El Plan de la UE para una economía limpia y sostenible, ASG e ISR

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La UE en diciembre de 2015 aprobó el Acuerdo de París por el clima, que incluye medidas para mejorar la sostenibilidad económica de la UE y, en especial, incluye una reducción mínima del 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero producidas en su territorio. En la misma línea se aprobó también, pero en el marco de la ONU, la conocida como Agenda 2030. Dicha Agenda contempla 17 objetivos y más de 100 metas para un desarrollo sostenible, tanto desde la esfera social como medioambiental y cubre una gran variedad de temas.

Además de estos dos documentos, que actualmente son los dos principales ejes de la UE en materia de sostenibilidad, también se aprobó el Marco de la UE en materia de clima y de energía para 2030 y el Plan de acción de la economía circular.

La complejidad del hito que se están fijando las instituciones gubernamentales para mejorar la sostenibilidad del planeta, obliga a los Estados a enfocar el reto desde varios niveles y materias. En un primer nivel, se hallan acuerdos como el de París por el clima y la Agenda 2030, con objetivos globales y más genéricos; en un segundo nivel, son necesarios otros acuerdos más concretos, normalmente por materia, pero también a nivel supranacional; y, en un tercer nivel, son necesarias normas internas de cada Estado.

Como ejemplo del segundo nivel de actuación, la Comisión Europea publicó en marzo de 2018 su Plan de Acción para una economía más ecológica y más limpia. Este documento contempla una hoja de ruta para potenciar el papel de las finanzas en la consecución de los objetivos medioambientales fijados por la UE.

De su Plan de Acción la Comisión destaca los siguientes objetivos:

• Establecer un lenguaje común para las finanzas sostenibles, creando un sistema de clasificación unificado.
• Crear etiquetas de la UE para los productos financieros “verdes”.
• Clarificar la obligación de los gestores de activos y de los inversores institucionales de tener en cuenta la sostenibilidad en las inversiones.
• Obligar a las empresas de seguros e inversión a asesorar a sus clientes sobre sus preferencias en materia de sostenibilidad.
• Integrar la sostenibilidad en los requisitos prudenciales de los bancos y compañías de seguros.
• Aumentar la transparencia en los informes corporativos.

La importancia de este Plan de Acción reside en la necesidad de hacer fluir el capital hacia inversiones sostenibles. En tanto las instituciones de la UE han estimado que son necesarios unos 180.000 millones de euros para financiar las inversiones que permitirán cumplir los objetivos fijados para 2030, en los próximos años habrá una importante cantidad de dinero disponible para proyectos que sean sostenibles para el medio ambiente.

Respecto a las inversiones socialmente responsables, además de considerarse objetivos de tipo medioambiental, se toman en cuenta también objetivos de mejora social, de salud de las personas, igualdad, convivencia, transparencia, paz social y otros aspectos de carácter social y de crecimiento sostenible.

A la vista de esta situación, es de esperar que en los próximos años la financiación de proyectos positivos para el medioambiente sea mayor. Sin embargo, otras materias que son parte de las inversiones socialmente sostenibles seguro que también se ven beneficiadas por estos cambios.

Uno de los factores que facilitará la mejora en las inversiones socialmente responsables vendrá posiblemente de la mejora en la transparencia de los operadores económicos. En tanto cuanto más información tengan los inversores y usuarios, más impacto podrán tener otras variables distintas a la rentabilidad económica.

Los objetivos de tipo medioambiental serán los que más fácilmente pueden beneficiarse de iniciativas como la Agenda 2030, en tanto la aprobación de normas que promueva el uso de energías renovables tiene un impacto directo en el mercado (con medidas como la prohibición de determinados niveles de contaminación o la modificación de la normativa urbanística para construir más plantas de energía eólica o fotovoltaica). A pesar de ello, otras medidas de carácter social también podrán regularse en forma parecida, pero otras forman parte de principios más genéricos que no pueden condicionarse fácilmente con incentivos económicos.

En cuanto a los efectos que provoca en las empresas la aprobación de los distintos acuerdos para una economía limpia y sostenible, hay que distinguir entre las medidas de obligado cumplimiento (como la reciente obligación de incluir información no financiera en las cuentas anuales) y los principios aprobados pero que no constituyen obligaciones concretas. Tanto como consecuencia de las medidas obligatorias, como de los principios no obligatorios, las empresas se están viendo con la necesidad de contratar personal al cargo de estas tareas y aprobar planes para una gestión socialmente más responsable.

El conjunto de criterios a tener en cuenta para un desarrollo sostenible en la empresa se conoce como criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (criterios ASG) y cuando estos se tienen en cuenta en la toma de inversiones, podemos decir que estas son inversiones sostenibles y responsables (ISR). Sin duda, en los próximos los ISR serán claves para el crecimiento de las empresas y para la inversión a realizar por entidades de capital riesgo. Además, en tanto los ASG cada vez se nutrirán de más normas de obligado cumplimiento y más principios, las compañías tendrán que estar preparadas para su cumplimiento y para satisfacer las exigencias de inversores y consumidores.