darse a conocer
  1. Boca oreja
  2. Reuniones y presentaciones (ofrecimiento directo del producto)
  3. Conferencias 
  4. Newsletter
  5. Folletos y tarjetas
Estrategias: medios de comunicación
  1. Menciones en las noticias
  2. Colaborar en los medios escritos, radio y tv
  3. Productos promocionales en los medios escritos
  4. Consultorios en los medios escritos, radio y tv
  5. Ruedas de prensa
Estrategias: formación y producción científica
  1. Oferta de formación por parte del despacho
  2. Colaboración con las universidades y escuelas superiores
  3. Publicación de artículos jurídicos
  4. Colaboración y elaboración de libros
  5. Menciones en los rankings jurídicos
Estrategias:  publicidad
  1. Medios tradicionales: escritos, radio y tv
  2. Medios digitales

El marketing de una firma de abogados


Cuando pueda intentaré hacer un esquema sin parrafadas con las estrategias para promocionar un despacho, de todos modos la mayoría se explican en este texto.

Antes de empezar a analizar las estrategias de marketing y dirección debemos diferenciar entre las estrategias dirigidas a los clientes y las dirigidas a los trabajadores. En la captación de clientes el objetivo es mantener y aumentar, en la captación de talento retener, filtrar y fichar.

El primer paso, o uno de ellos, es el análisis de la plantilla existente y las especialidades del despacho. Una vez vistas las capacidades de los profesionales es importante hacer un esfuerzo para dejar fuera los perfiles que no se adapten y contratar aquellas personas que complementan y mejoran el conocimiento existente en la plantilla.

Las redes nacionales y/o internacionales son cada vez más importantes, responden a la globalización y permiten prestar mejores servicios y captar más clientes. Con el aumento de la movilidad los despachos que no puedan asesorar en distintos estados, ya sea por sí mismos o despachos asociados, perderán gran parte de su clientela, tanto la que ya tienen como la potencial.

Junto a ese primer paso no podemos olvidar la importancia del posicionamiento de la firma. Por posicionamiento se entiende la imagen que tienen los clientes del despacho, esto es de la empresa, tal y como comentamos en esta entrada. El posicionamiento es clave, permite que nuestro despacho sea identificado y diferenciado del resto de opciones legales existentes. El objetivo es que nuestro target (cliente actual o potencial) piense que nuestro despacho es el más adecuado para sus necesidades. Además, no basta con conseguir la percepción, el servicio tendrá que estar a la altura de lo imaginado, pues de no ser así la insatisfacción se materializará con la pérdida del cliente.

Para dar a conocer el despacho la vía típica de los despachos ha sido el boca oreja, esto es la reputación ganada tras un buen trabajo, pero hay que ser más ambiciosos. El papel de la reputación sigue siendo un pilar básico, pero la forma de obtenerla cada vez es más compleja. Otra vía importante para darse a conocer es la celebración de conferencias sobre novedades jurídicas y controversias legales. Las conferencias son una forma muy buena de captar talento, pero también de ganar clientes si se consigue atraer gente como directivos, economistas, políticos, investigadores, emprendedores, etc. Para la captación de estos últimos no basta con la calidad jurídica de la exposición, también hay que dar un servicio a las empresas o particulares que acuden a la conferencia.

Junto a las conferencias sobre novedades legislativas y controversias jurídicas se encuentra la formación. Los despachos pueden preparar cursos formativos que son de gran ayuda para la reputación de la firma. La formación no sólo tiene que venir por iniciativas propias del despacho, también es posible la colaboración con universidades y escuelas superiores. Una manera es la colaboración directa entre universidad y despacho, pero también se puede incentivar a los abogados para que imparten clases en nombre propio. Para que los profesionales del puedan compaginar su doble faceta como ejercientes y profesores es necesario que el despacho permita horarios flexibles y entienda que las horas de trabajo pueden descender ligeramente.

Otra característica que produce una disminución en las horas de trabajo pero aumenta mucho la reputación es la producción científica. Incentivar la producción de artículos jurídicos y participación en manuales supone un crecimiento enorme en el prestigio del despacho.

Las estrategias vistas hasta ahora, en general, repercuten más rápidamente en la captación de talento que en la de clientes. Por lo tanto, para aumentar la clientela será necesario difundir mensajes en otros sectores no especializados.

Hasta la fecha, la vía más menospreciada en este sector ha sido la publicidad. Como ya vimos en la entrada comentada antes, los despachos no utilizan esta vía. Sin embargo, preparar una buena campaña publicitaria puede suponer un importante aumento en el número de clientes. La publicidad de los despachos más grandes puede llegar a utilizar medios más generalistas, hecho que ayudaría a la creación de marca. Por otro lado, a medida que el presupuesto se reduce los medios generalistas pierden interés en favor de los especializados, que al fin y al cabo son los más rentables. En la anterior entrada ya vimos cómo anunciar un despacho.

El poder de la imagen es un factor a tener en cuenta siempre. En los despachos hay que estudiar la imagen de los abogados y de las oficinas.

En cuanto a los abogados, la vestimenta tiene que ser la tradicional y hay que tener en cuenta que el producto a vender es justamente el profesional. Por lo tanto, el despacho se vende a través de sus trabajadores, que son los embajadores de la firma. Calidades como: el protocolo, la negociación, la comunicación, la seguridad, la persuasión, la asertividad, la proximidad y la confianza, serán condiciones muy favorecedoras para atraer a los clientes.

En cuanto a la imagen de los despachos hay que hallar las partes visibles para los clientes. La primera impresión viene por la ubicación del despacho, tanto en la zona geográfica como en el edificio concreto. Muchas empresas quieren ser asesoradas por firmas que tengan localizaciones a la altura de su reputación. Además, la segunda imagen a cuidar es el recibidor, una entrada con imágenes corporativas y un personal atento en la entrada es clave. Finalmente, la tercera imagen que todo cliente acaba viendo es la sala de reuniones, aquí es importante seguir con la imagen corporativa, a lo que debemos añadir la pulcritud, orden, confidencialidad y comodidad. En cuanto a las secretarias, su calidad profesional es básica, tanto las secretarias de los abogados como la que reciba los clientes en la entrada.

Otros aspectos a tener en cuenta son los presupuestos, dependiendo de la experiencia y calidad del servicio los precios podrán ser más altos. Nunca se debe intentar vender nada por encima de precio, si un despacho no puede ofrecer la calidad que busca debe ganar experiencia reduciendo precios hasta que se haga un nombre y pueda aumentar el margen de beneficio. Esto es posible porque en la abogacía la experiencia es un factor clave para los clientes. Un buen presupuesto debe complementarse con un seguimiento del caso y una buena comunicación cliente-abogado. Una buena medida a tener en cuenta cada cierto tiempo o al finalizar un servicio es el ofrecimiento de valoraciones por parte del cliente, tanto para satisfacción del cliente como mejora del servicio.

Finalmente, la captación de clientes mediante reuniones y presentaciones sigue siendo una vía fundamental para los despachos, hecho que difícilmente puede cambiar. En las visitas es importante tomar las riendas y ofrecer los servicios activamente, nunca esperar a ver qué pide la empresa, pues el conocedor del ordenamiento jurídico es el vendedor. Evidentemente, el abogado deberá conocer hasta el mínimo detalle del cliente para ganárselo.

Otras medidas a tomar pasan por las newsletters, folletos informativos, contactar y colaborar con los medios de comunicación, ruedas de prensa, asistencia de los abogados a actos públicos y privados como presentaciones, conferencias, etc. 

Marketing i risc als despatxos d’advocats


El sector legal té una manera de ser marcadament tradicional, en molts aspectes ha de ser així, però no en tots. Per exemple, respecte a la forma de vestir dels advocats la imatge ha de ser molt curosa, vestit fosc i corbata clara. Es tracta d’un costum, però també d’una forma de d’expressar el caràcter formal, rigorós i no arriscat del servei professional que es presta al client. La bona feina passa pel fons i la forma.

Una de les característiques de la prestació de serveis jurídics és la resolució de problemes, l’advocat és una persona que ha d’arreglar prenent els mínims riscos possibles. No prendre riscos es una característica que ha de ser relativitzada, el client és qui, un cop informat de forma amplia i detallada, ha d’escollir la via a seguir. El problema és que la no assumpció de riscos és un fet que acaba afectant a totes les àrees  professionals d’un advocat.

Un dels aspectes més curiosos de la gestió de despatxos és la absència de publicitat i estratègies de marketing. Moltes vegades es diu, encertadament, que els despatxos els falta modernitzar-se, aquí podem afegir la necessitat de prendre decisions més arriscades. No es tracta de prendre riscos al defensar els clients, sinó de donar passos endavant en la gestió de la seva activitat, tal i com ho fan moltes altres empreses. És a dir, el risc ha de ser tractat de diferent manera segons l’ús concret que li donem.

Si mirem el coneixement dels despatxos d’advocats per part de la població veurem que aquest és molt baix. En els mitjans de comunicació moltes vegades es donen noticies sense mencionar el despatx que hi ha darrera. Això canviaria molt si els bufets tinguessin polítiques de comunicació i publicitat més treballades i arriscades. Fins i tot les firmes més grans d’Espanya són difícilment reconegudes per la població, aquesta falta de coneixement del mercat legal afecta als mateixos llicenciats en dret. Aquest fet també afecta a la captació de talent, sobretot en els despatxos mitjans.

Els despatxos cada vegada treballen més el marketing per donar-se a conèixer a potencials clients, algunes de les estratègies passen per: conferencies, cursos de formació, elaboració de continguts a la premsa escrita, participació a debats i programes de radio i televisió, reunions amb directius, incorporació en xarxes internacionals, consultes gratuïtes a mitjans de comunicació, participació a masters i carreres etc.

A les activitats anteriors hauríem d’afegir-ne d’altres com la publicitat. Si bé es cert que els despatxos són empreses molt particulars, això no treu que hagin d’actuar com a tals. El primer pas a donar per tenir clients és ser conegut. Abans, els advocats podien guanyar molt amb el boca orella, però quan els despatxos van augmentant de mida aquesta forma d’obtenir clients esdevé insuficient.

La reputació ha sigut, és i seguirà sent el pilar bàsic de tot despatx col·lectiu o individual i això influeix l’estratègia de captació de clients de tota firma. De les formes possibles per donar-se a conèixer, hem vist que la publicitat encara no es fa servir. És cert que algun anunci s’ha fet, bàsicament per consultes via telefònica i per recobrament d’impagats, però ara estem parlant de serveis legals complexos i de certa entitat.

La realització d’un anunci de publicitat és una via que els despatxos eviten, però si un despatx vol guanyar clients ha de donar-se a conèixer com a empresa, això és com a marca diferenciada de la resta de despatxos. La via més efectiva per donar-se a conèixer és la publicitat, amb el pas del temps els bufets mitjà i grans hauran de donar el pas i fer anuncis. Evidentment, l’anunci publicitari d’un despatx haurà de ser molt pensat i poc arriscat. S’haurà de donar a conèixer el despatx i els serveis que es presten, sense distraccions ni entreteniments.

Quan parlem d’anuncis no només s’ha de pensar en televisió, radio i premsa, també en internet. El marketing digital permet una segmentació, personalització, viralitat i immediatesa que els altres mitjans no poden oferir. Per tant, l’ús dels anuncis requerirà un estudi previ complex per escollir la via correcta. Per exemple, un despatx mercantilista mitjà-gran o gran, quan s’anunciï podria dirigir el missatge a directius d’empresa i advocats in house[1] amb publicitat digital a mitjans especialitzats, doncs són les persones que poden aportar assumptes al anunciant. Per tant, segons el pressupost disponible el missatge es transmetrà per un o altre mitjà, i on la via més barata es la publicitat digital segmentada.

En definitiva, en un període bastant pròxim els despatxos haurien de començar a reforçar la seva imatge. En uns anys, potencials clients com emprenedors i directius de PYMES haurien de conèixer, al menys, una petita llista de despatxos mitjans i grans.


[1] L’advocat in house és l’advocat intern d’una empresa, es responsabilitza del dia a dia de l’empresa i actua com a nexe amb els serveis legals externalitzats.

Marketing y riesgo en los despachos de abogados


El sector legal tiene una forma de ser marcadamente tradicional, en muchos aspectos esto debe ser así, pero no en todos. Por ejemplo, en cuanto a la vestimenta de los abogados la imagen debe ser muy cuidada, traje oscuro y camisa clara. Se trata de una costumbre, pero también de una forma de reflejar el carácter formal, riguroso y no arriesgado del profesional que uno está viendo. El buen hacer pasa por el fondo y la forma.

Una de las características en la prestación de servicios jurídicos es la resolución de problemas, el abogado es una persona que debe arreglar tomando los mínimos riesgos posibles. No tomar riesgos es una característica que debe ser relativizada, el cliente es quien, una vez informado extensa y detalladamente, tiene que escoger la vía a seguir. El problema es que la no asunción de riesgos es un hecho que acaba afectando a todas las áreas profesionales de un abogado.

Uno de los aspectos más curiosos de la gestión de despachos es la falta de publicidad y estrategias de marketing. Muchas veces se dice, acertadamente, que los despachos les falta modernizarse, a lo que debemos añadir la necesidad de tomar más riesgos. No se trata de tomar riesgos en la defensa de los clientes, sino de dar pasos adelante en la gestión de su actividad, tal y como lo hacen muchas otras empresas. Es decir, el riesgo debe ser tratado distintamente según el uso que le demos.

Si miramos el conocimiento de los despachos de abogados por parte de la población veremos que éste es muy bajo. En los medios de comunicación muchas veces se dan noticias sin mencionar al despacho que hay detrás. Esto cambiaría mucho si los despachos tuvieran políticas de comunicación y publicidad más trabajadas y arriesgadas. Incluso las firmas más grandes de España son difícilmente reconocidos por la población, esta falta de conocimiento del mercado legal afecta a los mismos licenciados en derecho. Este hecho también afecta a la captación de talento, sobretodo en los despachos medianos.

Los despachos cada vez trabajan más el marketing para darse a conocer a clientes potenciales, algunas de las estrategias pasan por: conferencias, cursos de formación, elaboración de contenidos en la prensa escrita, participación en debates y programas de radio y televisión, reuniones con directivos, incorporación en redes internacionales, consultas gratuitas en medios de comunicación, participación en masters y carreras, etc.

A las actividades anteriores tendríamos que añadir otras como la publicidad, los despachos son empresas, muy particulares, pero al fin y al cabo, empresas. El primer paso para tener clientes es ser conocido. Antes, puede que los abogados ganaran mucho con el boca a boca, pero cuando los despachos van aumentando de tamaño esta forma de obtener clientes se convierte en insuficiente.

La reputación ha sido, es y seguirá siendo el pilar básico de todo despacho colectivo o individual y esto influye en la estrategia de captación de clientes de toda firma. De las formas posibles para darse a conocer hemos visto que la publicidad aún no se utiliza. Es cierto que algún anuncio se ha hecho, básicamente para abogados vía telefónica y para recobros de impago, pero ahora estamos hablando de servicios legales complejos y de cierta entidad.

La realización de un anuncio de publicidad es una vía que los despachos evitan, pero si un despacho quiere ganar clientes tiene que darse a conocer como empresa, esto es como una marca diferenciada del resto de despachos. La vía más efectiva para darse a conocer es la publicidad, con el tiempo los bufetes medio-grandes tendrán que dar el paso y hacer anuncios. Evidentemente, el anuncio publicitario de un despacho tendrá que ser muy revisado y poco arriesgado, se tratará de dar a conocer el despacho y los servicios que se prestan, sin distracciones ni entretenimientos.

Cuando hablamos de anuncios no sólo hay que pensar en la televisión, radio y prensa, también en internet. El marketing digital permite una segmentación, personalización, viralidad e inmediatez que los otros medios no pueden ofrecer. Por lo tanto, el uso de los anuncios requerirá un estudio previo complejo para escoger la vía correcta. Por ejemplo, un despacho mercantilista  medio-grande o grande, cuando se anuncie podría dirigirse a directivos de empresa y abogados in house[1] con publicidad digital en medios especializados, pues son las personas que pueden traer un caso al despacho anunciante.

En definitiva, en un período bastante cercano los despachos deberían empezar a reforzar su imagen. En unos años, potenciales clientes como emprendedores y directivos de PYMES deberían conocer, al menos, una pequeña lista de despachos medios y grandes.


Para seguir con este tema clicar aquí.


[1] El abogado in house es el abogado interno de una empresa, se responsabiliza del día a día de la empresa y actúa como enlace con los servicios legales extrenos.

Un poco de procesal concursal: primeros trámites en un concurso


Cuando nos encontramos con un concurso voluntario, que es lo más común, el procurador presenta al juzgado la solicitud de concurso voluntario. Este escrito pasa por la oficina de reparto y se registra con el número de autos que toque. Después, puede que se requiera al solicitante para subsanar. Aquí es importante asegurarse que la solicitud cumple con el art. 6 de la Ley Concursal. El requerimiento para subsanar se hace mediante providencia.

La declaración de concurso se dicta mediante Auto. El Auto de declaración de concurso es publicado por Edicto en el BOE, en este link correspondiente a día de hoy (11/04/2012) se puede ver como los Juzgados de lo Mercantil están muy activos en materia concursal. Además del BOE, en esta noticia de Expansión también se refleja el alto número de concursos existentes en España, que se encuentra en máximos históricos.

El Auto de declaración de concurso informa, básicamente, sobre: tipo de concurso, número de procedimiento, número de auto y su fecha, denominación social de la deudora y su CIF, identificación del Administrador Concursal, si la deudora es intervenida o suspendida y el anuncio sobre el plazo de un mes para comunicar los créditos contra la concursada.

Con la declaración de concurso también es necesario comunicar al Registro Mercantil (RM) el auto. Recibida la información, el RM inscribirá el auto de declaración de concurso y el nombre del Administrador Concursal, que puede ser persona física o jurídica.

La sentencia, final de un problema e inicio de otro


Una vez dictada sentencia empieza el procedimiento de ejecución y costas.

Conseguir cobrar muchas veces supone un largo trayecto por el desierto, cada año hay que intentar ejecutar algún bien o derecho al condenado, siendo una tarea de investigación y seguimiento constante, muchas veces sin éxito, pues cuando una persona decide no volver a ser solvente nunca más difícilmente se podrá conseguir ejecutar.

En cuanto a las costas, a veces sorprende la cantidad de problemas que pueden provocar, con múltiples trámites y condenas. La imposición de costas en la sentencia produce la necesidad de presentar un escrito de tasación de costas, a lo que la otra parte puede responder con una impugnación de costas. Evidentemente, tras la impugnación la otra parte responderá con una oposición a la impugnación. A esto se tendrá que resolver estimando o denegando las costas, hecho que podrá producir la imposición de costas del procedimiento de impugnación y con ello otra impugnación.

Una vez termine el procedimiento de costas empieza el problema ya comentado. Es decir, el procedimiento de ejecución. Eso sí, si hay suerte la parte condenada pagará voluntariamente en el período establecido en el requerimiento, pero eso no siempre pasa.

En cuanto al procedimiento de ejecución nos podemos encontrar con insolventes, administradores de paja, desparecidos, bienes insuficientes por lo que será necesaria una mejora de embargo, etc.

A todo lo anterior también hay otros trámites, como diligencias de ordenación y recursos de nulidad, ante una parte con ganas de poner trabas los problemas pueden durar mucho tiempo. Cada recurso de nulidad de las actuaciones supondrá otra imposición de costas.

El Reglamento (CE) 1346/2000 sobre procedimientos de insolvencia y la consulta pública de la Comisión Europea para su modernización


A continuación haremos un repaso al régimen actual de las insolvencias comunitarias y a la reciente iniciativa de la Comisión Europea para revisar este régimen.


El Reglamento 1346/2000 es la norma comunitaria que regula los procedimientos de insolvencia desde el año 2002[1]. El 30 de marzo se inició un período de recepción de información (proceso de consulta pública) para modernizar la actual normativa vigente. El Reglamento se puede ver en este link y la nota de la Comisión Europea en este otro link.

La finalidad de esta consulta es la modernización del régimen de insolvencias para promover la recuperación económica de Europa, mejorar el empleo, el crecimiento sostenible, el mercado único y aumentar la tasa de inversión. En el comunicado de prensa se pone de manifiesto que durante el 2010 en la UE se liquidaron unas 600 empresas cada día. Estas cifras, que se mantienen en 2011, tienen que compensarse con el incentivo de segundas oportunidades.

La consulta se cerrará el 21 de junio de 2012. 
Esta es la página de la consulta: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/opinion/120326_en.htm.

El ámbito de aplicación del Reglamento (art. 1) esta formado por los procedimientos colectivos fundados en la insolvencia del deudor que impliquen el desapoderamiento parcial o total de este último y el nombramiento de un síndico. Con síndico podemos entender tanto administradores como liquidadores.

En cuanto a la competencia internacional (art. 3), el procedimiento principal se abrirá en los tribunales del Estado Miembro (EM) del centro de intereses principales del deudor. Este lugar, en personas jurídicas se presumirá (iuris tantum) en el lugar del domicilio social. Los procedimientos secundarios se abrirán en los EM que no sean el de centro de interés principal. En este caso será posible abrir un concurso si en el Estado la sociedad deudora tiene un establecimiento permanente.

Para saber la ley aplicable tenemos que mirar el art. 4, en éste se regula que se aplicará la ley del EM en cuyo territorio se abra el procedimiento. Es decir, el Estado de apertura.

Desde el momento en que se produzcan efectos en el Estado de apertura se reconocerá el procedimiento en todos los EM, tal y como se establece en el art. 16.

La diferencia entre procedimiento principal y secundario tiene mucha importancia a efectos de las facultades de los síndicos, pues los del procedimiento principal podrán ejercer en otro EM los poderes que le confiera el Estado de apertura. La limitación a esta facultad es el respeto a la ley del EM del concurso territorial.

El procedimiento secundario tiene unos efectos limitados a los bienes y derechos situados en el EM del concurso territorial. Por lo tanto, el procedimiento principal puede afectar al secundario, pero no al revés. Para la apertura del procedimiento secundario es posible la solicitud del síndico extranjero del procedimiento principal o la de las personas habilitadas según la ley del territorio del secundario.

La existencia de varios síndicos comporta un conjunto de normas para el buen funcionamiento de los procedimientos comunitarios de insolvencia.

  1. Estos deberán cooperar de forma recíproca.
  2. El síndico del procedimiento secundario deberá permitir al principal que presente propuestas relativas a la liquidación u otras utilizaciones de los activos del procedimiento secundario.
  3. El secundario suspenderá total o parcialmente las operaciones de liquidación a petición del principal. Esta petición sólo será rechazable si carece manifiestamente de interés para el procedimiento principal.
  4. La terminación sin liquidación del secundario sólo será definitiva si cuenta con la conformidad del síndico principal, o bien sin la conformidad cuando no afecte a los intereses financieros de los acreedores del principal.
  5. El excedente de activo del procedimiento secundario se remitirá al principal.

Sobre la aplicación del Reglamento 1346/2000 también esta entrada.


[1] La fecha de entrada en vigor del Regl. 1346/2000 fue el 31 de mayo de 2002.

Un breve repaso a las sociedades profesionales



Las sociedades profesionales se regulan en la Ley 2/2007 de sociedades profesionales.

La sociedades que tengan por objeto social el ejercicio en común de una actividad profesional, deberán constituirse como sociedades profesionales (esto provocó un cambio muy importante en la forma de estructurarse los despachos de abogados). Se entenderán por actividades profesionales aquellas cuyo desempeño sea necesario acreditar una titulación universitaria oficial, o titulación profesional para cuyo ejercicio sea necesario acreditar una titulación universitaria oficial, e inscripción en el correspondiente colegio profesional. El ejercicio común se entenderá por la atribución a la sociedad de los derechos y obligaciones inherentes al ejercicio de la actividad como titular de la relación jurídica establecida con el cliente.

Las sociedades profesionales podrán constituirse con arreglo a cualquier forma societaria y se regirán por la normativa de la Ley 2/2007 (LSP), y supletoriamente por la de la forma social adoptada. Los despachos españoles utilizan, básicamente, la forma de sociedad limitada (SL).

El objeto de una sociedad profesional es exclusivamente la actividad profesional en común, y podrán tener participaciones en otras sociedades del mismo tipo. Además, podrán ser multidisciplinares, a no ser que se declare, mediante ley o reglamento, la incompatibilidad de estas actividades desempeñadas.

En cuanto a la composición, las ¾ del capital y derechos de voto, o las ¾ partes del patrimonio social y del número de socios en las sociedades no capitalistas, habrán de pertenecer a socios profesionales. Igual mayoría deberá haber en los órganos de administración y si fueran unipersonales, éste será un socio profesional. El incumplimiento de estas obligaciones es causa de disolución. El plazo de regularización que se estableció fue de 3 meses. Por lo tanto, el control estará en manos de profesionales, nunca de inversores.

La representación de un socio en los órganos sociales debería realizarse mediante otro socio profesional.

La denominación social puede ser objetiva o subjetiva. En este segundo caso, los nombres de quienes aparezcan y dejen de ser socios, podrán ser suprimidos a petición del socio o sus herederos, excepto que existiera pacto previo en contrario. La denominación figurará con su forma social y la expresión “profesional” o “p”.

La escritura de las sociedades profesionales es constitutiva y obligatoria. Esta es la información básica:

1- Identificación de los otorgantes, expresando si son socios profesionales o no.
2- Colegio Profesional al que pertenecen.
3- Actividad/es profesionales del objeto social.
4- identificación de los encargados inicialmente de la administración y representación, así como reflejar si son socios profesionales o no.

La sociedad profesional y los profesionales que la integran deberán actuar de conformidad con el régimen deontológico y disciplinario correspondiente a la actividad prestada.

La participación en las pérdidas y ganancias será según el contrato social. A falta de previsión los beneficios y pérdidas se distribuirán o imputarán en proporción a la participación de cada socio en el capital. Para cubrir las pérdidas la ley establece que la sociedad deberá estipular un seguro que cubra la responsabilidad en que ésta pueda incurrir por el ejercicio de la actividad/es del objeto social.

La condición de socio tiene un régimen bastante particular debido a la naturaleza de este tipo de sociedades, pues se establece la intransmisibilidad de la condición de socio a no ser que sea por unanimidad de los socios profesionales o se haya establecido consentimiento por mayoría de los socios profesionales en el contrato social. En cuanto a la separación de socios, en la sociedad indefinida podrá hacerse en cualquier momento (respetando el principio de buena fe) y será eficaz desde su notificación a la entidad. En sociedades por tiempo determinado se podrá separar por la normativa de la forma societaria elegida, por causa prevista en el contrato social o justa causa. La exclusión de socios puede ser por: causas previstas en el contrato social, infringir gravemente los deberes con la sociedad o deontológicos, perturbar gravemente el funcionamiento de la sociedad o sufrir una incapacidad permanente para el ejercicio de la actividad prestada.

En las sociedades profesionales de capital, las acciones deberán ser nominativas. Además, los socios no gozarán del derecho de suscripción preferente en los aumentos de capital que sirvan de cauce a la promoción profesional. Cabe pacto en contrario en el contrato social, pero es cierto que en despachos de abogados o auditoras, esta norma es básica para el progreso profesional de sus miembros.

En caso de que dos o más profesionales actúen conjuntamente con una denominación común o colectiva sin constituirse como sociedad profesional, todos ellos responderán solidariamente de las deudas y responsabilidades que encuentren su origen en el ejercicio de la actividad profesional prestada.

Exceso de abogados, falta de medios y aumento de tasas; o como preparar una buena receta contra la dignidad del abogado


En España hay unos 2,6 abogados por cada 1.000 habitantes, esto significa que porcentualmente es uno de los Estados con más abogados de la UE. Para que esta profesión sea de calidad requiere una formación de larga duración, lo que justamente en España no hay, si bien es cierto que ahora entrará en vigor la Ley de Acceso a la Abogacía. Debemos tener en cuenta que en otros Estados europeos los años de preparación llegan a doblar la española.

Otro problema es que el exceso de abogados provoca la disminución de precios, esto reduce la calidad del servicio y el aumento de la precariedad laboral. A día de hoy algunos servicios son más parecidos a una producción en cadena que a un trabajo técnico y profesional. Existen grandes despachos y gestorías que han decidido aumentar o mantener beneficios a costa de realizar un número mayor de ventas a márgenes muy bajos. Esto también produce pérdidas en las cuentas de la competencia, por no decir en la abogacía.

El mercado típicamente segmentado en tres o más niveles de calidad pasa a sólo dos. Algunas de las medidas políticas perjudican aún más esta situación.

El aumento de tasas puede suponer una reducción de beneficios en un sector ya marcado por el estancamiento. El gobierno piensa que aumentando tasas puede ayudar a reducir el colapso judicial y reducir el déficit público, pero el coste para el sector puede ser más alto que lo recaudado. Además, otra medida que baraja el gobierno para la reducción del colapso judicial es que los abogados trabajen también en agosto. Sí, los abogados son profesionales liberales y trabajan cuando hace falta, el problema es que los funcionarios no van a trabajar más de lo que toca, lo que harán será repartirse las horas.

La consecuencia provocada por un mes de agosto hábil en materias civiles y mercantiles, sería que los funcionarios se repartirían las vacaciones sin aumento de los trabajadores activos, mientras que los abogados pasarían a trabajar más. Pero eso no es todo, otra consecuencia sería un funcionamiento aún más lento de la administración pública por la falta de medios.

Economía sumergida, aumento de la presión fiscal y amnistía fiscal


El sábado 31 de marzo de 2012 se ha publicado el Real decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público. Esta norma es el origen de la amnistía fiscal, así como otras medidas importantes pero sin el revuelo de la primera.

En el preámbulo se puede leer la finalidad de la norma, que viene a ser la misma que bastantes otros reglamentos y leyes, así como la justificación del uso de un real decreto-ley. Con la crisis parece ser que toda norma es de extraordinaria y urgente necesidad (art. 86 CE).

El primer artículo del Decreto se dirige a reducir las cantidades deducibles en el impuesto de sociedades, con esto se aumentará la recaudación por IS. Las limitaciones afectan sólo los períodos impositivos de los años 2012 y 2013.

Seguidamente se introducen modificaciones en el IRPF, Impuesto sobre el Tabaco y otras que no vienen al caso ahora.

En la Disposición adicional primera se regula la declaración tributaria especial, aquí vemos la regulación de la amnistía fiscal. Hasta el día 30 de noviembre de 2012 será posible regularizar las ilegalidades cometidas en cuanto al IRPF, IS e Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Esto permitirá que las personas que no cumplieron la ley en su momento lo hagan ahora con un precio menor que los ciudadanos que fueron diligentes y no incumplieron los deberes legales.

Para evitar que esta amnistía produzca el riesgo moral de incumplir para quedar sujeto a este régimen más favorable se establece la aplicabilidad a bienes o derechos con anterioridad a la finalización del último período impositivo cuyo plazo de declaración haya finalizado al entrar en vigor este Decreto.

Las declaraciones realizadas bajo esta disposición adicional deberán ingresar sólo un 10% de la cuantía a regularizar, obteniendo con ello el carácter de rentas declaradas. Además, no serán exigibles sanciones, intereses ni recargos.

En cuanto a la repatriación de dinero se incentiva el retorno en las sociedades españolas al permitir su vuelta con el pago de un 8% de la cuantía. De esta manera, las grandes sociedades con filiales en paraísos fiscales podrán beneficiarse del aumento de recursos aquí por un bajo precio. Sin este Decreto los dividendos pagados por parte de filiales extranjeras a sociedades matriz españolas tributarían en un 30%, esto supone una rebaja de 22 puntos porcentuales.

En los casos que ya estén siendo investigados no será posible beneficiarse de esta norma.

Finalmente, la Disposición final primera establece la exoneración de responsabilidad penal para los delitos contra Hacienda Pública. La exoneración penal no es absoluta, pues los delitos que originaron las cantidades regularizadas podrían suponer penas de prisión, un ejemplo serían los delitos de narcotráfico.

Además, otra curiosidad es el carácter confidencial de las declaraciones, los infractores pagarán menos y lo harán sin que la ciudadanía pueda saberlo.

El Real decreto-ley 12/2012 es una norma que favorece a los infractores, mientras las personas que actúan dentro de la legalidad cada día pagan más al Estado. La contrapartida de estos aumentos ha sido la disminución de prestaciones y servicios sociales.

El Estado ha perdido el sentido de equidad y responsabilidad legislativa, su mal funcionamiento está provocando rupturas sociales y desigualdades. Si el peso del Estado nunca hubiese sido elevado a medidas descomunales hoy no tendríamos los problemas de déficit que están provocando este ataque a la legalidad y propiedad privada de los ciudadanos.

El peso de la economía sumergida se tiene que reducir, si se reduce la presión fiscal a todo el mundo en vez de sólo a los infractores, la ciudadanía dejaría de defraudar tanto a Hacienda Pública. De esta manera, no sería necesario que cada ciertos años el Estado apruebe una amnistía fiscal para aflorar capitales que buscan menores porcentajes de presión fiscal.

Aquí, o pagamos todos menos o pagamos todos más.

Normas legales pendientes de ser elaboradas y aprobadas durante este año 2012


En cuanto al derecho concursal, a día de hoy estamos esperando que se apruebe otra modificación de la Ley Concursal 22/2003. Este texto legal ya ha sido modificado varias veces y estamos esperando otro cambio más. En principio, se tratará de una reforma, aunque no sorprendería la elaboración de un nuevo texto que derogue la Ley 22/2003. Si se aprueba una buena reforma parcial que consolide la experiencia obtenida durante la crisis, podemos tener un derecho concursal muy completo.

En el ámbito mercantil estamos esperando la novedosa Ley del Emprendedor, que seguramente servirá para limitar la responsabilidad personal de los emprendedores, disminuir las trabas burocráticas, mejorar la financiación, etc. Además, también se ha comentado la posible elaboración de un nuevo Código Mercantil, con el que se podría juntar buena parte de la legislación separada en un mismo texto legal. Es cierto que la normativa mercantil está muy dispersa, pero puede que no sea el momento de juntar la normativa. Ya veremos qué deciden hacer. Otra finalidad que busca la elaboración de un Código Mercantil es la promoción del mercado único, ya veremos cómo se afectarán las competencias autonómicas.

Otra iniciativa relevante afecta al derecho procesal y constitucional. Se trata de la reforma de la LOPJ y la Ley de Planta y Demarcación Judicial. Si todo va bien, se dará más racionalización e independencia al poder judicial. La medida más destacable es la eliminación de nombramientos según el porcentaje obtenido por los partidos (PSOE-PP) en las Cortes. En cuanto al funcionamiento de la justicia también se quiere modernizar su funcionamiento. Como ya hemos visto, y analizado en esta entrada, en el ámbito procesal ya se aprobó la Ley de Mediación. Puede que otras iniciativas legales más afecten la jurisdicción voluntaria (arbitraje, procesos rápidos, etc).

Evidentemente, también se espera una reforma penal, tanto del Código Penal como de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero esto es de esperar en todo cambio político. En cuanto a la LO 5/2000, Ley Penal del Menor, también se esperan varios retoques.

Existen otros proyectos posibles que quedan lejos, como es otra reforma laboral si el desempleo no mejora, así como más reformas fiscales. A todo esto debemos añadir las iniciativas que se aprueben sin previo aviso, como la reciente amnistía fiscal.

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