Company Voluntary Arrangement (CVA) en UK y Convenio de acreedores en España


Los Company Voluntary Arrangement (CVA) y los Individual Voluntary Arrangement (IVA) son dos figuras de derecho concursal del Reino Unido, cuya regulación se halla en la Insolvency Act 1986. En cambio, en España se regula la figura llamada Convenio de acreedores sin esta separación, regulación que se halla en la Ley Concursal 22/2003.

Los CVA sirven para pactar esperas y quitas en empresas mientras que los IVA son para sole traders y self-employeds (comerciantes individuales y trabajadores autónomos).

Los CVA se deben aprobar por los acreedores de la compañía, en un porcentaje del 75% del pasivo y, posteriormente, por los socios de la deudora en un 50%. En el caso de los Convenios de la Ley Concursal 22/2003 el porcentaje requerido es, en general, del 50% del pasivo ordinario (contando privilegiados que voten a favor, en su caso), pero también requiere la aprobación judicial, cosa que no pasa en los CVA.

La aprobación de los CVA vincula automáticamente a los acreedores (sin garantías reales), aunque votaran en contra de éste, como también pasa en España.

Tanto en España como en UK la aprobación de los convenios de pagos permite la continuidad en la actividad de la empresa, pues es estado de insolvencia desaparece.

Además de los convenios en ambos países también se regula la figura de los acuerdos de refinanciación, que son otra alternativa válida para las empresas que aún no han sido declaradas en concurso.

Mientras que un scheme of arrangement (que es el equivalente del acuerdo de refinanciación en España) requiere la aprobación judicial, los CVA no, aunque si son impugnados pasan a ser valorados por un juez. Una diferencia destacable entre el derecho inglés y español es que en el primero los scheme of arrangement pueden vincular a acreedores con garantía real, mientras que los acuerdos de refinanciación no, al menos de momento. Sin embargo, vale la pena destacar que múltiples voces se han pronunciado a favor de una aplicación de la Ley Concursal más próxima a la Insolvency Act 1986, e incluso en alguna sentencia de primera instancia se ha hecho extensible tal efecto con la homologación de los acuerdos de refinanciación.

En la Ley Concursal las quitas y esperas de los Convenios se limitan, poniendo máximos tanto en la cuantía de las quitas como en el período de las esperas. Además, como ya hemos visto, los CVA no requieren aprobación judicial, pero los Convenios del derecho español sí necesitan de aprobación del Juez vía Sentencia (Juzgado de lo Mercantil), además de la aprobación previa de acreedores y del deudor. De todos modos, los límites pueden superarse si la empresa es de especial trascendencia para la economía.

¿Qué son las medidas cautelares?


Las medidas cautelares son actuaciones realizadas bajo el control judicial a solicitud de una de las partes, con la finalidad de proteger los posibles efectos de una futura sentencia y, por lo tanto, se llevan a cabo prudencialmente antes de que el juez decida sobre el objeto del litigio.

Debido a que estas actuaciones se solicitan para proteger posibles cambios de la situación actual, en vistas a una sentencia futura, su tratamiento debe hacerse de forma rápida y en un procedimiento autónomo del principal. Sin embargo, las decisiones que se tomen en este procedimiento previo y autónomo no vinculan la decisión futura. En su aplicación deben tenerse en cuenta tanto los intereses de la parte demandada como de la demandante, para que la sentencia final no se vea perjudicada por las medidas cautelares. Para responder a esta finalidad se regulan varios requisitos de carácter obligatorio.

Las medidas cautelares deben limitarse a su finalidad exclusiva y no ser susceptible de sustitución por otra medida igualmente eficaz. Al respecto vale la pena ver la entrada “Concepto, formas y aplicación de la caución sustitutoria”, que sirve justamente para modificar una medida cautelar por otra menos gravosa para el demandado.

La LEC presenta una lista abierta de posibles medidas cautelares: embargo preventivo de bienes, intervención o administración judicial de bienes productivos, depósito de cosa mueble, formación de inventarios de bienes, anotaciones registrales, suspensión de acuerdos sociales impugnados, etc.

Para que pueda otorgarse una medida cautelar deben darse tres circunstancias: i) periculum in mora, ii) fumus boni iuris y iii) caución.

El periculum in mora es el peligro potencial de un retraso en la decisión y ejecución de la sentencia. Es decir, el peligro de que, si no se adoptan las medidas cautelares, la futura sentencia que se dicte no pueda cumplir su cometido y quede vacía de contenido aplicable. La principal cuestión a resolver aquí es la determinación del verdadero riesgo objetivo y subjetivo del juicio, no de un simple riesgo abstracto por el paso del tiempo.

El fumus boni iuris es la apariencia de buen derecho. En este punto y tal como indica su expresión latina, lo que debe hacerse es un análisis superficial de los derechos reclamados por la demandante, sin entrar en el fondo del asunto para no adelantar el juicio. Respecto a este análisis se suele hablar de la verosimilitud del derecho invocado, pero no debe prejuzgarse el objeto del litigio.

En cuanto a la caución, su finalidad es proteger al demandado de los posibles perjuicios sufridos a causa de las medidas cautelares. La caución es de aplicación general y sólo puede eximirse de ella cuando la medida cautelar no va a provocar ningún daño al demandado, aunque la sentencia dictada desestimara la demanda. Por lo tanto, la caución es una garantía y debe presentarse con la solicitud de medidas cautelares, justificando su tipo y su cuantía.

El papel de los Estados ante el conflicto sirio: ¿Por qué los gobiernos se plantean la intervención militar?


*Debido a la complejidad de la materia, aquí sólo se quiere destacar una de las variables que afectan a los gobiernos a la hora de intervenir militarmente en otro Estado sin el apoyo directo de instrumentos de derecho internacional público. Tampoco se quiere reflejar una opinión personal sobre ningún caso concreto, aunque el planteamiento de la cuestión se debe a la posible intervención de EEUU en Siria.

Cuando un Estado interviene en otro militarmente suele buscarse una razón mercantil, sobretodo de comercio exterior y estabilidad económica. Sin embargo, el cambio de paradigma habido en las últimas décadas, en cuanto a materia de justicia internacional, es una causa de mucho peso a la hora de intervenir o no en un país ajeno al gobierno que decide actuar.

A medida que la sociedad y sus instituciones maduran, el papel del Estado adquiere una finalidad que va más allá de la simple conservación fronteriza, primero militar y después democrática y social. A medida que la sociedad avanza y con ello la Administración del Estado, estas finalidades sobrepasan el interés social interno para defender un sentido de justicia global, que busca el bienestar del ser humano como tal.
Para la preservación de los derechos mínimos de todo ciudadano existen las organizaciones internacionales, pero los Estados como parte individual y activa pueden seguir actuando por su cuenta. Esta actuación por cuenta propia busca la aceptación previa de la comunidad internacional, es decir a través del derecho internacional público. Sin embargo, cuando los instrumentos internacionales no pueden dar una respuesta suficiente (o ninguna), principalmente a causa de los complejos procedimientos legales del derecho internacional, la intervención por cuenta propia y sin aceptación previa de la comunidad internacional adquiere peso.

Por lo tanto, cuando un Estado entiende que las vías diplomáticas y legales son insuficientes para defender los derechos humanos mínimos utiliza la vía militar como sanción al gobierno infractor (o supuestamente infractor). Pensando que ello puede restablecer o arreglar el estado de las cosas.

Estas actuaciones son una intromisión a la soberanía del Estado intervenido, pero también una infracción de los pactos entre el resto de Estados. Es decir, hacia los tratados internacionales que, supuestamente, han devenido insuficientes y provocado la intervención militar unilateral. En consecuencia, estas intervenciones pueden provocar nuevos conflictos, como un efecto dominó, a no ser que el resto de partes implicadas acepten tácitamente que los instrumentos internacionales han sido insuficientes para dar respuesta al problema. La otra opción es que el país que interviene tenga la suficiente capacidad para actuar sin la aceptación tácita o expresa del resto de países. Es decir, que sea una autoridad pública e internacional de facto, pero la aceptación tácita en este tipo de actuaciones puede ser más común de lo que oficialmente se diga, ya que sólo el (o los ) Estado interventor tendría los recursos necesarios para asumir la responsabilidad de los actos públicamente.

UNCITRAL, Working Group I: Micro, Small and Medium Enterprises


UNCITRAL announced a new meeting for the Working Group I, it will start in 2014 (10-14 February, New York) and will cover micro, small and medium sized companies.

The content of the agenda has not been announced yet, but there would be issues on the flexibility and performance of the obligations required to these companies, their definitions, growth incentives, ways of organization, etc. Furthermore, although this work is pointing to three kind of companies, it should be noted that the obligations of a microenterprise can be quite different from a medium one. This is because in a medium company there are several workers involved and its turnover is usually much more relevant than in a microenterprise.

In this field, the European Union adopted a Recommendation concerning the definition of micro, small and medium-sized enterprises. In this Recommendation we can see the big difference between a medium-sized company and a microenterprise. For example, the first one can be up to 250 workers, while the latter can only reach 10 workers.

(Medium) This Recommendation, adopted on May 2003, first gives a concept for the medium-sized companies: “The category of micro, small and medium-sized enterprises (SMEs) is made up of enterprises which employ fewer than 250 persons and which have an annual turnover not exceeding €50 million, and/or an annual balance sheet total not exceeding €43 million”.

Afterwards, the Recommendation define small and microenterprises.

(Small) By small company is meant: “Within the SME category, a small enterprise is defined as an enterprise which employs fewer than 50 persons and whose annual turnover and/or annual balance sheet total does not exceed €10 million”.

(Micro) Finally, microenterprise is defined as: “Within the SME category, a microenterprise is defined as an enterprise which employs fewer than 10 persons and whose annual turnover and/or annual balance sheet total does not exceed €2 million”.

One interesting question that could address the Working Group, is the diversity of existing legal forms used in SMEs. Then, while the volume of business grows the company is forced, in practice, to use certain legal structures to limit the liability of the partners. However, until companies do not acquire certain volume its structure varies widely, making it difficult to give a general treatment to all the “small”-sized enterprises.

Grupo de trabajo I de la UNCITRAL sobre PYMES (micro, small and medium enterprises)


La UNCITRAL anunció un nuevo período de sesiones para su Grupo de trabajo I, que empezará en 2014 (10-14 de febrero en Nueva York) y tratará sobre las empresas de tamaño muy reducido, pequeñas y medianas (micro, small and medium enterprises).

Aún no se ha anunciado el contenido de la agenda para esa sesión, pero deberían tratarse temas como la flexibilización y cumplimiento de las obligaciones de estas compañías, sus definiciones, los incentivos a su crecimiento, sus formas de organización, etc. Además, aunque se trate de un trabajo dirigido a tres tamaños de empresa, debería tenerse en cuenta que las obligaciones de una microempresa deben ser bastante distintas a una mediana, cuya actividad empieza a afectar a varios trabajadores y su facturación suele ser de relevancia, cosa que en las microempresas, evidentemente, no ocurre. Si miramos a nivel comunitario (UE) veremos que ya se aprobó una Recomendación “sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas”. En esta Recomendación podemos ver la gran diferencia que existe entre una empresa mediana y una microempresa, llegando la primera a 250 trabajadores y la segunda a sólo 10.

(Medianas) En esta Recomendación de 6 de mayo de 2003 primero se da un concepto más general que engloba las medianas empresas: “La categoría de microempresas, pequeñas y medianas (PYME) está constituida por las empresas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no excede de 43 millones de euros”.

Posteriormente se definen las pequeñas y las microempresas.

(Pequeñas) Por pequeña empresa se entiende: “En la categoría de las PYME, se define a una pequeña empresa como una empresa que ocupa a menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 10 millones de euros”.

(Microempresas) Finalmente, por microempresa se entiende lo siguiente: “como una empresa que ocupa menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 2 millones de euros”.

Una de las cuestiones interesantes que podría abordar el Grupo de trabajo trata la diversidad de formas jurídicas existentes y utilizadas en las PYMES, pues a medida que el volumen de la empresa crece se ve obligada a seguir ciertas formas jurídicas de limitación de la responsabilidiad. Sin embargo, hasta que las empresas no adquieren cierto volumen su estructura varía mucho, lo que dificulta dar un trato general a todas las empresas de “reducido” tamaño.

El opt-in y el opt-out en las class action (acciones de clase) españolas


Las acciones de clase, conocidas como class action por su origen estadounidense y vinculación a éste, son demandas para la protección de intereses de distintos sujetos afectados por una misma causa inicial, sin que los miembros afectados estén totalmente determinados al presentarse la demanda.

Su regulación actual se halla en unos pocos artículos de la LEC, destacando principalmente el art. 11.3: “Cuando los perjudicados por un hecho dañoso sean una pluralidad de consumidores o usuarios indeterminada o de difícil determinación, la legitimación para demandar en juicio la defensa de estos intereses difusos corresponderá exclusivamente a las asociaciones de consumidores y usuarios que, conforme a la Ley, sean representativas”.

La forma de regular estas acciones varía mucho según el Estado en que miremos, pero en España no se sigue ninguna de las dos opciones básicas por las que optar, sino una intermedia. En EUA se opta por afectar a toda la clase y dar un derecho individual de opt-out a los afectados. Es decir separarse de la demanda colectiva para defenderse individualmente en un procedimiento a parte, como también se permite en Portugal. En otros lugares, como UK, se opta por no afectar a todos los miembros de la clase de forma automática sino que estos deben ejercer su derecho de opt-in. Es decir, unirse a la demanda inicial.
En cambio, de estos dos modelos que podemos definir como básicos, en el ordenamiento jurídico español se optó por una tercera vía. Bajo la aplicación de la LEC, las demandas colectivas afectan a todos los miembros del grupo sin poder ejercer el derecho de opt-out, lo que supone una diferencia importante con la regulación estadounidense. Sin embargo, se introduce un derecho de opt-in que no se utiliza para que les afecte la sentencia, pues eso ya es de aplicación automática ex lege. La finalidad de este opt-in responde al derecho del ciudadano a participar de un proceso judicial que le será aplicable quiera o no (en el sentido de cosa juzgada no de ejecución de la sentencia).

El resultado de esta regulación, que se separa de su fuente de inspiración estadounidense, permite una aplicación homogénea del derecho y una mayor eficiencia judicial, evitando duplicidades. Asimismo, también puede provocar otra consecuencia menos evidente y quizá cuestionable, pero que me parece cierta y lógica, que es el fomento del cooperativismo entre afectados y, en especial, el beneficio por todos los miembros de la clase, de los recursos que afectados en mejor situación posean.

Se podría decir que la figura americana (de corte liberal) fue ligeramente modificada para adaptarla a una comunidad más social, como es habitual en el sur de Europa, pero Portugal no siguió esta lógica comentada y otros lugares ni siquiera han aceptado esta figura, como es el caso francés. Por lo tanto, deviene muy difícil explicar las motivaciones de las distintas variaciones legislativas, pero las ya comentadas habrán afectado en mayor o menor medida.

Enfoque general a la regulación de los contratos de agencia


1. INTRODUCCIÓN

El contrato agencia se encuentra regulado en su propia ley, la Ley 12/1992, de 27 de mayo, sobre el Contrato de Agencia (LCA), como respuesta al deber de transponer la Directiva 86/653/CEE relativa a la coordinación de los derechos de los Estados Miembros en lo referente a los agentes comerciales independientes. Sin embargo, se prevé integrar este tipo contractual en el futuro Código Mercantil, que de momento ya fue entregado por la Sección de Derecho Mercantil de la Comisión General de Codificación. Apuntar que a diferencia de otras normas, en materia de contratos de agencia, la Comisión no propone prácticamente ningún cambio a esta ley, pues ha sido un caso de éxito desde su promulgación.


2. CONCEPTO

El concepto de contrato de agencia se presenta en el art. 1 Ley 12/1992 del siguiente modo: Por el contrato de agencia una persona natural o jurídica, denominada agente, se obliga frente a otra de manera continuada o estable a cambio de una remuneración, a promover actos u operaciones de comercio por cuenta ajena, o a promoverlos y concluirlos por cuenta y en nombre ajenos, como intermediario independiente, sin asumir, salvo pacto en contrario, el riesgo y ventura de tales operaciones”.

Como se puede ver, estamos ante un contrato muy parecido al de comisión, cuya regulación puede servir como norma supletoria. Respecto a los contratos de comisión la agencia se diferencia, principalmente, por su carácter estable y duradero.

La función económica que cumple el contrato de agencia, como también lo hacen con sus particularidades otros contratos como el de comisión o el de distribución, es ampliar la clientela o el número de operaciones cerradas con la ya existente, mediante la contratación de un operador económico independiente (el agente en este caso). Dicha ampliación en las ventas del principal se consigue con un desembolso de dinero, a modo de inversión en gastos normalmente variables, que son inferiores a la inversión que debería hacer si el principal realizara estas operaciones por si mismo. Lo que se ahorra el principal puede ser dinero, tiempo o varias cosas a la vez. Por lo tanto, con el agente el empresario (principal) se evita el establecimiento de una sucursal, filial u otra forma de comercializar sus productos o servicios directamente.

El contrato, que debe ser con cierta duración para adquirir la característica de estable y duradero para diferenciarse de la comisión, puede pactarse por tiempo determinado o indefinido. De no pactarse un plazo concreto se considerará indefinido. Sin embargo, cabe la posibilidad de probar que se pactó un plazo determinado verbalmente si la presunción se aplica por falta de acuerdo escrito. Los contratos de plazo determinado pueden incorporar una cláusula en que se pacten prórrogas sucesivas y en los contratos de plazo determinado que continúen ejecutándose tras sobrepasar éste, el plazo se entenderá indefinido, sin perjuicio de la prueba en contrario ya comentada.


3. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Las partes integrantes de un contrato de agencia son el agente y el principal. Lo primero que debe tenerse en cuenta en materia de obligaciones de las partes es que ambas tienen que cumplir con los principios de lealtad y buena fe, que son una obligación genérica de toda relación contractual (art. 57 CCom y 1258 CC).

El agente, como parte más activa del contrato, es el sujeto que más obligaciones debe soportar. De todos modos, la mayor carga obligacional se compensa con una normativa tuitiva del agente, que suele ser la parte débil de la negociación.

La función principal del agente es la promoción y conclusión de las obligaciones encargadas y aceptadas en el contrato (art. 9 LCA). La función del agente puede limitarse a la promoción de los encargos o ampliarse también a la capacidad de conclusión.

El resto de deberes provenientes del buen hacer de la primera son: comunicar al empresario toda la información que disponga, cuando sea necesario para la buena gestión de los encargos y, en particular, sobre la solvencia de terceras partes contratantes; atender a las instrucciones del principal; recibir en nombre del principal las reclamaciones por las actividades promovidas, aunque no las hubiera concluido y rendir cuentas. Otra obligación común es cumplir el pacto de exclusiva o no competencia (y que debe constar expresamente por escrito con su contraprestación concreta).

Las obligaciones del principal se establecen en el art. 10 LCA, que son: poner a disposición del agente la información necesaria para el ejercicio de la actividad profesional, incluida la necesaria para la ejecución del contrato y en especial la que prevea una disminución del volumen de operaciones y satisfacer la remuneración pactada. Además, tiene un plazo de 15 días para comunicar al agente la aceptación o rechazo de la operación comunicada, obligación que incluye el grado de ejecución de la operación.

Además de las obligaciones reguladas en la propia LCA, hay que tener en cuenta otras normas, de las que destacan la legislación de defensa de la competencia y la normativa sobre consumidores y usuarios. Respecto a la segunda, destaca la responsabilidad directa por productos defectuosos regulada en el RDLeg 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

El art. 25 LCA establece un plazo de preaviso para los supuestos de contrato indefinido. En estos casos, cualquiera de las partes podrá resolver el contrato por denuncia unilateral escrita. El plazo será de 1 mes para cada año de vigencia del contrato, hasta un máximo de 6 meses y nunca inferior a 1 mes. Este preaviso podrá ser ampliado pero no reducido.

Según el art. 26 LCA, en cualquier tipo de contrato, tanto determinado como indefinido, cualquier parte podrá dar por finalizado el contrato sin preaviso por incumplimiento, total o parcial, de las obligaciones establecidas, así como por declaración de concurso de la otra parte. Esta última facultad (en caso de concurso) es una excepción al principio de continuidad en las obligaciones recíprocas cuando se produce la insolvencia de una parte contractual, puesto que la norma general es tener por nula toda cláusula que prevea la extinción del contrato por concurso de alguna parte. Por lo tanto, el art. 26 LCA se aparta de la norma establecida en el art. 61.2 y .3 Ley Concursal.


4. INDEMNIZACIONES

En los contratos de agencia existen tres tipos de indemnizaciones que pueden aplicarse por separado o conjuntamente, estas son las dos indemnizaciones específicas reguladas en la propia LCA y una tercera no específica. La indemnización por clientela y la indemnización por daños y perjuicios por inversiones no amortizadas son las específicas, mientras que la indemnización general por daños y perjuicios de toda relación contractual también puede ser aplicada. Por supuesto, esta última debe aplicarse cuando no responde a las mismas causas que las dos específicas. Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de pactar cláusulas penales.

La indemnización por clientela (art.  28 LCA) requiere la aportación de nuevos clientes al principal por parte del agente, o bien un incremento en el número de operaciones con la clientela preexistente al empezar a actuar el agente. Además, para que esta indemnización sea pertinente es necesario que la actividad del agente continúe produciendo ventajas sustanciales para el empresario y sea procedente por la pérdida de comisiones, la existencia de un pacto de prohibición de competencia u otras circunstancias pertinentes. En caso de muerte o declaración de fallecido del agente el derecho de indemnización por clientela no se pierde.

El art. 28.3 LCA establece un límite cuantitativo a este derecho, en concreto declara que: “La indemnización no podrá exceder, en ningún caso, del importe medio anual de las remuneraciones percibidas por el agente durante los últimos cinco años o, durante todo el período de duración del contrato, si éste fuese inferior”.

Sobre el art. 28 LCA podemos ver la STS 341/2012 de 31 de mayo de 2012 (Ignacio Sancho Gargallo), en cuyos fundamentos de derecho podemos leer algunos extractos muy clarificantes sobre el art. 3.2 CC: “la equidad habrá de ponderarse en la aplicación de las normas, si bien las resoluciones de los tribunales sólo podrán descansar de manera exclusiva en ella cuando la ley expresamente lo permita” y “En nuestro caso, el art. 28.1 LCA acude a la equidad en la apreciación de la procedencia de la indemnización por clientela”. “Conviene advertir que el legislador no cuantifica la indemnización por clientela ni suministra los parámetros para su cuantificación, sino que se limita a establecer un tope máximo, en el apartado 3 del art. 28 LCA (…).  Es por ello que el juicio de equidad en la determinación de la procedencia de la indemnización por clientela previsto en el apartado 1 del art. 28.1 LCA debe alcanzar también a la fijación de su importe, sin perjuicio de que en todo caso deba respetar del límite legal contenido en el apartado 3”.

En conclusión, el juez puede utilizar la equidad sólo con una norma habilitadora y éste es el caso del art. 28 LCA, teniendo en cuenta, además, que la indemnización por clientela tiene un límite máximo legal, pero no uno mínimo.

La indemnización por daños y perjuicios específica del art. 29 LCA, conocida como indemnización por inversiones no amortizadas, declara el derecho a indemnización por el perjuicio económico causado debido a la resolución unilateral del contrato de duración indefinida por parte del principal, siempre que la misma no permita al agente amortizar los gastos que, a instancia del principal, ha realizado para la ejecución del contrato. En estos supuestos existe la posibilidad de que el principal impugne la procedencia de las inversiones realizadas por el agente, alegando la desproporcionalidad de las inversiones.


5. COMISIONES

La remuneración del agente, según el art. 11 LCA, puede ser mediante una comisión, una cantidad fija o una combinación de ambas. Debido a la naturaleza jurídica de los contratos de agencia la vía más utilizada es la de incorporar una remuneración variable, ya sea únicamente con la cantidad variable o junto a un porcentaje fijo. Esto se debe a que no estamos ante una relación de dependencia, por lo que una cantidad fija haría que el agente parezca más un trabajador dependiente que un empresario independiente del principal. Debido a esta y otras características a veces es complicado diferenciar entre las relaciones mercantiles de los contratos de agencia y otras rlaciones con vincualción laboral, en las cuales no se les aplica la LCA.

En el art. 11.2 LCA podemos ver qué se entiende por comisión: “Se reputa comisión cualquier elemento de la remuneración que sea variable según el volumen o el valor de los actos u operaciones promovidos, y, en su caso, concluidos por el agente”.

Tal y como veremos, el derecho a la comisión puede ser por actos concluidos durante la vigencia del contrato o una vez extinguido. En el art. 12 LCA se regula el primero de los supuestos. Para tener derecho a cobrarlas debe darse uno de los siguientes hechos: i) Acto u operación concluida como consecuencia de la intervención profesional del agente, o ii) Acto u operación con una persona respecto de la cual el agente hubiera promovido y, en su caso concluido con anterioridad un acto u operación análogos.

Además, los agentes con exclusiva en un territorio tienen derecho a todas las comisiones de esta zona aunque no hayan intervenido en la operación.

En las comisiones por actos u operaciones posteriores a la extinción del contrato, aplicamos el art. 13 LCA. En este caso el derecho nace por concurrir alguna de estas condiciones: i) Acto u operación debido principalmente al agente, siempre y cuando sea concluida dentro de los 3 meses siguientes a la extinción, o ii) Encargo pedido antes de la extinción, siempre y cuando el agente tuviera derecho a percibir la comisión en caso de estar vigente el contrato.

Según el art. 14 LCA las comisiones se devengan en el momento de ejecución (o en el que debían ejecutarse), pero según el art. 13.2 LCA, si se devenga una comisión de un acto u operación ejecutada por un agente anterior, será el anterior el que deberá cobrarla.

El pago de la comisión se debe realizar, como muy tarde, el último día del mes siguiente al trimestre natural en que se haya devengado. Contra esta norma cabe pactar una reducción del plazo, pero no una ampliación, tal y como establece el art. 17 LCA.

En cuestiones relativas a las comisiones es muy importante la autonomía de la voluntad, debiendo resolver los casos jurisdiccionales en base a las estipulaciones contractuales y las pruebas presentadas. En la SAP de Asturias 178/2012 de 16 abril podemos ver un conflicto respecto a las comisiones a pagar:

lo cierto es que ese cambio en la base sobre la que se calculaba la comisión no consta que fuese consentido por el demandante, y se apartaba por completo de lo pactado y que se había venido cumpliendo sin problemas hasta ese momento, constituyendo un claro y flagrante incumplimiento del contrato, puesto que trataba la demandada de imponer unilateralmente una novación del contrato no consentida por el agente, que tiene derecho a percibir la comisión pactada del 5% sobre el total de ventas realizadas en los establecimientos concertados de Asturias y León”.


6. ASPECTOS PROCESALES

La competencia en este tipo de contratos corresponde al juez del domicilio del agente y cualquier pacto en contrario es nulo, tal y como establece la Disposición Adicional 2ª LCA bajo el tenor literal que sigue: La competencia para el conocimiento de las acciones derivadas del contrato de agencia corresponderá al Juez del domicilio del agente, siendo nulo cualquier pacto en contrario”.

En cuanto a la competencia objetiva en este tipo de contratos podría atribuirse a los Juzgados de lo Mercantil, pero el art. 86 ter LOPJ no contiene mención alguna al respecto sobre los contratos de agencia (como tampoco del resto de contratos de colaboración como el de comisión y distribución). Por lo tanto, deben resolver los Juzgados de Primera Instancia, que son los competentes como norma general por el principio de vis atractiva civil (art. 85.1 LOPJ).

Para calcular la prescripción general (es decir sin perjuicio de las específicas) de las acciones provenientes de una contrato de agencia hay que aplicar el art. 4 LCA, que se remite a las reglas de prescripción establecidas en el Código de Comercio (CCom). Debido a la antigüedad del CCom, anterior al siglo pasado, existen claros problemas conceptuales que podrían resolverse con la aprobación de la Propuesta de Código Mercantil ya mencionada anteriormente.

La remisión del art. 4 LCA al CCom nos lleva al Título II del Libro IV de esta norma, pero la prescripción de las acciones del agente no tiene plazo específico, de modo que debemos ir al régimen general del art. 943 CCom, que nuevamente se remite a otra norma: Las acciones que en virtud de este Código no tengan un plazo determinado para deducirse en juicio se regirán por las disposiciones del Derecho común”. Para encontrar la prescripción aplicable en el Código Civil hay que ir al Capítulo III, Título XVIII, Libro IV, sobre la prescripción de las acciones, en cuyo art. 1967 CC se fija un plazo de 3 años, a contar desde la fecha en que se dejaron de prestar los servicios. De igual modo que en el CCom, en el CC también hay problemas de desfase conceptual, pues se nombra a los agentes en general, sin separar entre agentes mediadores, de bolsa u otros. Esta aplicación sucesiva de normas se puede ver en sentencias como la STS 117/2009 de 25 de febrero, que destaca por su claridad expositiva, como se puede ver en el siguiente extracto:

el art. 4 dispone, en materia de prescripción de acciones, que salvo disposición en contrario de la presente Ley (…), la prescripción de las acciones derivadas del contrato de agencia se regirá por las reglas establecidas en el CCom (…), concretamente en el art. 943 (…) reclamación de comisiones devengadas por un agente, no tiene previsto plazo especial, comporta, en el presente caso, abordar, nuevamente por remisión, la interpretación de la norma de derecho común que ahora se denuncia infringida, a saber, el ordinal 1º del art. 1967 del CC. (…) la colaboración estable y duradera (…) merced a la cual promueve (…) no puede servir de fundamento para rechazar la aplicación del plazo prescriptivo especial de tres años a tales profesionales regulados por la Ley 12/1992. (…) la inclusión en la expresión genérica del art. 1967.1º (agente) a todos los que tienen por oficio gestionar  negocios ajenos, con independencia por tanto, ha de entenderse, de si se desempeña tal función con carácter esporádico o de forma estable, justificando tal interpretación del precepto controvertido en virtud del precedente representado por el art. 1972.3º del Proyecto de CC de 1851, que se refería a la obligación de pagar: a los agentes de negocios, sus salarios”.

En cuanto a las acciones provenientes de la indemnización por clientela y la indemnización de daños y perjuicios, el plazo no se regula según lo establecido en el art. 4 LCA, puesto que existe plazo de prescripción específico en el art. 31 LCA: La acción para reclamar la indemnización por clientela o la indemnización de daños y perjuicios prescribirá al año o a contar desde la extinción del contrato”.

Concepto de insolvencia en Estados Unidos (y mención al régimen español e inglés)


El concepto de insolvencia en derecho concursal estadounidense se puede observar en el apartado de definiciones del Bankruptcy Code del United States Code, conocido como U.S. Code (USC). El concepto de insolvencia varía según para qué sujeto se aplique.
En municipios (como fue el caso de Detroit) la insolvencia depende de la situación financiera, considerándose que se da este estado si: i) impagos generalizados de las deudas del municipio en su fecha de vencimiento (sin contar las que sean objeto de litigio) o ii) el municipio no es capaz de pagar sus deudas en su vencimiento.

En las partnership, es decir sociedades, hay insolvencia cuando las deudas totales de la compañía son superiores al valor justo de: i) todos los activos de la sociedad y ii) la suma del excedente de cada socio por los activos sacados de la compañía en fraude de acreedores (bienes transmitidos, ocultados o eliminados con la intención de defraudar a los acreedores).

En los supuestos distintos a las sociedades y los municipios, hay insolvencia cuando las deudas totales son superiores a las propiedades (activo) valoradas a su justo precio, excluyendo: i) los bienes transmitidos, ocultados o eliminados con la intención de defraudar a los acreedores y ii) una exención en materia de propiedades inmuebles de la sección 522 USC.

Esta regulación del estado de insolvencia es muy distinta tanto de la española como de la inglesa, cuyos régimenes comparamos en la entrada: “Situación de insolvencia España-Inglaterra”. Como ya vimos entonces, en la Ley Concursal española se entiende que hay insolvencia cuando la compañía no es capaz de atender a sus pagos, aunque el valor de mercado de la empresa sea muy superior a las deudas totales que mantiene. Sin embargo, la Ley de Sociedades de Capital y la Ley Concursal utilizan el criterio del desequilibrio patrimonial para ciertas obligaciones de naturaleza concursal. En cambio, en la Insolvency Act inglesa (como también hace el Bankruptcy Code estadounidense pero de forma distinta) se utiliza tanto el criterio de la puntualidad en los pagos como el desequilibrio patrimonial.

Regulación preconcursal en España hacia Inglaterra y Estados Unidos


En EEUU, el Chapter 11 “Reorganization” del Title 11 “Bankruptcy Code situado en el U.S. Code, sirve para regular la reestructuración de las compañías en crisis y evitar, de este modo, la liquidación de la compañía (las liquidaciones se regulan el el Chapter 7). Lo primero a destacar es que en EEUU la separación entre estado de solvencia, preinsolvencia e insolvencia es algo más confusa que en Inglaterra y España, pues en el Bankruptcy Code no se fijan plazos determinados en los que presentar la solicitud de concurso. Como tampoco hay una clara determinación del estado de insolvencia, debido a que para su determinación debe tenerse en cuenta el valor de la compañía, en lugar de centrarse en la puntualidad de los pagos.
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El capítulo 11 estadounidense regula varias opciones con la finalidad de conseguir reflotar la empresa en torno al instrumento llamado “Plan” que es el equivalente de los Convenios en la Ley Concursal. Estos planes en principio deben ser presentados por el deudor, aunque si este no lo hace pueden ser presentados por los acreedores. El plazo que tienen los deudores para presentar el plan, es de 120 días desde la aceptación del procedimiento de reorganización (aceptación con el auto llamado order), o de 180 días para empresas que no superan ciertos umbrales. Como ocurre en la legislación española, se separan los procedimientos según sean más o menos complejos.

A diferencia de lo ocurrido en la Ley Concursal, en el Bankruptcy Code la aprobación de los planes de reestructuración (lo que serían los convenios en la LC) se divide por clases. Por lo tanto, el porcentaje requerido de aprobación de dos tercios no se aplica en general sino a cada tipo de acreedor por separado. De igual modo, en Inglaterra también se utilizan las clases de acreedores para las aprobaciones de las refinanciaciones. Es decir, mientras que en Inglaterra o EEUU pueden haber varias juntas de acreedores en España sólo se da una; teniendo en cuenta que puede haber acreedores sin voto como los subordinados y otros que no queiran participar, como acreedores con derechos reales (con priviliegio epecial).

En el caso inglés, la regulación de las reestructuraciones societarias se encuentra repartido entre la Companies Act 2006 y la Insolvency Act 1986. De hecho, el equivalente de los acuerdos de refinanciación españoles en UK, llamados scheme of arrangement,  se encuentran en la Companies Act y no en la Insolvency Act, debido a que no se concibe como un instrumento puramente concursal, a diferencia de los procedimientos liquidativos (winding ups). La liquidación en Inglaterra se divide entre las compulsory winding up y las voluntary winding up, siendo las primeras de carácter obligatorio como liquidación judicial y las segundas voluntarias y de carácter extrajudicial, aunque supervisadas por un juez.

Uno de los usos que tienen los scheme of arrangement es la adquisición de empresas (takeovers) a través de la transformación de deuda en capital, cosa que en España no se está utilizando. Sobre la adquisición de empresas en crisis a través de estos instrumentos se puede ver esta entrada.

En conclusión, tanto el Chapter 11, como el scheme of arrangement o el acuerdo de refinanciación (y el futuro acuerdo extrajudicial de pagos), permiten actuar de forma temprana sobre las tensiones financieras de las compañías. De este modo se evita la liquidación de las compañías, pues al fin y al cabo, esta vía supone la pérdida segura de gran parte de los créditos pendientes de cobro (además de pérdidas en la actividad económica que cada día son más importantes de preservar). Otro ejemplo de la evolución normativa en materia de preinsolvencias son las actuaciones tempranas de la Ley 9/2012 de reestructuración y resolución de entidades de crédito.

Es interesante ver como España cada vez flexibiliza más su régimen, aproximando su regulación a los procedimientos ingleses, sobretodo en cuanto a situaciones preconcursales. Esta dinámica no sólo se refleja en la reforma de 2011, también en la futura incorporación de los acuerdos extrajudiciales de pagos, cuya regulación se puede ver en esta entrada, o en la regulación de las actuaciones tempranas de la normativa bancaria.

La regulación de las fusiones apalancadas en la Propuesta de Código Mercantil, fin del problema


La nueva regulación que propone la Sección de Derecho Mercantil de la Comisión General de Codificación para las fusiones posteriores a una adquisición de sociedad con endeudamiento de la adquirente (fusión apalancada o también conocidas como LBO) en la Propuesta de Código mercantil (PCM), significará, si se aprueba, un importante avance en la seguridad jurídica de las operaciones de M&A realizadas bajo el ordenamiento jurídico español. Debe apuntarse que hoy en día se realizan y “nunca” se declaran nulas, pero la probabilidad de anulación de estas operaciones sigue siendo un riesgo significativo.

Si se quiere ver el concepto de fusión apalancada y sus problemas interpretativos actuales antes de continuar, se pueden ver varias entradas publicadas en este blog: “Clases de compraventas apalancadas”, “Sobre el concepto Leveraged Buy-Out (compraventa apalancada)” o “Compraventas apalancadas/Leveraged Buy-Out (LBO)”.

La primera mejora para la seguridad jurídica de las fusiones apalancadas, es que se determina a partir de cuándo se da la adquisición de activos de importancia por su valor patrimonial, sin perjuicio del mantenimiento del supuesto de control por adquisición de acciones o participaciones y del supuesto de adquisición de activos esenciales. El mencionado valor se fija en activos que representen, al menos, el 5% del total de estos. Del mismo modo que en la LME, el plazo que abarca la fusión apalancada es de tres años anteriores a la adquisición. Lo que no hace es determinar la cuantía a tener en cuenta para que haya endeudamiento, pero al ser operaciones realizadas por entidades de capital riesgo, no existen problemas significativos al respecto, pues siempre se trata de altos niveles de deuda.

Si se contemplan los requisitos para que haya fusión apalancada, se deben cumplir las siguientes reglas:

i) Proyecto de fusión indicará los recursos y plazos previstos para la satisfacción por la nueva sociedad o la absorbente, de las deudas contraídas para la adquisición (igual que en el régimen actual).
ii) Informe de los administradores sobre el proyecto deberá indicar las razones que justifiquen la adquisición y la fusión y contener un plan económico y financiero, con expresión de los recursos y objetivos (igual que en el régimen actual).
iii) Informe del experto sobre el proyecto deberá contener un juicio sobre la razonabilidad de las indicaciones anteriores. En este caso hay una diferencia que es muy importante, la más importante en materia de fusiones y adquisiciones reguladas en la Propuesta de Código Mercantil. Se trata de la eliminación del último inciso del tercer requisito del art. 35.3 LME, según el cual el experto independiente debe determinar si existe asistencia financiera en la fusión apalancada.

También se seguirá exigiendo informe de expertos aunque el acuerdo de fusión se adopte por unanimidad.

En conclusión, si esta nueva regulación para las fusiones apalancadas es aprobada se conseguirá, tras muchos años de dudas y conflictos interpretativos, poner fin a los riesgos respecto a la validez de las fusiones apalancadas. Con esta regulación quedará claro que estas operaciones, haya o no asistencia financiera jurídica o económica, son válidas cuando la operación se ha llevado a cabo con cumplimiento de la normativa especial de fusiones apalancadas del art. 263-13 PCM.
Tyler Wanlass

Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización (Parte VII): Cédulas y bonos de internacionalización


La Ley de Emprendedores crea un nuevo instrumento para la financiación de la internacionalización de las empresas. Para ello se regulan las cédulas y bonos de internacionalización, que se añaden a instrumentos ya existentes como las participaciones hipotecarias, los certificados de transmisión hipotecaria y los bonos hipotecarios, entre otros (al respecto se puede ver esta entrada).

Las entidades que podrán emitir cédulas y bonos de internacionalización serán: i) bancos e ICO, ii) cajas de ahorro, iii) cooperativas de crédito y iv) establecimientos financieros de crédito.

Siguiendo con los mismos principios que regulan los bonos y cédulas ya existentes, estos valores son de renta fija regulados por la Ley del Mercado de Valores (LMV). La particularidad de estas figuras es que otorgan garantía especial por los créditos y préstamos vinculados a la exportación e internacionalización de las empresas que cumplan con los requisitos legalmente establecidos. Estos requisitos, vistos brevemente, pasan por: vinculación a la financiación de contratos de exportación de bienes o servicios, tener una alta calidad crediticia y cumplir con ciertas circunstancias en su forma de concesión.

En cuanto a las cédulas de internacionalización debe tenerse en cuenta que su límite cuantitativo se fija por debajo a las cédulas hipotecarias, concretamente se baja de un 80% a un 70%. Es decir, el máximo de títulos que se pueden emitir es más bajo por tener una garantía menos segura.

En caso de concurso, de igual manera que pasa con el resto de estos títulos, tanto cédulas como bonos de internacionalización gozarán del privilegio especial del art. 90.1.1 LC.

Como se puede ver, esta modificación del sistema financiero quiere promover la financiación de las empresas y aumentar las exportaciones. El problema es que su impacto probablemente sea muy bajo, como ya ha pasado con otros instrumentos como las cédulas territoriales.

Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización (Parte VI): reforma concursal en materia de acuerdos de refinanciación y su homologación



  • Esta entrada se publica antes de la aprobación final de la Ley, que incorporará algunas modificaciones aún desconocidas. Se publicará otra entrada actualizando lo que haga falta.
  • La entrada comentando el resultado final se pude ver aquí, que al final a rebajado el porcentaje de la DA 4ª del 67% al 55%.


En esta entrada continuamos con la reforma concursal introducida por la Ley de Emprendedores, de la que ya vimos los acuerdos extrajudiciales de pagos en la Parte V. En concreto veremos el nuevo art. 71 bis LC y la modificación del apartado 1 de la DA4 LC.

La introducción del 71 bis tiene especial relevancia por regular expresamente ciertas normas sobre el nombramiento del experto independiente, cuya función es pronunciarse sobre los acuerdos de refinanciación por aplicación del art. 71.6 LC. La nueva regulación permitirá reducir las dudas que suscitó la falta de una regulación expresa en la LC, que se remitía a la regulación del Reglamento del Registro Mercantil (RRM) y en concreto art. 338 a 349 RRM, cuyo contenido dejaba sin regulación algunos aspectos ahora resueltos.

En primer lugar se establece lo ya dicho en el art. 71.6 LC al declarar que: “Será competente para su tramitación el registrador mercantil del domicilio del deudor. Si se tratare de un acuerdo de grupo y el informe hubiere de ser único, el experto será designado por el registrador del domicilio de la sociedad dominante, de estar afectada por el acuerdo y, en su defecto, por el del domicilio de cualquiera de las sociedades del grupo”.

Otra norma que destaca es la facultad atribuida al registrador para valorar varias opciones: “El Registrador, antes de proceder al nombramiento, podrá solicitar varios presupuestos a uno o varios profesionales idóneos y antes de decidirse sobre el más adecuado”.

En cambio, respecto al momento en que se puede solicitar el nombramiento se innova por la falta de norma en el RRM, al declarar que puede presentarse incluso antes de redactado o acordado el plan de pagos: “La solicitud del nombramiento se hará mediante instancia firmada por el deudor, incluso antes de que esté concluido el acuerdo y redactado un plan definitivo, que puede ser cumplida telemáticamente y dirigida al registrador mercantil...”. Posteriormente el artículo regula el contenido de la solicitud, como la identificación del deudor, su domicilio, la documentación ha analizar por el experto, etc.

El experto nombrado que acepte el encargo debe pronunciarse en el plazo que se indique, que será de un máximo de un mes. Sin embargo se permiten prórrogas si se justifica su necesidad.

Como ya hemos adelantado, se modifica la DA4 para la homologación de los acuerdos de refinanciación. Se rebaja el porcentaje necesario de aprobación del 75% del pasivo de acreedores financieros al 67% y se mantiene el requisito de elevación a público y de aprobación por experto independiente del art. 71.6 LC. En cambio, y lo que es muy importante, se obvia el requisito consistente en la aprobación por parte de 3/5 del pasivo total del acuerdo de refinanciación. Evidentemente, el acuerdo homologado, como ya hace, vinculará a los acreedores financieros no participantes o disidentes cuyos créditos no estén dotados de garantía real.

Una posible modificación no introducida, tal y como hemos visto en esta entrada y la anterior, es la suspensión de las ejecuciones singulares en el período preconcursal, regulado en el art. 5 bis LC. Sin embargo, este es un tema que no puede tratarse ahora por su extensión.

Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización (Parte V): acuerdo extrajudicial de pagos (importante reforma concursal)


La Ley de Emprendedores introduce una nueva figura jurídica en materia de derecho preconcursal, se trata de los acuerdos extrajudiciales de pagos, que flexibilizan la gestión de las situaciones preconcursales y regula la figura de los mediadores concursales (nombrados por registrador mercantil o notario). Para su incorporación en la LC se crea el Título X, como últimos artículos de la ley, del 231 al 242 LC.

La primera modificación que introduce la ley es legitimar a los mediadores concursales para solicitar la declaración de concurso, que se añaden a los ya legitimados, como los acreedores y los propios deudores.
Vadim Sherbakov
El art. 5 bis LC pasa a utilizarse, a parte de para los acuerdos de refinanciación y las propuestas anticipadas de convenio (PAC), para los acuerdos extrajudiciales de pago.

Hay que tener en cuenta que en los acuerdos de refinanciación y las PAC no es necesaria intervención de mediador ni otros sujetos, por lo que no hay control alguno sobre estos procesos para aplicar el 5 bis y ganar tiempo. En cambio, para los acuerdos extrajudiciales de pago interviene el mediador, controlando la existencia y forma en que se negocia. Entre las facultades del mediador tiene especial relevancia la modificación introducida en el art. 15.3 LC, pues el 5 bis impide a sujetos distintos al deudor solicitar la declaración de concurso durante tres meses, mientras que en los supuestos de negociación de acuerdos extrajudiciales se permite la solicitud tanto al deudor como al mediador.

Para la publicidad de los acuerdos extrajudiciales se crea una tercera sección en el Registro Público Concursal, en el que se hará constar la apertura de las negociaciones para estos acuerdos y su finalización.

El uso de los acuerdos extrajudiciales se limita a ciertos sujetos por aplicación del nuevo art. 231 LC:

i) Empresario persona natural en situación de insolvencia actual o inminente con un pasivo no superior a los 5.000.000€. Este concepto de empresario persona natural incluye a profesionales y autónomos, dejando fuera a otros como los asalariados. La protección de estos sujetos no incluidos en la LC deberá hacerse por otras vías, como la protección antideshaucios (ver la entrada publicada aquí sobre la Ley 1/2013).
ii) Personas jurídicas (sociedades de capital o no) que no lleguen a cierto tamaño (es decir que sean PYMES) en base a los siguientes requisitos: se encuentren es estado de insolvencia, de ser declaradas en concurso no fuera de especial complejidad conforme al art. 190 LC, que pueden hacer frente a los gastos del acuerdo y que se prevea que pueden cumplir con un plan de pagos (el acuerdo).

La aprobación del acuerdo extrajudicial se regula en el nuevo art. 238 LC y sus requisitos son bastante asequibles, para fomentar que se logren los acuerdos. Para que se apruebe el acuerdo se necesita el voto favorable de, al menos, el 60% del pasivo. Además, si se ceden bienes de la deudora se establece que “En el caso de que el plan de pagos consista en la cesión de bienes del deudor en pago de deudas, dicho plan deberá contar con la aprobación de acreedores que representen el 75% del pasivo y del acreedor o acreedores que, en su caso, tengan constituida a su favor una garantía real sobre estos bienes”. Tras ser aceptado el acuerdo, debe formalizarse mediante escritura pública e inscribirse en el Registro Mercantil. Además, se procederá a cerrar el expediente abierto en el juzgado y se publicará la existencia del acuerdo en el Registro Público Concursal y en el BOE. Por contra, si no se aprobara el acuerdo el procedimiento continuará con la solicitud de concurso, que deberá presentar de inmediato el mediador concursal.

El plan de pagos de estos acuerdos no puede superar ciertos límites de cuantía y tiempo. En cuanto a la espera se limita en tres años y en la cuantía no se permite una quita superior al 25% de los créditos.

El régimen de impugnación del acuerdo extrajudicial también es de interés, pues igual que pasa con los acuerdos de refinanciación se busca su mantenimiento y se limita la impugnación. Los motivos de impugnación deben tratar las mayorías exigidas, la superación de los límites legales para los planes de pagos o la desproporción de las quitas o esperas.

El efecto más importante de estos acuerdos, es que impiden a todos los acreedores afectados por éste que inicien o continúen con ejecuciones contra el deudor por deudas anteriores a la publicación de la apertura del expediente.

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