Introducción básica a las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE)

Una Entidad de Tenencia de Valores Extranjeros, conocidas más sencillamente como ETVEs, son un tipo de sociedad holding para invertir en valores extranjeros con un régimen especial, el cual permite la exención del pago de impuestos por beneficios en el extranjero pero no de los resultantes de operar dentro de España. Sin embargo, aunque los ingresos obtenidos en España no estén exentos como ocurre con los extranjeros, igualmente tienen un trato fiscal favorable.

Para que una sociedad pueda ser considerada ETVE tiene que cumplir determinados requisitos, los cuales son, según el art. 116 y ss del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades:
  1. Que el objeto social comprenda la actividad de gestión y administración de valores representativos de los fondos propios de entidades no residentes en territorio español, mediante la correspondiente organización de medios materiales y personales.
  2. Que los valores o participaciones representativos de la participación en el capital de la ETVE sean nominativas.
  3. Que la participación en la participada sea como mínimo del 5% o su valor absoluto alcance los 6 millones de euros, además de ser poseída durante un período mínimo de un año para beneficiarse de la exención mencionada al principio.
  4. Que la participada esté gravada por un impuesto equivalente al IS y entre el Estado extranjero y el Español exista un Convenio para evitar la doble imposición.

El derecho no importa a nadie, y menos los abogados

Hay abogados a por doquier, en parte porque sacarse la carrera en España es barato y fácil y, por otra parte, porque mucha gente estudia esta carrera pensando que i) la abogacía es una profesión bien pagada y ii) que el derecho otorga un conocimiento general muy útil para gran variedad de profesiones. Es cierto que el derecho permite un conocimiento general muy útil, pero también lo es que por sí sola no es garantía de ningún éxito profesional. Asimismo, el ejercicio de la abogacía en España está inmersa en un mercado ultracompetitivo, con demanda de gran especialización y precios bajos.
Saturno devorando a un hijo - Francisco de Goya
Junto a la situación anterior, la prestación de servicios jurídicos sufre de graves deficiencias. Con esto me refiero a que los clientes, en la mayoría de los casos, no tienen el conocimiento necesario para valorar la calidad del servicio. Esto se debe a que la prestación de servicios jurídicos puede servir como prevención para reducir riesgos legales que: i) por un lado no son conocidos por los clientes y ii) aún siendo cubiertos pueden resultar insuficientes (a veces por la negligencia de la parte demandante, por la mala actuación de la Administración, etc). Por ejemplo, un servicio jurídico de alta calidad en un juicio perdido puede parecer un fracaso, pero un servicio jurídico mediocre puede esconderse tras un pronunciamiento judicial favorable al cliente. En otros casos, la redacción de un contrato con graves insuficiencias jurídicas (por ejemplo por riesgo de cláusulas nulas si la otra parte las detecta o de cláusulas contrarias al derecho de la competencia), puede no provocar efectos negativos. Sin embargo, ese servicio habría sufrido de graves deficiencias, aunque el cliente no las hubiera apreciado al no materializarse el riesgo implícito. De hecho, esta critica será más leída por juristas que por posibles clientes (legos en derecho), que son los que deberían recibir el mensaje. 

En un momento como el actual, donde las empresas se centran en la obtención de resultados, los servicios jurídicos, con resultados abstractos, pierden mucho valor empresarial. Hoy en día las empresas, sobretodo medianas y pequeñas, y que son la gran mayoría, se centran en dedicar su tiempo y dinero en gastos e inversiones que puedan medirse fácilmente, alejándose del cumplimiento legal y la reducción de riesgos jurídicos.

¿Cómo va a importar el derecho a una sociedad hambrienta de resultadismo material e inmediato?

Esta forma de actuar aumenta mucho los riesgos, como ya pasó con la burbuja inmobiliaria, o la burbuja de las telecom, o en un futuro la burbuja de las tecnológicas. Es importante que las empresas y particulares sepan que ante un riesgo, ya sea de crédito, legal, de inflación, etc, existen dos opciones: cubrir el riesgo o no cubrir el riesgo. Creo que cubrir los riesgos es la opción más beneficiosa para las empresas, los particulares y la sociedad, dando estabilidad al día a día de la población.

En definitiva, la tendencia actual, en la que el derecho y el ejercicio de la abogacía son percibidos como meros gastos sin resultados directos en la cuenta corriente del sujeto que sea me parece un riesgo para la estabilidad económica y social. Comparando la percepción respecto al derecho y el gasto en asesoramiento legal en países estables, como Estados Unidos o Alemania, con los existentes en España, nos podríamos hacer una idea de la preocupante situación de esta comunidad en clara decadencia política, económica y social.

La excelencia no se consigue dando valor únicamente a lo que otorga ingresos inmediatos, sino al trabajo continuo a lo largo del tiempo.

Resolución del contrato de obra llave en mano: STS 53/2014 de 5 febrero

[Previo: Para el concepto de obra llave en mano se puede ver la entrada: “Qué es el contrato de obra llave en mano?”.]

La parte compradora de un contrato de obra llave en mano, a través del cual se debía construir y entregar un piso y aparcamiento, ejerce su derecho de resolución en base a las dos cláusulas del contrato siguientes:

Quinta: Plazo de entrega y escritura pública, pactados a 90 días desde la fecha 30 de junio de 2009 , en la que debían finalizarse las obras (salvo causas no imputables al vendedor).

Sexta: Resolución o prórroga del contrato a instancia del comprador. Es decir, el comprador puede escoger, en caso de retraso por parte del vendedor, entre resolver o darle un plazo mayor de finalización. Además, se establecen otros detalles de funcionamiento, como una cláusula penal.

Según valora el juzgador, la cláusula de entrega no era meramente accesoria sino esencial. En consecuencia, se debe entender como condición resolutoria expresa (art. 1281 CC), tras la lectura del contrato de obra llave en mano. Efectivamente, la forma de redactar el clausurado de un contrato es una cuestión que debe ser tratada con detalle, pues la interpretación literal tiende a prevalecer sobre el resto.

Sin embargo, en la cláusula sexta se establecían otros detalles a parte de la cláusula penal. En esta cláusula también se pactó que los retrasos resultantes de la obtención de licencia de primera ocupación no se computarían a efectos de retraso. Al respecto el juzgador declara: “En este sentido, y de acuerdo a la Sentencia de esta Sala de 10-9-2012, rec. 1899/2008, debemos declarar que la leve demora entre la solicitud de licencia y su obtención evidencian que el lapso no se debía a la falta de condicionantes técnicos imputables a la vendedora sino a la mera tardanza habitual de la Administración para su expedición, por lo que tal y como se pactó, el retraso no ha de computarse, pues no supuso un retraso anómalo sino el que razonablemente cabía esperar, dado que la licencia se solicitó el 14-9-09 (doc. nº 10) y fue concedida el 23-11-2009.”.

En consecuencia, no cabe la resolución del contrato.

Breve comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo sobre swaps

El profesor Luis Cazorla nos presentó la primera sentencia del Tribunal Supremo sobre la nulidad de los swaps, nulidad declarada por vicios en el consentimiento (por error). En su blog que puede verse en este Link: http://luiscazorla.com/?p=759. Además, el profesor Jesús Alfaro también ha publicado una entrada al respecto en su blog (Link al blog).
Wreckers Coast of Northumberland - William Turner
Teniendo en cuenta que los dos comentarios mencionados ya dan una visión clara de la sentencia yo me centraré en remarcar varios hechos importantes, algunos de ellos por no ser tratados en la Sentencia. Además, ya expresé mi punto de vista sobre la anulación de swaps en este artículo de la Revista Aranzadi Doctrinal: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4216245 y tampoco tengo tiempo para explayarme tanto como quisiera. Si puedo publicaré otra entrada más trabajada.

Primero destacar que el cliente es una empresa y, en consecuencia no le es de aplicación la normativa de consumidores, aunque en la demanda parece ser que se alegó. Sin embargo, se clasifica como minorista y, por lo tanto, el nivel de conocimiento financiero y medios que se le pueden atribuir son menores.

Otra cuestión a destacar es que no habría sido de extrañar que la entidad de crédito hubiese desistido de recurrir en el TS para evitar una sentencia tan mediática contra los intereses del sector bancario. No sería la primera vez que un banco o caja deja de recurrir al llegar a una sentencia desfavorable en segunda instancia (Audiencia Provincial).

El hecho que más me “disgusta”, por el gran interés jurídico que desprende (o habría supuesto su tratamiento en el Alto Tribunal), es que la recurrente no solicitó la nulidad del contrato de swap por incumplimiento de la normativa imperativa bancaria. Es decir, de: no tener una política de control de los conflictos de interés, no realizar el test de conveniencia y no realizar el test de idoneidad.

Sin embargo, es interesante en cuanto a la valoración sobre la prueba del vicio en el consentimiento por error, pues dice que la no realización de los tests sirve como presunción de existencia del error.

Otra cuestión que quiero destacar es que la Sentencia habla del carácter especulativo del swap por no haber ninguna relación comercial previa entre cliente y entidad. Sin embargo, se podría contratar un swap sin carácter especulativo con una entidad en la que no se hubiera adquirido ningún servicio o producto previo y no por eso siempre será especulativo. Por ejemplo, se puede adquirir deuda para expandirse y cubrir la subida de tipos con un swap de tipos de interés por la cuantía total adquirida como deuda a través de otro banco.

En definitiva, se trata de una sentencia relevante pero no cierra muchas cuestiones de interés, básicamente destaca el uso de la no realización de los tests como presunción de vicio por error incluso tratándose de una empresa.

Medidas preventivas a la rescisión de adquisiciones de empresas en distress

Las operaciones de compraventa de empresas en distress, por el término habitualmente usado, y al que podemos llamar en castellano empresas en dificultades (financieras), ha tenido y sigue teniendo mucho peso en el mercado ibérico. Estas operaciones se suelen realizar a través de la compraventa de activos, no de acciones.

Las operaciones en distress M&A pueden darse dentro de un procedimiento concursal o fuera de este. En el primer caso la seguridad jurídica de estas operaciones es muy alta, gracias a la intervención del juez, protegiendo la operación de compraventa. Además, en este sentido el ordenamiento jurídico español ha avanzado bastante, aunque aún se podría hacer más (al respecto se puede ver esta entrada del blog sobre el equivalente español del pre-pack inglés).

Por el contrario, cuando la adquisición de una empresa en dificultades se realiza fuera del procedimiento concursal los riesgos de una posible rescisión de la compraventa aumentan a niveles realmente preocupantes (las operaciones realizadas durante los dos años anteriores a la declaración de concurso pueden ser rescindidas si perjudican a la masa activa).

Debido a las importantes pérdidas para el comprador, en caso de que se produjera una rescisión de la compraventa, es importante realizar tantas actuaciones como sea posible para proteger la operación. Dichas medidas deben ir encaminadas a asegurar, básicamente, dos cuestiones: i) que el precio de la compraventa sea por el valor de la compañía, no menos, y ii) que el precio recibido por el vendedor se dirija al pago de las deudas de la compañía, respetando el principio de par conditio creditorum o pari passu (es decir, que los deudores reciban los pagos en igualdad de condiciones).

Recordemos que en estas operaciones de M&A se compran los activos directamente (unidades productivas), para evitar traer consigo buena parte de los pasivos que se mantienen en la empresa titular de las acciones o participaciones y que, en consecuencia, con el precio recibido por los activos vendidos podrá pagar a esos acreedores titulares de créditos contra la sociedad vendedora.

El principal instrumento para proteger la compraventa de la unidad o unidades económicas es la elaboración de documentos dirigidos a fijar el valor real de la empresa adquirida. En consecuencia, el documento más útil será un informe de auditoria que determine el valor de la empresa adquirida. Asimismo, será muy interesante que ese informe también sirva como aprobación respecto al plan de viabilidad utilizado por la compradora; de tal modo que la auditora ratifique que la compraventa sirve para mejorar el futuro económico de la empresa (mantenimiento de puestos de trabajo, refinanciación, pago de las deudas transmitidas, etc.). También es importante que el informe de auditoria y resto de documentación utilizada enfatice que las circunstancias aplicables son las de ese momento concreto, para intentar evitar que el juez utilice información posterior a la compraventa de la empresa.

Otra medida preventiva interesante es la firma de documentos por parte de los deudores en los que se exprese su conformidad con la operación de M&A, así como garantizar a través de los instrumentos oportunos que el precio de la compraventa se dirige al pago de los deudores. Sin embargo, esta segunda medida debe ser tratada con mucho cuidado, pues un trato favorable a un deudor respecto a otros puede acarrear graves conflictos.

- Consejo práctico: Si se quiere adquirir una empresa en dificultades financieras habrá que contactar con un asesor jurídico para que proteja la operación de posibles rescisiones en caso de que la compañía vendedora se declare en concurso. Las adquisiciones que se aprovechan de las compañías en graves tensiones económicas puede salir muy cara si no se tienen en cuenta todos los riesgos legales implícitos.

Integridad de la obra de arte desde la perspectiva del derecho

Hoy simplemente me remito a esta publicación en La Vanguardia digital titulada “Integridad de la obra de arte desde la perspectiva del derecho”.

Para esta colaboración con el periódico me inspiro en una entrada previa del blog (esta entrada) comentando la Sentencia del Tribunal Supremo 458/2012, sobre la ubicación de las obras en relación al derecho del autor a la integridad de la obra.

Setting up a company in Spain from abroad

Si quieres leer la versión en castellano ir a este LINK.

The establishment of a company in Spain is such a quite complex and long process, much more than in most countries, so that, when a Spanish company is constituted by a foreign person or company the process becomes even longer.

The establishment of a company in Spain from abroad is usually done through a subsidiary. In that case, its parent company will be the sole or the main shareholder.In consequence, the parent company must decide, through its board of trustees or its general meeting, it will depend on the company bylaws and the legislation applicable in its country of origin.

The agreement of the parent company must be provided in Spain after being translated into Spanish (if it’s not done in that language), and legally apostilled (apostille of the Hague). This agreement have to decide about the establishment of the new company in Spain, identify that company, its address, ordinary activity, etc.

It is also required to provide a certificate of good standing of the parent company, that certificate need to be translated into Spanish by a sworn translator (if it’s done in a different language), and also need to be apostilled.

One of the first steps to set up the Spanish company, if not the first, is the request for the corporate name in Spain. In that request the applicant expresses five names in order of preference. If one of those names is approved the name awarded is reserved for a period of six months. However, the certificate issued only lasts for three months (it’s easy to renew for three months more).

Once the legality of the agreement of the parent company is certified, the process in Spain begins. To set up the company in Spain it will be required to grant a public deed before a Notary Public and incorporate in the Commercial Register.

In the public deed the information will be, mainly: identification of the new company, type of company, type of the board of managers, identification of the managers, etc. The certificate of good standing above mentioned and bylaws of the company also needs to be provided. Another mandatory document is the certificate issued by a bank in Spain, that certificate is used to prove the payment of the contribution made as share capital (equity).

One of the particularities of setting up a company from abroad is to empower a lawyer in Spain so that he can handle the constitution of the company on behalf of the parent company, and also to make the required arrangements on behalf of the managers.

Tax obligations will be another important issue, for example it will be mandatory to process the Model D-1A.

As the reader can imagine, the process explained here takes some months.


If you are interested for any further information on the blog there are several means of contact, such as via LinkedIn, contact form below (at the bottom of the page), phone, etc.
Las Meninas - Diego Velázquez

Constituir una sociedad en España desde el exterior

If you are interested in reading the English version click on this LINK.

La constitución de sociedades de capital en España es bastante compleja y lenta, mucho más que en la mayoría de países, por lo que, cuando se trata de constituir una sociedad española desde un país extranjero tal proceso es aún más largo.

Para constituir una sociedad en España desde el exterior, normalmente se hará a través de una filial con su matriz poseedora de la totalidad o la mayoría de las acciones o participaciones. En consecuencia, la sociedad matriz deberá acordar, a través de su junta de socios o su consejo, dependiendo de la compañía y la legislación aplicable en su país de origen. El acuerdo de la matriz deberá aportarse en España tras ser traducido al español (en su caso) y apostillado. Este acuerdo deberá contemplar la voluntad de constituir una sociedad en España, identificando la compañía, su objeto social, domicilio, etc.

Para el control de la compañía matriz será necesario aportar un certificado de existencia, también traducido al español (en su caso) y debidamente apostillado.

Uno de los primeros pasos, sino el primero, es a solicitud de denominación de la nueva sociedad, que permite reservar el nombre con una duración de seis meses. Sin embargo, el certificado emitido sólo tiene una duración de tres meses.

Una vez acreditada la legalidad del acuerdo de la matriz en origen, debe tramitarse la constitución de la compañía en el lugar de destino, en este caso España. Para la constitución, como ocurre con las constituciones de sociedades desde España, debe otorgarse escritura pública ante notario e inscribirla en el Registro Mercantil del lugar del domicilio social de la nueva compañía.

En la escritura se expresará información como: identidad de la nueva sociedad y su tipo social, órgano de administración e identificación de los administradores, etc. También hay que aportar el certificado de existencia antes mencionado y los Estatutos de la sociedad. Otro certificado obligatorio es el emitido por la entidad bancaria en España acreditando la aportación realizada en concepto de capital social.

Una de las particularidades de constituir una sociedad desde el extranjero es el otorgamiento de un poder a favor de los abogados en España para que puedan tramitar tanto la constitución de la compañía en representación de la compañía extranjera, así como para hacer los trámites de los administradores.

Otra particularidad de estas constituciones desde el extranjero es la tramitación del Modelo D-1A.

Como se puede imaginar el lector, el proceso dura algunos meses, y en cuanto a la obtención de las apostillas poco se puede hacer para agilizar el proceso.


En el blog hay varias vías de contacto para obtener más información al respecto.

El pilar fundamental en el que debe apoyarse un despacho con visión de futuro y calidad

Existen muchas variables que afectan al éxito de un despacho de abogados, muchas de estas variables se han destacado en este blog en numerosas ocasiones, como: “Recopilando ideas sobre marketing jurídico ya publicadas en este blog” o “Esquema vías de actuación en un despacho de abogados”. Sin embargo, hay un pilar básico para mantener el éxito de forma permanente, el que en catalán se conoce como “el pal de paller” que lo sostiene todo.

Ese ”pal de paller” es la vocación por el derecho, es decir, trabajar en esta profesión tan dura, más de lo que muchos se pueden imaginar, consiguiendo sacar satisfacción personal por el trabajo bien hecho y la búsqueda de la excelencia técnico-jurídica. El reto intelectual a concluir como recompensa.
Arbres en flor - Joaquim Vayreda
Del mismo modo que ocurre en muchas otras profesiones, en el derecho la esfera teórica suele alejarse mucho de la práctica, pero el interés por la esfera teórica es un elemento esencial para mantener al abogado conectado y motivado a lo largo del tiempo. 

Es cierto que muchos abogados y despachos aprovechan picos del mercado en ciertos nichos, como se ha visto con las administraciones concursales o los litigios bancarios por swaps y participaciones preferentes, entre otros. También es cierto que sin vocación, pero con capacidad de sacrificio, muchos son capaces de mantenerse en cuotas de facturación relevantes, pero esta vía está abocada al deterioro en el medio/largo plazo.

Algunos despachos desatienden la esfera teórica para centrarse en la practicidad más cruda, pensando que de este modo se está apoyando la rentabilidad del negocio. De hecho, este planteamiento no parece descabellado, pues los clientes desconocen (en su gran mayoría) los aspectos técnico-jurídicos y las discusiones teóricas de los juristas y sólo quieren y buscan resultados puramente prácticos. En relación con este punto, la clave del equilibrio entre la esfera teórica y la práctica se acomoda en saber enfocar el conocimiento teórico y las discusiones doctrinales como elementos prácticos del servicio jurídico. Además, existe la posibilidad de impregnar la prestación de servicios legales (esfera práctica) con los conocimientos teóricos, dando lugar a una filosofía de despacho propia y un valor añadido de carácter emocional. Apuntar, al lector escéptico, que el neuromarketing  ya ha dicho mucho de esto y aún tiene mucho más por decir al respecto.


Algunos se preguntarán cómo integrar conocimientos puramente doctrinales en la esfera práctica, pero este no es el objeto de esta entrada. De todos modos, algunos ejemplos son: conocer la interpretación defendida por algunos jueces, ya sea como profesores universitarios o escritores (de artículos y/o libros), la tendencia en la interpretación del derecho en ciertas materias con el paso del tiempo, el aumento de criticas doctrinales en determinadas cuestiones jurídicas, las propuestas normativas de instituciones y organismos internacionales, o los cambios normativos y jurisprudenciales en países influyentes, entre muchos otros ejemplos posibles.  

What is a negative pledge clause?

Negative pledge clauses are a kind of guarantee used to establish one or more limitations on powers of the debtor, in order to protect one or more creditors. In fact, the terms by which the debtor agrees not to perform certain actions are quite common and relevant when a debtor wishes to obtain some source of financing. That happens either through debt or equity (i.e. participation in equity by the creditor via stock, shares, profit participating loans, etc.).

Using a negative pledge is specially relevant in cases of receiving debt without a collateral. That is, if the creditor has no mortgage, pledge or other way of similar guarantee. However, the use of that kind of clauses can be agreed regardless of which it is established or not any real guarantee, as those already mentioned.

A common limitation on the debtor faculties is not to perform new debts after receiving the loan incorporating the negative pledge clause. Beside that, another common clause is to prevent the debtor to sell an important part of its assets, so that its disposal faculties will be focused only on selling the assets which are subject to its ordinary business.

Despite what has been said, these clauses cannot prevent the debtor to take on new debt. Another important point is that a negative pledge clause can allow the debtor to assume more debt in case it is agreed with a lower range. Thus, the first debtor requesting the negative pledge ensures repayment in preference to the subsequent.

La meva proposta de regulació del dret de separació per no repartiment de dividends (art. 348 bis LSC)

Para ver la versión en castellano ir a este Link.

El redactat proposat està al final de l’escrit.

L’actual art. 348 bis LSC estableix:

“1. A partir del cinquè exercici a comptar  des de la inscripció en el Registre Mercantil de la societat, el soci que hagués votat a favor de la distribució dels beneficis socials tindrà dret de separació en el cas que la junta general no acordés la distribució com a dividend de, com a mínim, un terç dels beneficis propis de l'explotació de l'objecte social obtinguts durant l'exercici anterior, que siguin legalment repartibles.
2. El termini per a l’exercici del dret de separació serà d’un mes a comptar de la data en què s’hagués celebrat la junta general ordinària de socis.
3. El que disposa aquest article no és aplicable a les societats cotizades.”.

Com es pot veure, es tracta d'una càrrega per a les societats de capital massa onerosa. A més, la protecció del soci minoritari no requereix un article com aquest, ja que per via d'abús de la majoria es pot protegir perfectament als socis minoritaris. Certament, amb la jurisprudència actual la protecció del minoritari per no repartiment de dividends es fa declarant que la companyia hagi de repartir dividends, però no li permet separar-se (almenys amb els pronunciaments que tenim fins ara). No obstant això, amb l'art. 348 bis LSC es permet al soci separar gairebé automàticament de la companyia, cosa que pot esdevenir excessiu i contrari al principi de preservació de les empreses i promoció de l'activitat empresarial.

Per tal de suavitzar l'aplicació de l'actual art. 348 bis LSC, la Proposta de Codi Mercantil exposa la possibilitat de rebaixar la quantitat a repartir d'un terç a un quart. Des del meu punt de vista es tracta d'una bona iniciativa, però seria encara més adequat rebaixar aquest percentatge a una cinquena part, alhora que s'utilitzés com a referent el benefici ordinari net. Junt amb aquest canvi, també seria positiu afegir en el mateix precepte que aquesta norma és un mínim repartible, sense perjudici de la possible aplicació de l'abús de la majoria. Aquest esmentat abús de la majoria es podria donar quan una companyia obté beneficis repartibles i decideix mantenir-los en la societat sense cap justificació.

En referència a l'exercici del dret a partir del cinquè exercici em sembla adequat, però crec que en els Estatuts s'hauria de poder ampliar aquest termini fins a uns 8 anys, al ser un termini més prudencial per a la consolidació de certes companyies.

Cal destacar que la Proposta de Codi Mercantil (erròniament) no estableix el termini per exercir el dret, tot i que l'actual art. 348 bis l’estableix en un mes a comptar des que s'hagués celebrat la junta general ordinària. La regulació d'aquest termini em sembla adequada i necessària encara que l’augmentaria a dos mesos per poder preparar millor la defensa del minoritari. No obstant això, la Proposta de Codi Mercantil sí diu el següent que crec encertat i que també afegiria a la modificació de l'art. 348 bis: “El dret de separació no es pot exercir si existís un acord de refinançament homologat pel jutge, o si la societat es troba en concurs" i al qual jo afegiria "un acord de refinançament, homologat o no, o un acord extrajudicial de pagaments".

Finalment, afegir que seria interessant dir expressament que els socis minoritaris que haguessin acceptat certs contractes que impliquin no repartir dividends (com préstecs amb determiandes clàusules de control financer). Això respon a la doctrina dels actes propis, tot i que podria aplicar-se sense necessitat de regulació expressa.

Per tant, l'art. 348 bis LSC que proposo humilment seria:
Article 348 bis Dret de separació en cas de falta de distribució de dividends 
1. A partir del cinquè exercici a comptar de la inscripció en el Registre Mercantil de la societat, el soci que hagués votat a favor de la distribució dels beneficis socials tindrà dret de separació en el cas que la junta general no acordés la distribució com a dividend de, com a mínim, una cinquena part dels beneficis nets propis de l'explotació de l'objecte social obtinguts durant l'exercici anterior, que siguin legalment repartibles. En els Estatuts socials pot pactar que el dret contemplat en aquest article no sigui d'aplicació fins passats 8 exercicis.  
2. Aquest dret de separació s'estableix sense perjudici de la possible aplicació de l'abús de dret de la majoria. 
3. El termini per a l'exercici del dret de separació serà de dos mesos a comptar de la data en què s'hagués celebrat la junta general ordinària de socis.  
4. El dret de separació no es pot exercir si existís un acord de refinançament, homologat o no, o un acord extrajudicial de pagaments; segons es reguli en la legislació concursal. El soci minoritari no pot exercir el dret que regula aquest article si hagués votat a favor d'acords que impliquin el no repartiment de dividends. 
5. El que disposa aquest article no és aplicable a les societats cotitzades.

Per veure la versió en català: LINK

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