Compensación de beneficios del ejercicio en curso en la reducción de capital por pérdidas

El art. 322 LSC establece que en las S.L. no se puede reducir el capital social por pérdidas en tanto la sociedad cuente con cualquier clase de reservas. En cambio, en las S.A. este tipo de reducción no se permite en tanto la sociedad cuente con cualquier clase de reservas voluntarias o cuando la reserva legal, una vez efectuada la reducción, exceda del 10% del capital social resultante.

En cuanto al concepto de reservas, tal y como tiene declarado la DGRN, hay que interpretarlas en sentido amplio. Aplicando a dicha compensación previa incluso los beneficios del ejercicio en curso, aunque estos no estén aprobados por la junta general. El problema del ejercicio en curso es su carácter cambiante y flexible. En este sentido es importante presentar un balance debidamente formado, que no pueda dar lugar a discrepancias con el análisis del auditor.

Respecto a la compensación de los beneficios resultantes del ejercicio en curso destacaremos tres Resoluciones de la DGRN: la dictada en fecha 17 de abril de 2000, la de 28 de febrero de 2007 y la de 19 de enero de 2013.
The Tilled Field - Joan Miró
En la Resolución de 17 de abril de 2000 se trata el caso de reducción de capital por pérdidas en una S.L. (régimen previo a la LSC).

Como se puede ver en el siguiente extracto de la Resolución mencionada, no cabe argumentar que el resultado en curso no ha sido cerrado y que, por lo tanto, se trata de una cuantía provisional:

“No cabe acoger el argumento del recurrente en el sentido de que los resultados del ejercicio en curso que arroja el Balance que en este caso sirve de base al acuerdo tienen carácter provisional, a reserva de que subsistan al cierre del ejercicio, único momento en que cabe tomar una decisión sobre su aplicación. Tales resultados a una concreta fecha son beneficios de la sociedad, que tienen en esencia la misma naturaleza que las reservas en sentido estricto aun cuando no aparezcan contabilizados como tales, y su presencia veda la posibilidad de acudir a la reducción del capital para compensar pérdidas en cuanto los mismos se compensen con aquéllas (artículo 82.1 citado). Carecería de sentido la exigencia legal de acreditar la actualidad o persistencia de las pérdidas que se pretenden compensar con la reducción del capital, con la consiguiente obligación de elaborar, verificar y aprobar un Balance intermedio si el de cierre tuviera una antigüedad superior a seis meses, si los resultados que arrojase el nuevo fueran indiferentes en relación con los que resultasen del anterior y no hubieran de tomarse en consideración las variaciones experimentadas entre una y otra fecha reflejadas en los correspondientes Balances referidos a cada una de ellas.”

En cuanto a la Resolución de 28 de febrero de 2007 nos interesa por explicar que en el caso de reducción por pérdidas en las S.A. es de aplicación la misma interpretación sobre la compensación de beneficios del ejercicio en curso, con carácter previo a la ejecución de la pertinente reducción por pérdidas. En este sentido destaca el siguiente extracto:

“Por ello, tampoco en el presente caso cabe acoger el argumento del recurrente en el sentido de que los resultados del ejercicio en curso que arroja el balance que sirve de base al acuerdo tienen carácter provisional, y sólo si subsisten al cierre del ejercicio podrán convertirse en reservas mediante acuerdo de la junta general ordinaria. Y es que resulta indudable que, al ser contabilizados en el balance que sirve de base al acuerdo, esos resultados provisionales eliminan el desequilibrio patrimonial que con la reducción del capital social se pretende corregir, por más que dicho balance sea el cerrado antes del final del ejercicio y las vicisitudes económicas de la sociedad posteriores a aquél puedan determinar luego la desaparición de esos resultados positivos.”

Finalmente, en relación a la Resolución de la DGRN de 19 de enero de 2013, hay que apuntar que en este caso no se trata directamente la compensación de beneficios del ejercicio en curso, pero sí se menciona indirectamente su aplicación, siendo interesante mencionarla al haber sido dictada tras la publicación de la LSC, a diferencia de las dos Resoluciones anteriormente destacadas.

En esta tercera Resolución, la DGRN confirma la doctrina dictada en las anteriores Resoluciones, defendiendo que incluso los créditos fiscales deben compensarse con las pérdidas acumuladas antes de ejecutar la reducción de capital. Sin embargo, esta compensación dependerá de la normativa contable, con especial atención a la probabilidad de su ejercicio y la imagen fiel a mostrar (del crédito fiscal).

Esta interpretación estricta de la normativa tiene su origen en la importancia de la cifra del capital social como garantía para terceros, especialmente acreedores de la sociedad (que además en este tipo de reducción contable no tienen derecho de oposición antes de la ejecución de la operación societaria), pero también para posibles partes contratantes con la sociedad. De no interpretar la normativa de este modo los socios podrían reducir el capital y posteriormente repartir dividendos, aún habiendo estado en desequilibrio patrimonial.

Acumulación del cargo de Presidente y Secretario de la Junta General de socios en la misma persona

En cuanto a la cuestión de si una misma persona puede ser nombrada tanto Presidente como Secretario en una misma Junta General de socios, podemos ver la Resolución de la DGRN de fecha 3 de enero de 2004, donde se responde afirmativamente  a esta cuestión. El límite está en que ningún asistente con derecho a voto se oponga a ello, con tal de dar credibilidad al contenido de la Acta, pero si todos los asistentes están de acuerdo, no hay motivo para desconfiar.
Harlequin's Carnival - Joan Miró
El art. 110.2 de la Ley de Sociedades Anónimas (según el cual, el Presidente de la Junta estará asistido por un Secretario y cuyo equivalente en la actual Ley de Sociedades de Capital es el art. 191) entendido rigurosamente obligaría a contar con dos personas para sendas funciones incluso en los casos de socio único que ejerce por sí o representante las competencias de la Junta, como en el caso de único asistente en nombre propio -como socio- y ajeno. Igualmente extraño resulta sostener que, en el caso de Junta con sólo dos asistentes, éstos forzosamente hayan de asignarse uno la función de Presidente y el otro la de Secretario, sin poder, de mutuo acuerdo, acumular ambos cometidos en uno sólo de ellos. Y, de ser más de dos los asistentes a la Junta, es común que al administrador único se le encomiende por los concurrentes la presidencia y la secretaría de la reunión. La dualidad de personas puede ser exigida por uno cualquiera de los asistentes en garantía de la credibilidad de la lista de asistentes y del acta que el Secretario está llamado a redactar, pero estando todos los socios (constituidos en Junta universal, en el presente caso) conformes con la concentración de las funciones en uno de ellos, no tiene sentido la imposición de designación de dos personas para desempeñarlas, en la medida en la que la credibilidad del acta reside primordialmente en su aprobación y no tanto en su firma.

Otro ejemplo sobre la posibilidad de nombrar como Secretario y Presidente a la misma persona en una Junta General de socios se puede ver en la Sentencia de lo Mercantil nº 5 de Madrid, de fecha 13 de enero de 2009.

El uso de personajes históricos en argumentaciones ideológicas tiende al inútil

L'onze de setembre de 1714 - Antoni Estruch
En el actual debate sobre el independentismo de Cataluña a menudo se utilizan personajes históricos para defender una postura u otra. Buen ejemplo de ello es la campaña de cierto partido político unionista que utiliza figuras históricas del catalanismo en contra de esta postura política, consiguiendo impacto rápido al dirigirse a las raíces del catalanismo. Una de los mejores ejemplos en este sentido es el uso del abogado y político catalán Rafael Casanova. Yo no entraré en temas ideológicos, sino en la vacuidad de estas argumentaciones o usos de personas ya fallecidas. Valga decir que esta aproximación sirve para todas las ideologías, no sólo la mencionada ahora.

La ideología política de cada uno depende del momento histórico que vive, con todo lo que ello comporta: equilibrio de poderes, papel de la política, relaciones internacionales, situación económica, etc. Es decir, el pensamiento político de alguien no se puede extrapolar de un momento histórico a otro con ligereza. Un político independentista o unionista del siglo XVIII no puede ser símbolo ni del unionismo ni del independentismo del siglo XXI.

A modo de ejercicio teórico y con el resultado de provocar una discusión sin fin cuando ambos interlocutores son mínimamente decentes, como mucho podemos analizar la figura histórica, textos, discursos, comportamiento, etc. e intentar deducir su posicionamiento más acorde con dichos antecedentes, tomando en consideración, como es evidente, los hechos posteriores a su fallecimiento, hasta llegar a una conclusión que nunca será concluyente. De hecho, para entender esto ni siquiera necesitamos poner el análisis en figuras históricas, pues ya hay políticos vivos que a lo largo de su carrera han dejado de ser constitucionalistas, y quizá más acertadamente constitucionalistas reformistas del siglo XX, a entusiasmados independentistas del siglo XXI.

Como viene siendo habitual en política, y con la finalidad de obtener resultados rápidos, uno acaba cayendo al absurdo a base de intentar simplificar la realidad y el discurso a fin de hacerlo populista y de rápida comprensión del votante.

Resolución de 18 de septiembre de 2014 de la DGRN sobre el derecho a recibir información del Registro de la Propiedad

Un particular solicita al Registro de la Propiedad, notas simples y certificaciones con historia registral de varias fincas, en las cuales había ostentado derechos de propiedad, pero de las cuales actualmente sólo en una de ellas ostenta derechos, en concreto, una cuarta parte de la nuda propiedad. Asimismo, sobre dichas fincas apuntar que habían sido objeto de procedimientos judiciales.

El Registrador ante la solicitud deniega la expedición de la información por falta de interés legítimo, excepto para la finca respecto de la cual la solicitante posee una cuarta parte de la nuda propiedad. En este caso le expide una nota simple. Ante estos hechos el particular interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN), dando lugar a la Resolución de 18 de septiembre de 2014 de la DGRN.
The New Moon; or, ‘I’ve lost My Boat, You shan’t have Your Hoop’ - William Turner
La DGRN recuerda que la legitimación del solicitante debe ser apreciada por el Registrador con tal de que éste decida si existe interés legítimo o no en base a las justificaciones aportadas por el interesado. En cambio, la DGRN recuerda que las autoridades, empleados o funcionarios públicos actuando en razón de su oficio o cargo se les presume el interés legítimo automáticamente.

Además de los empleados públicos en sentido general mencionados antes, el art. 332.3 del Reglamento Hipotecario también facilita la expedición de información a ciertos profesionales, pues dice “Se presumen acreditadas las personas o entidades que desempeñen una actividad profesional o empresarial relacionada con el tráfico jurídico de bienes inmuebles tales como entidades financieras, abogados, procuradores, graduados sociales, auditores de cuentas, gestores administrativos, agentes de la propiedad inmobiliaria y demás profesionales que desempeñen actividades similares, así como las Entidades y Organismos públicos y los detectives, siempre que expresen la causa de la consulta y ésta sea acorde con la finalidad del Registro.”

Es decir, estos profesionales no necesitan mayor justificación que la simple declaración del motivo por el cual se solicita la información registral en base a su cargo. Un mal uso de esta facultad puede comportar responsabilidades profesionales.

El Registrador es el responsable y competente de la expedición de la información registral, es quien debe decidir si existe interés legítimo, si ha sido debidamente justificado y debe cumplir con la normativa de protección de datos (en particular, la LOPD). Si bien la DGRN dice que la expedición de la información no supone el deber de recabar el consentimiento del titular ni notificarle la cesión, sí dice que éste puede ser informado, a su instancia, del nombre o de la denominación y domicilio de quienes hayan recabado información respecto a su persona o bienes.

También es interesante destacar que la DGRN reitera la doctrina administrativa ya dictada, respecto a la posibilidad de limitar la información expedida incluso cuando existe interés legítimo. Es decir, el Registrador puede responder a la solicitud general facilitando sólo parte de la información, la que considere necesaria según la justificación originaria.

En resumen, ante una solicitud de información registral el Registrador puede denegar la expedición si no se justifica el motivo de la solicitud y el interés legítimo. Además, incluso habiendo interés legítimo el Registrador puede limitar la información a la estrictamente necesaria en base a la normativa de protección de datos. La expedición de datos personales del Registro de la Propiedad no comporta necesidad de consentimiento o notificación al afectado, pero éste tiene derecho a solicitar a quienes se ha facilitado información personal suya. Finalmente, destacar que los empleados públicos en ejercicio de su cargo se les presume interés y que ciertas profesiones como las de abogado no requieren justificación mayor que expresar la causa por la que solicitan la información.

Transformación de sociedades, cuando la sociedad a transformar es una S.C.P.

* Esta entrada se centrará básicamente al supuesto más común de transformación en el que puede verse impicada una S.C.P., esto es, que la misma pase a ser una S.L.

En una entrada anterior de este blog titulada “La transformación de sociedades”, comentaba los aspectos generales de la transformación de sociedades. Aunque el supuesto más típico sea el de S.A. a S.L. y viceversa, también pueden darse otros supuestos, como ya comenté. En el presente caso nos interesa el supuesto de S.C.P. a S.L. o S.A.
Fort Vimieux - William Turner
Cuando se transforma una S.C.P. a S.L. o S.A. nos encontramos un hecho muy relevante, esto es, que las sociedades civiles no están obligadas a llevar contabilidad, pero al transformar dicha sociedad (la S.C.P.) hay que tener el control contable de la compañía para preparar los documentos necesarios que veremos abajo.

También cabe decir, que el supuesto de transformación de S.C.P. a S.A. es más que extraño, ya que el uso de una S.C.P. tiene sentido cuando el nivel de facturación es tan bajo que es más eficiente fiscalmente tributar por IRPF en lugar de IS. Es decir, una S.C.P. que se plantea su transformación a sociedad de capital (S.L. o S.A.) no tendrá los recursos necesarios para transformarse en ese segundo supuesto (por los deberes de auditoria y capital mínimo de 60.000€ de las sociedades anónimas, entre otros costes).

La posibilidad de transformar una sociedad civil se halla en el  art. 4.3 de la Ley 3/2009 sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles (LME), una ley que desde su publicación se ha mostrado clara y efectiva. Además, desde 2009 se han podido aprobar algunas modificaciones puntuales que han permitido mejorar dicho régimen, como se puede ver, por ejemplo, en el RD-ley 9/2012 de simplificación de las obligaciones de información y documentación de fusiones y escisiones de sociedades de capital comentado en esta entrada.

Para ejecutar la transformación de la sociedad civil será necesaria la aprobación de la junta de socios. En esta junta los administradores deberán aportar la siguiente información (tal y como ya vimos en la entrada mencionada en primer lugar):
  • Balance de la sociedad cerrado en los 6 meses anteriores a al fecha de la reunión (Junta), junto al informe de auditoria si fuera obligatorio para la compañía a transformarse. Apuntar que la LME habla de 6 meses para el balance pero el art. 218 del Reglamento del Registro Mercantil para transformación de S.C.P. y Cooperativas habla del día anterior al acuerdo de la junta.
  • Informe de los administradores explicando los aspectos económicos y jurídicos de la operación.
  • Estatutos propuestos para la nueva sociedad y demás documentos a introducir en la escritura de transformación.
En las sociedades civiles hay que hacer un apunte previo respecto al órgano de administración, ya que en estos casos no es obligatorio el nombramiento de uno o varios administradores. Tal y como se puede ver en el art. 1695 CC, si no se nombra un administrador todos los socios se tendrán por apoderados solidarios. Este punto debe ser tenido en cuenta a la hora de preparar la documentación anterior (balance, informe, estatutos y demás necesaria para la escritura).

A diferencia de lo ocurrido en una S.C.P. al pasar a S.L. hay que tener un capital mínimo de 3.000€ o de 60.000€ en S.A. Sin embargo, en estas dos clases de sociedades se permite la unipersonalidad, al contrario de lo ocurrido en S.C.P.

Para la tramitación de la transformación de S.C.P. a S.L. hay que destacar el art. 218 del RRM. Tal y como se puede ver en este artículo, en el caso de transformación de S.C.P. es necesaria aprobación de todos los socios (por unanimidad), a diferencia de lo ocurrido en supuestos de transformación provenientes de S.L. o S.A., donde sólo se pide aprobación de una mayoría reforzada.

Ahora no entraremos en detalles generales a toda transformación, pero cabe destacar la obligación de obtener una denominación social (en S.C.P. no es obligatorio), acreditar la suficiencia del capital, publicar el acuerdo en el BORME, liquidar el Modelo 600, etc.).

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