Continuando con la entrada "Separación entre la condición de socio y el derecho a votar"


La reciente sentencia que comenté el otro día (Link) ha sido comentada en otros blogs, en el link que he adjuntado introduje el asunto con una explicación previa, el extracto principal y mi opinión, pero debido a que he visto un escrito de Jesús Alfaro que me gusta más que el mío, por presentar otras cuestiones jurídicas que ignoré (como los argumentos contrarios a la separación del derecho de voto) y otras cuestiones jurídicas, dejo el enlace a su blog para lectura recomendada para los interesados en este asunto tratado por la STS 616/2012 de 23 de octubre:



Separación entre la condición de socio y el derecho a votar


La separación del derecho de voto asociado a unas acciones o participaciones sociales es posible y admitido. Esta separación del derecho a votar en las juntas sociales se regula en pactos parasociales, que son acuerdos ajenos a la sociedad. Sobre estos pactos se pueden ver varias entradas ya publicadas aquí: Link 1, Link 2 y Link 3, pero ahora nos centramos en la posibilidad de pactar que el voto lo decida una persona ajena al que tiene la condición de socio.
The Syndics: the Sampling Officials (Wardens) of the Amsterdam Drapers Guild - Rembrandt
En este sentido son habituales los acuerdos de sindicación, mediante los cuales varios socios regulan cómo se decidirá la emisión de sus votos, asegurando un comportamiento unificado (o unidad de voto).

Aunque existen dudas al respecto, de la lectura de los preceptos de la LSC y C.Com debemos entender que los socios pueden ceder su derecho de voto sin perder la condición de socio, pero estos acuerdos que no tienen acceso a los estatutos sociales ni al Registro Mercantil, no pueden vincular a terceros como la sociedad o a los acreedores ajenos al pacto. Sobre esto debe tenerse en cuenta que este pacto puede ser firmado entre un socio y un acreedor, por ejemplo para asegurar la devolución de un préstamo.

De hecho, si miramos el art. 132 LSC vemos que “Salvo disposición contraria de los estatutos, en caso de prenda de participaciones o acciones corresponderá al propietario el ejercicio de los derechos de socio. El acreedor pignoraticio queda obligado a facilitar el ejercicio de estos derechos” y, junto al anterior y entre otros, también destaca el art. 42 C.Com que de su lectura se entiende la aceptación de forma implícita (cuando habla del control sobre otras sociedades sin ser socio). Evidentemente otro artículo que debe citarse es el 1255 CC sobre autonomía de las partes.

Si miramos la STS 616/2012 de 23 de octubre veremos algunos extractos interesantes sobre el asunto, en concreto vemos el FD 8º, que acepta la licitud de la cesión de derechos políticos y la posibilidad de desmembrar la condición de socio y el voto:

Además, no puede confundirse la función que cumple el Registro Mercantil y el control de acceso al mismo de reglas estatutarias oponibles a terceros y a la propia sociedad y la que cumplen los Tribunales, en los que el examen de licitud de los pactos parasociales,en cuanto convenios celebrados por varios o incluso todos los socios, a fin de regular sus relaciones internas, como afirma la sentencia 371/2010, de 4 de junio, no están constreñidos por los límites que a los acuerdos sociales y a los estatutos imponen las reglas societarias –de ahí gran parte de su utilidad- sino a los limites previstos en el art. 1255 del Código Civil y, como declara la sentencia de instancia, en el caso enjuiciado el hecho de que el contrato incluya pactos de cesión de derechos políticos no hace inválida la venta, porque aparece como garantía del pago aplazado del precio, de forma que es posible que el accionista vendedor se reserve el control de la compañía mediante un mecanismo de bloqueo (la retención de los derechos de voto del 50% de las acciones, 16.002 acciones sobre 32.004 para asegurarse el cobro...) ”.

Sobre este tema también es interesante ver la SAP de Barcelona 394/2010 de 17 noviembre, en la que se explicó el cambio de criterio de la Audiencia Provincial citada y, aunque sería interesante explicar cómo y por qué se llevo a cabo el cambio, pasamos a ver únicamente la parte más importante de la cuestión analizada:

En suma, el argumento central que nos ha llevado al cambio de criterio está en que no puede considerarse que exista propiamente una disociación del derecho de voto por la circunstancia de que la legitimación para su ejercicio se haya atribuido a la administradora de las participaciones, pues en realidad no se está cuestionando la titularidad de ese derecho sino exclusivamente quién está legitimado para su ejercicio, tal y como entendiera en un caso muy similar la DGRN de 17 de marzo de 1986”.

En definitiva, no creo que deba entenderse que la cesión de derechos políticos sea una práctica contraria a a legislación imperativa, pero tampoco creo que estos pactos puedan tener efectos societarios de forma directa. Además, es importante tener en cuenta que los contratos sobre la sociedad, como una compraventa de esta, no pueden ser anulados por existir acuerdos de cesión de derechos de voto.

Resolución de 16 octubre 2012 de la DGRN sobre la inscripción de una de elevación a público de acuerdos sociales


El acuerdo que se quiere inscribir es el cambio en la forma de administración de una SL, para pasar de un consejo de administración a unos administradores mancomunados. En este caso, el cumplimiento de la notificación al anterior cargo con facultad certificante (secretaria del consejo) se da por comparecencia en la escritura de un apoderado de la secretaria del consejo, que a la vez es uno de los nuevos administradores mancomunados de la sociedad. En este cambio surgen dos problemas:
  1. Si la actuación del apoderado es suficiente para entender que se ha notificado el acuerdo o debe hacerse personalmente por el anterior titular del cargo certificante y, si ello no fuera posible, acudir a lo establecido por el art. 111[1] del RRM.
  2. Si existe conflicto de interés cuando el que se da por notificado, en nombre y representación del anterior con facultad certificante es al mismo tiempo uno de los beneficiados del nuevo nombramiento. 
Lo primero que hace la DGRN es analizar las formas admitidas de notificación, llegando a la conclusión de que el sistema por apoderado del supuesto de hecho es más seguro que los permitidos expresamente y, por tanto, debe ser aceptado, sobre esto se declara:

Si se utiliza el primero de los medios, es decir la notificación fehaciente, el art. 202 del Reglamento Notarial permite que el notario, discrecionalmente, utilice el correo certificado con acuse de recibo. Pero si estimare que dicho medio no es adecuado el notario se personará en el domicilio o lugar en que la notificación (...) deba practicarse, según la designación efectuada por el requiriente, dando a conocer su condición de notario y el objeto de su presencia. De no hallarse presente el requerido, podrá hacerse cargo de la cédula cualquier persona que se encuentre en el lugar designado y haga constar su identidad. Si nadie se hiciere cargo de la notificación, se hará constar esa circunstancia. Cuando el edificio tenga portero podrá entenderse la diligencia con el mismo”.

Si ello es así no se alcanza a comprender el inconveniente de que dicha notificación la reciba un apoderado del notificado con facultades suficientes a estos efectos. Dada la relación de confianza existente entre poderante y apoderada, más garantías tendrá la persona que deba ser notificada en caso de que la notificación la reciba la persona a la que ha conferido un apoderamiento. En este sentido, es indudable que mayor garantía tendrá el poderante de que la notificación llegará a su conocimiento por medio del apoderado debido a que éste está obligado, por el art. 260 del Código de Comercio”.

si la notificación se hace por correo certificado y ésta llega a su destino, prescindiendo de cuál sea la persona que materialmente reciba la carta, la notificación se tiene por realizada y la inscripción del nuevo nombramiento puede practicarse. Se haga por tanto de una u otra forma la notificación, no es imprescindible que ésta llegue físicamente a la persona del notificado o destinatario, sino que basta con que las notificaciones se hagan en la forma prevista legalmente, sea quien sea el que materialmente las reciba”.

En segundo lugar, la DGRN trata el conflicto de interés, llegando a la conclusión de que en este asunto tampoco hay ningún problema para no inscribir.

En su propio nombre el administrador mancomunado, en unión del otro nombrado se limita a elevar a público determinados acuerdos de la junta general. Aunque él es uno de los nombrados su actuación como tal se limita a ejecutar acuerdos de un órgano de la sociedad en unión del otro administrador mancomunado. De otra parte, como representante del anterior cargo con facultad certificante, se limita a recibir, en nombre de su representada, la notificación del acuerdo adoptado por la junta general de la sociedad relativo al cese y nombramiento del nuevo órgano de administración. Por tanto, en uno y otro concepto, el apoderado no actúa en su propio beneficio, aunque él sea el nombrado, y en perjuicio del poderdante, aunque él sea el cesado, sino que actúa dando forma legal e inscribible a un acuerdo de la junta general de la sociedad. No puede decirse por tanto que existan intereses contrapuestos con posible perjuicio de una de las partes, sino más bien intereses coincidentes por ambas partes para ejecutar y dar publicidad frente a todos a un acuerdo de la junta general de la sociedad”.

La razón de ser del art. 111 no está en la protección de los intereses particulares del anterior titular de la facultad certificante, sino en el interés de la seguridad del tráfico evitando que tengan acceso al Registro certificaciones que pudieran ser falsas o erróneas. No obstante lo dicho, en algunos supuestos muy específicos, como el caso de que el cargo de administrador según estatutos fuera retribuido, quizás pudiera darse un posible conflicto de intereses particulares, conflicto que pudiera afectar a la objetiva situación de imparcialidad del apoderado y, por tanto, invalidar su actuación en tales condiciones. Pero dado que nada de ello se indica en el acuerdo de calificación, ni el registrador centra el posible conflicto de intereses en este hecho, no podemos entrar en su examen por vedarlo el artículo 326 de la Ley Hipotecaria”.

debemos concluir que en este caso concreto no existe una situación de conflicto de intereses entre el administrador que certifica y que también se da por notificado en representación del anterior titular con facultad certificante, pues la declaración de voluntad emitida por el primero en su doble concepto, va dirigida al mismo fin que es la ejecución del acuerdo de la junta sin que se pueda hablar de la posible existencia de perjuicios patrimoniales o de otra índole para el poderdante”.
The Grand Canal, Venice, Looking Toward the Rialto - Richard Parkes Bonington


[1] Art. 111 Certificación expedida por persona no inscrita.
1. La certificación del acuerdo por el que se nombre al titular de un cargo con facultad certificante, cuando haya sido extendida por el nombrado, sólo tendrá efecto si se acompañare notificación fehaciente del nombramiento al anterior titular, con cargo inscrito, en el domicilio de éste según el Registro. La notificación quedará cumplimentada y se tendrá por hecha en cualquiera de las formas expresadas en el artículo 202 del Reglamento Notarial.
El Registrador no practicará la inscripción de los acuerdos certificados en tanto no transcurran quince días desde la fecha del asiento de presentación.
En este plazo, el titular anterior podrá oponerse a la práctica del asiento, si justifica haber interpuesto querella criminal por falsedad en la certificación o si acredita de otro modo la falta de autenticidad de dicho nombramiento.
Si se acredita la interposición de la querella, se hará constar esta circunstancia al margen del último asiento, que se cancelará una vez resuelta la misma, sin que dicha interposición impida practicar la inscripción de los acuerdos certificados.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación cuando se acredite el consentimiento del anterior titular al contenido de la certificación, mediante su firma legitimada en dicha certificación o en documento separado, ni cuando se acredite debidamente la declaración judicial de ausencia o de fallecimiento, la incapacitación o la defunción de aquél.
3. Lo dispuesto en los apartados anteriores será también aplicable a la inscripción del acuerdo de nombramiento de cargo con facultad certificante cuya elevación a público, realizada por el nombrado, haya tenido lugar en virtud de acta o de libro de actas o de testimonio notarial de los mismos.

La bandera de la Unión Europea


El Libro del Apocalipsis, parte de la Biblia, narra el capítulo de “La mujer, el hijo y el dragón”, del que vamos a ver dos versículos claramente relacionados con la bandera diseñada por Arsène Heitz en 1955.

12:1 Apareció una gran señal en el cielo: una mujer vestida del sol, y con la luna bajo sus pies. En la cabeza tenía una corona con doce estrellas.

12:5 La mujer tuvo un hijo varón que gobernará a todas las naciones con vara de hierro, pero su hijo fue llevado ante el trono de Dios.

El capítulo sigue hablando sobre la salvación de esta mujer ante el pecado original, es decir Dios mantuvo a María libre de pecados.
Inmaculada Concepción - Diego Velázquez
El dogma de la Inmaculada Concepción tiene una lectura especialmente curiosa si lo relacionamos con el origen de la Unión Europea, cuyos primeros pasos se hicieron para evitar repetir algunos de los actos más atroces en la historia de la humanidad y, concretamente, en la misma Europa. Los pasajes 12:1, 12:5, junto con muchos otros, hablan de la salvación ante el pecado que Dios mantuvo para María. Dicho de otro modo, por la gracia de Dios María nunca pecó, a diferencia del resto de la humanidad. La contraposición de este dogma con el nacimiento de una nueva organización europea es especialmente elocuente. De hecho, desde entonces Europa ha vivido el período de paz más largo visto hasta la fecha.

Como dijo Robert Schuman, uno de los padres de la UE: “We are carrying out a great experiment, the fulfillment of the same recurrent dream that for ten centuries has revisited the peoples of Europe: creating between them an organization putting an end to war and guaranteeing an eternal peace”.

Siguiendo con la bandera, si bien la representación de la Inmaculada Concepción, tal como vemos en gran número de pinturas, tiene muchos simbolismos: luna, serpiente, manzana, espejo, puerta al cielo, paloma (Espíritu Santo), manto celeste... el principal símbolo son las 12 estrellas y ante la necesidad de ponerlas en una bandera, el mejor fondo posible es uno azul, pues representa el cielo en el que apareció la mujer, tal como vimos en el versículo: Apareció una gran señal en el cielo.

Asunto Zaza Retail BV. Sentencia del TJUE de 16 noviembre de 2011


El fiscal general de Bélgica presenta una solicitud de quiebra de un establecimiento de Zaza Retail en Bélgica, sociedad con domicilio en Holanda. El caso trata la facultad de esta autoridad nacional para solicitar el concurso en Bélgica, al no poder hacerlo en Holanda, según establece la legislación de este último.

Este caso provocó una cuestión prejudicial para interpretar el art. 3.4 apartados a) y b) del Reglamento sobre Procedimientos de Insolvencia 1346/2000 del Consejo, cuyo tenor literal es el que sigue:
“4. Con anterioridad a un procedimiento principal de insolvencia en aplicación del apartado 1, un procedimiento territorial de insolvencia basado en el apartado 2 sólo puede abrirse en uno de los casos siguientes: 
 a) si no puede obtenerse la apertura de un procedimiento principal de insolvencia a tenor de las condiciones establecidas por la Ley del Estado miembro en cuyo territorio esté situado el centro de intereses principales del deudor; 
b) si la apertura del procedimiento territorial de insolvencia ha sido solicitada por un acreedor cuyo domicilio, residencia habitual o sede se encuentre en el Estado miembro en cuyo territorio se encuentra el establecimiento en cuestión, o cuyo crédito tenga su origen en la explotación de dicho establecimiento”.
Estas son las cuestiones prejudiciales (vistas brevemente) que el juez de Bélgica planteó al TJUE:
  1. ¿Las condiciones del art. 3.4 a) del Reglamento se refieren a la cualidad o al interés de una persona (como el Ministerio Fiscal de otro Estado miembro) para solicitar el concurso o estas condiciones sólo se refieren a las condiciones materiales?
  2.  ¿El término acreedor del art. 3.4 b) del Reglamento puede interpretarse de forma amplia de manera que una autoridad nacional pueda solicitar un procedimiento de insolvencia en favor del interés general y como representante del conjunto de los acreedores?
  3. En caso de que el término acreedor sea interpretado de la forma amplia de la pregunta anterior, ¿es necesario que la autoridad demuestre que actúa en interés de los acreedores?
Sobre el funcionamiento de los procedimientos de insolvencia comunitarios no entraremos ahora, pues ya se explicaron en otras entradas: El Reglamento (CE) 1346/2000 sobre procedimientos de insolvencia y la consulta pública de la Comisión Europea para su modernización y Asunto Eurofood IFSC Ltd. Sentencia del TJCE de 2 de mayo de 2006.  De todos modos, vale la pena recordar que la apertura de un procedimiento secundario de insolvencia está supeditado a condiciones diferentes en función de si ya se ha abierto o no un procedimiento principal. 

Sobre las condiciones del art. 3.4 a) el TJUE declara que “la imposibilidad de incoar un procedimiento principal de insolvencia puede derivarse de características relativas a la condición del deudor que excluyen que éste pueda ser objeto de un procedimiento de insolvencia. Como ejemplo, se refieren pertinentemente a la situación en la que, entre las condiciones establecidas en la legislación del Estado miembro en cuyo territorio el deudor tiene su centro de intereses principales, figure la cualidad de comerciante, que el deudor no tendría, o también aquella en la que el deudor fuera una empresa pública que, según dicha legislación, no podría ser declarada insolvente” y añade que “En cambio, la imposibilidad de abrir un procedimiento principal de insolvencia no puede resultar del mero hecho de que una persona determinada –como el representante del Ministerio Fiscal de un Estado miembro en cuyo territorio posee un establecimiento el deudor– no esté facultado, según la legislación del Estado miembro en el que el deudor tiene su centro de intereses principales, para solicitar la apertura de un procedimiento principal en este último Estado miembro. Desde el momento en que no se discute que otras personas, concretamente los acreedores, están facultadas para presentar tal solicitud, se deduce que la apertura de un procedimiento principal sí es posible”.


Por lo tanto, que la legislación de un Estado miembro impida solicitar el procedimiento de insolvencia a una persona en el Estado de intereses principales no se refiere a las condiciones del art. 3.4 a), sobretodo cuando a los acreedores se les permite solicitar el concurso, por lo que no puede decirse que no sea posible iniciar un procedimiento principal.

Sobre la cuestión segunda, que hace referencia al concepto de acreedor en relación al fiscal general, el juzgador declara: “De la resolución de remisión se desprende, efectivamente, que el Ministerio Fiscal tiene como objeto, en sus procedimientos, actuar en interés general. La intervención de esta autoridad responde al deseo de tratar a su debido tiempo las dificultades de una empresa, subiendo, en su caso, la inacción del deudor y de sus acreedores. Si bien no cabe excluir que la intervención del Ministerio Fiscal pueda, en algunos casos, responder al interés de todos los acreedores o, al menos, de algunos de ellos, parece acreditado que dicha autoridad no interviene ni como acreedor ni como representante del conjunto de acreedores. En la resolución se indica expresamente que, en el Derecho belga, el Ministerio Fiscal no actúa en nombre ni por cuenta de los acreedores”.

El TJUE entiende que el art. 3.4 b) del Reglamento requiere una interpretación restrictiva, por lo que una autoridad pública que actúe en dichas condiciones no puede ser asimilada a un acreedor y no está facultada para solicitar la apertura de un procedimiento territorial de insolvencia.

Debido a que el concepto de acreedor no incluye a la autoridad nacional el TJUE no entra a valorar la necesidad de que ésta demuestre que actúa en representación de los acreedores.

La difícil búsqueda de la verdad en una sociedad democrática adormecida y adulterada


El Estado Social, Democrático y de Derecho es la mejor opción posible, pero ni es perfecta ni se utiliza debidamente. El partidismo y la falta de madurez democrática, junto con la ausencia del carácter crítico y objetivo frena los avances sociales, tanto en política como en civismo, economía, cultura, etc.
The Death of Socrates - Jean Francois Pierre Peyron 
Uno de los problemas más graves es la poca transparencia, pues a la ciudadanía se le esconde información básica para ejercer el derecho a decidir por uno mismo. Esta falta de transparencia está siendo especialmente grave en estos años de crisis, se esconden las negligencias bancarias, las balanzas fiscales, la forma de toma de decisiones en la UE, el movimiento de miles de millones de euros entre manos políticas y bancarias, se aprueban leyes sin debates previos (además de publicarse intentando hacer el mínimo de revuelo posible) e, incluso, se intenta desviar la atención de ciertas medidas con debates vacuos. Personalmente destacaría el papel de Wert, pero no quiero entrar en debates partidistas. La cuestión principal es que la ciudadanía debe ser informada con transparencia y con debate previo antes de la toma de decisiones legislativas.

Esta ausencia de transparencia no sólo se ha visto en la reestructuración bancaria, el actual uso inconstitucional de los Real Decreto Ley es un ejemplo claro de la ausencia de transparencia y debate público. La ciudadanía tiene el deber moral de oponerse a la aprobación de normas como la reforma sanitaria o del sistema bancario sin debate previo, aunque el gobierno de turno tenga la mayoría absoluta. Es decir, el legislador puede aprobar lo que su mayoría le permita, pero nunca menospreciando el libre intercambio de información y opiniones.

Otro problema y obstrucción clara al conocimiento de la población es la prensa parcial. El problema no es que un diario u otro sea más cercano a una posición política, lo que pasa es que confunden el deber de información objetiva con la prensa de opinión. La prensa no puede falsear la realidad, pues aunque no todo es blanco o negro, todos sabemos que muchas informaciones sí que tienen un carácter objetivo detrás y ese mínimo de veracidad debe ser respetado, cosa que no está pasando hoy en día.

Si no es suficiente la pérdida de valores en la prensa tradicional y la casta política, internet provoca el menosprecio a la verdad, la falta de fuentes y el exceso de información limita la capacidad del lector para discernir lo que verdaderamente importa y lo que es verdad de media verdad o falsedad.

Somos víctimas de una deformación del Estado Democrático y de Derecho, y lo que es peor, las víctimas de esta aberración cada vez  tienen menos fuerza de voluntad y menos respeto a la cultura del esfuerzo. Esto deviene especialmente grave cuando vemos que la sociedad cada vez es más compleja, hecho que debería contestarse con más y mejor preparación de la ciudadanía, no con menos trabajo, esfuerzo y respeto a los valores de autosuperación.

Respuesta catalana al Real Decreto-ley 20/2012 de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad


Versió en català: LINK

El RD-ley 20/2012 supuso una regulación que pretende armonizar ciertas normas administrativas, afectando, entre otras, normas básicas sobre ordenación del comercio a nivel estatal. Este RD-ley ha recibido una respuesta catalana mediante el Decreto ley 4/2012, del que destacamos algunos extractos.

“La situación generada por la entrada en vigor del Real decreto ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad ha conllevado la rotura del equilibrio competencial existente hasta este momento entre el Estado y Generalitat, tanto en materia de horarios comerciales como en determinados aspectos de la regulación de las ventas promocionales, y en todo caso este nuevo marco normativo obliga a adoptar con carácter de urgencia medidas que clarifiquen cuáles son las disposiciones aplicables a Cataluña en estos ámbitos, especialmente teniendo en cuenta los efectos previstos en los puntos 4 y 5 del artículo 27 del Real Decreto ley 20/2012, de 13 de julio, -de manera inmediata: libertad absoluta de horarios, 24 horas al día 365 días al año, excepto de los días festivos, y de manera diferida (a partir del 1 de enero de 2013) apertura durante todos los días festivos del año- en caso de que la Generalitat no apruebe una regulación específica”.

“Esta situación requiere por parte del Gobierno de la Generalitat, por razones de urgencia y de seguridad jurídica, detallar de forma clara en una disposición, que por los motivos expuestos hay que utilizar la figura del decreto ley, cuál es la normativa aplicable a Cataluña en materia de horarios comerciales y en materia de actividades comerciales promocionales, dado el conjunto de modificaciones normativas mencionadas, y dado los títulos competenciales en juego, en defensa de las competencias exclusivas de la Generalitat en materia de comercio. Además, teniendo en cuenta que las medidas adoptadas con relación al conflicto planteado pueden conducir previsiblemente a la interposición del correspondiente recurso de inconstitucionalidad, y considerando la demora inherente a los procedimientos que se llevan a cabo ante el Tribunal Constitucional, se hace necesario aprobar, de manera urgente y como medida cautelar, este Decreto ley para evitar daños irreparables derivados del impacto de la nueva regulación que ha sido impulsada por el Gobierno del Estado”.

“Por tanto, con esta medida de urgencia se pretenden evitar daños de difícil reparación al tejido comercial de Cataluña mientras no se resuelvan los conflictos de constitucionalidad planteados por la entrada en vigor del Real decreto ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, dado el tiempo necesario para resolver los conflictos de constitucionalidad que puedan derivarse”.
Plein Air - Ramon Casas i Carbó
Algunas de las disposiciones más relevantes en materia de horarios comerciales:
Art. 1.2 a) “Los establecimientos comerciales no pueden permanecer abiertos, ni realizar ninguna actividad de venta entre las 22 h y las 7 h”.  
Art. 1.2 b) “El número máximo de horas diarias en que los establecimientos comerciales pueden permanecer abiertos es de doce”.  
Art. 1.2 c) “El tiempo semanal de apertura de estos establecimientos los días laborables es de setenta y dos horas, como máximo”.  
Art. 1.2 d) “El número de domingos y festivos en que podrán permanecer abiertos los establecimientos es de ocho al año en total”. 
Art. 1.4 “La Dirección General de Comercio podrá autorizar la modificación de la franja horaria establecida por la letra a) del apartado 2 para los establecimientos situados en una zona determinada o para todo un término municipal, con la solicitud motivada del ayuntamiento correspondiente, que debe adoptar la delimitación de la zona afectada, en su caso, e informe del Consejo Comarcal, siempre que la modificación no comporte incremento de los tiempos semanal autorizado de apertura en días laborables”.
Art. 2 sobre “Supuestos de exclusión del horario comercial general".
"Las limitaciones a que se refiere el artículo 1 no afectan a los casos siguientes: 
a) Los establecimientos dedicados esencialmente a la venta de productos de pastelería, repostería, churrería, pan, platos preparados, prensa, flores y plantas, y las denominadas tiendas de conveniencia.  
b) Los establecimientos instalados en puntos fronterizos y los que sólo son accesibles desde el interior de las estaciones y medios de transporte terrestre, marítimo y aéreo.  
c) La venta de combustibles y carburantes (no incluye los típicos establecimientos anexos de alimentación, revistas, etc).  
g) Establecimientos de afluencia turística como: museos, exposiciones, monumentos, centros recreativos, parques de atracciones y temáticos.  
i) Establecimientos de compra cotidiana de alimentación que no superen los 150 m2”.
Por lo que hace al período de ventas en rebajas el art. 5 establece:
“La venta en rebajas se puede llevar a cabo, a criterio de cada comerciante y durante el plazo que éste considere oportuno, dentro de los siguientes períodos estacionales: 
a) Período estacional de invierno: desde el día 7 de enero hasta el día 6 de marzo, ambos incluidos.  
b) Período estacional de verano: desde el día 1 de julio hasta el día 31 de agosto, ambos incluidos”.
Además de estos preceptos encontramos otros igualmente relevantes, pero que no veremos ahora, como es el concepto de outlet.

Finalmente, destaca el origen del conflicto entre el Gobierno del Estado y el Gobierno de la Generalitat, tal como vemos en la Disposición Final Primera: "Este Decreto ley se promulga de acuerdo con la competencia exclusiva en materia de comercio interior establecida en el artículo 121.1 del Estatuto de autonomía de Cataluña".

Resposta catalana al Reial Decret-llei 20/2012 de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat


Para la versión en castellano: LINK

El RD-llei 20/2012 va suposar una regulació que pretén harmonitzar certes normes administratives, afectant, entre d’altres, normes bàsiques sobre ordenació del comerç a nivell estatal. Aquest RD-llei ha rebut una resposta catalana mitjançant el Decret llei 4/2012, del qual es destaquen alguns aspectes.

"La situació generada per l’entrada en vigor del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat ha comportat el trencament de l’equilibri competencial existent fins en aquest moment entre Estat i Generalitat, tant en matèria d’horaris comercials com en determinats aspectes de la regulació de les vendes promocionals, i en tot cas aquest nou marc normatiu obliga a adoptar amb caràcter d’urgència mesures que clarifiquin quines són les disposicions aplicables a Catalunya en aquests àmbits, especialment tenint en compte els efectes que preveuen els punts 4 i 5 de l’article 27 del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, -de manera immediata: llibertat absoluta d’horaris, 24 hores al dia 365 dies a l’any, llevat dels dies festius, i de manera diferida (a partir de l’1 de gener de 2013) obertura durant tots els dies festius de l’any- en cas que la Generalitat no aprovi una regulació específica”.

“Aquesta situació requereix per part del Govern de la Generalitat, per raons d’urgència i de seguretat jurídica, detallar d’una manera clara en una disposició, que pels motius exposats cal utilitzar la figura del decret llei, quina és la normativa aplicable a Catalunya en matèria d’horaris comercials i en matèria d’activitats comercials promocionals, atès el conjunt de modificacions normatives esmentades, i atès els títols competencials en joc, en defensa de les competències exclusives de la Generalitat en matèria de comerç. A més, tenint en compte que les mesures adoptades amb relació al conflicte plantejat poden conduir previsiblement a la interposició del corresponent recurs d’inconstitucionalitat, i considerant la demora inherent als procediments que se substancien davant del Tribunal Constitucional, es fa necessari aprovar, de manera urgent i com a mesura cautelar, aquest Decret llei per tal d’evitar danys irreparables derivats de l’impacte de la nova regulació que ha estat impulsada pel Govern de l’Estat”.

“Per tant, amb aquesta mesura d’urgència es pretén evitar danys de difícil reparació al teixit comercial de Catalunya mentre no es resolguin els conflictes de constitucionalitat plantejats per l’entrada en vigor del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, atès el temps necessari per resoldre els conflictes de constitucionalitat que puguin derivar”.

Algunes de les disposicions més rellevants en matèria d’horaris comercials:
Art. 1.2 a) “Els establiments comercials no poden romandre oberts, ni realitzar cap activitat de venda entre les 22 h i les 7 h”.  
Art. 1.2 b) “El nombre màxim d’hores diàries en què els establiments comercials poden romandre oberts és de dotze”.  
Art. 1.2 c) “El temps setmanal d’obertura d’aquests establiments els dies feiners és de setanta dues hores, com a màxim”.  
Art. 1.2 d) “El nombre de diumenges i festius en què poden romandre oberts els establiments és de vuit l’any en total”. 
Art. 1.4 “La Direcció General de Comerç pot autoritzar la modificació de la franja horària establerta per la lletra a) de l’apartat 2 per als establiments situats en una zona determinada o per tot un terme municipal, amb la sol·licitud motivada prèvia de l’ajuntament corresponent, que ha d’adoptar la delimitació de la zona afectada, si s’escau, i informe del Consell Comarcal, sempre que la modificació no comporti increment dels temps setmanal autoritzat d’obertura en dies feiners”.
Art. 2 sobre “Supòsits d’exclusió de l’horari comercial general".
"Les limitacions a què es refereix l’article 1 no afecten els casos següents:

a) Els establiments dedicats essencialment a la venda de productes de pastisseria, rebosteria, xurreria, pa, plats preparats, premsa, flors i plantes, i les anomenades botigues de conveniència.  
b)  Els establiments instal·lats en punts fronterers i els que només són accessibles des de l’interior de les estacions i mitjans de transport terrestre, marítim i aeri”.  
c) La venda de combustibles i carburants (no inclou els típics establiments annexos d’alimentació, revistes, etc).  
g) Establiments d’afluència turística com: museus, exposicions, monuments, centres recreatius, parcs d’atraccions i temàtics.  
i) Establiments de compra quotidiana d’alimentació que no superin el 150 m2”.
Pel que fa al període de vendes en rebaixes l’art. 5 estableix:
“La venda en rebaixes es pot dur a terme, a criteri de cada comerciant i durant el termini que aquest consideri adient, dins dels següents períodes estacionals: 
a) Període estacional d’hivern: des del dia 7 de gener fins al dia 6 de març, ambdós inclosos.  
b) Període estacional d’estiu: des del dia 1 de juliol fins al dia 31 d’agost, ambdós inclosos”.
A part d’aquests preceptes en trobem altres de rellevants però que no veurem ara, com és el concepte de outlet.

Finalment, destaca l’origen del conflicte entre Govern de l’Estat i el Govern de la Generalitat, com veiem a la Disposició Final Primera: “Aquest Decret llei es promulga d’acord amb la competència exclusiva en matèria de comerç interior establerta a l’article 121.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya”.

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