Reforma de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Parte II: establecimiento mercantil y desistimiento)


El nivel de protección a favor de los consumidores y usuarios es de carácter  mínimo y general, de modo que las normas sectoriales pueden establecer umbrales de protección superiores.

Una de las modificaciones importantes es el concepto de establecimiento mercantil, cuyo ámbito se amplía. La idea que permanece en relación con este tema es que los consumidores y usuarios merecen mayor protección cuando adquieren un servicio o producto fuera del establecimiento mercantil, ya sea en su domicilio o en la calle.

La reforma de la LGDCU incorpora un artículo sobre definiciones, en cuanto al concepto de establecimiento mercantil, el art. 59 bis .1 d) dice: “toda instalación inmueble de venta al por menor en la que el empresario ejerce su actividad de forma permanente; o toda instalación móvil de venta al por menor en la que el empresario ejerce su actividad de forma habitual.”.

Vale la pena remarcar que el concepto de consumidor y usuario se presenta de forma distinta y con una nueva definición, aunque a efectos prácticos no hay demasiada diferencia con la situación anterior.

Otra de las grandes novedades es que la contratación a distancia o fuera de establecimiento mercantil se amplía a 14 días, doblando el plazo anterior. Además, si el empresario no facilita la información sobre el derecho de desistimiento al consumidor y usuario, el mencionado plazo de 14 días se amplía a 12 meses. Sin embargo, si durante esos 12 meses facilita dicha información, el plazo de 14 días pasará a ser aplicable de nuevo y a contar desde la fecha de cumplimiento del deber de información.

El derecho de desistimiento comentado se regula en el art. 71 y su contenido es el siguiente:
Artículo 71. Plazo para el ejercicio del derecho de desistimiento.
1. El consumidor y usuario dispondrá de un plazo mínimo de catorce días naturales para ejercer el derecho de desistimiento.
2. Siempre que el empresario haya cumplido con el deber de información y documentación establecido en el artículo 69.1, el plazo a que se refiere el apartado anterior se computará desde la recepción del bien objeto del contrato o desde la celebración de éste si el objeto del contrato fuera la prestación de servicios.
3. Si el empresario no hubiera cumplido con el deber de información y documentación sobre el derecho de desistimiento, el plazo para su ejercicio finalizará doce meses después de la fecha de expiración del periodo de desistimiento inicial, a contar desde que se entregó el bien contratado o se hubiera celebrado el contrato, si el objeto de éste fuera la prestación de servicios.
Si el deber de información y documentación se cumple durante el citado plazo de doce meses, el plazo legalmente previsto para el ejercicio del derecho de desistimiento empezará a contar desde ese momento.
4. Para determinar la observancia del plazo para desistir se tendrá en cuenta la fecha de expedición de la declaración de desistimiento.”.

Reforma de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Parte I: nulidad de las cláusulas abusivas)


Esta norma entró en vigor el día siguiente de su publicación ya mencionada.
Emilio Sánchez Perrier - Orillas del río Guadaira con barco
Lo primeo a tener en cuenta, es que esta reforma responde al deber de transponer en el ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro la Directiva 2011/83/UE. Además, en el caso de España hay una modificación que responde a una Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, según la cual este Estado miembro incumplía uno de los derechos mínimos de los consumidores y usuarios a la vista del régimen legal comunitario. Este incumplimiento se debía a que en España se permitía que, los jueces y magistrados, ante una cláusula abusiva en lugar de anularla por completo la modificaran e integraran de conformidad con el art. 1258 CC.

El problema del régimen español anterior era que esa facultad de integrar podía anular el efecto disuasorio de esta prohibición. Es decir, quien incorporava una cláusula abusiva podía esperar a que esta se aplicara por desconocimiento del consumidor y usuario o que una vez identificada por un juez, éste la integrara en el contrato con un efecto diluído.

En consecuencia el nuevo art. 83 LGDCU queda como sigue:
Artículo 83. Nulidad de las cláusulas abusivas y subsistencia del contrato.  
Las cláusulas abusivas serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas. A estos efectos, el Juez, previa audiencia de las partes, declarará la nulidad de las cláusulas abusivas incluidas en el contrato, el cual, no obstante, seguirá siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, siempre que pueda subsitir sin dichas cláusulas.”.

Reconeixement i execució de laudes estrangers a Espanya

Para la versión en castellano ir a este LINK:

Amb l'aprovació de la Llei 37/2011 de mesures d'agilització processal es va modificar el procediment de reconeixement i execució de laudes estrangers. Aquesta modificació va regular l'esmentat procediment atribuint la competència per reconèixer les resolucions als Tribunals Superiors de Justícia (TSJ) i l'execució als jutjats de primera instància.

Aquesta situació és nova pel que fa a la divisió del procediment en dos òrgans diferents, cosa que a Espanya encara no havia passat mai, però a la vegada ve influenciada pel passat legislatiu, com veurem a continuació.

En un primer moment, tant reconeixement com execució, eren competència del Tribunal Suprem (TS), assegurant l'aplicació uniforme del dret en una cosa tan important com és el reconeixement i execució de laudes. Tot i així, posteriorment es va traspassar aquesta competència als jutjats de primera instància, ja que el TS no està en situació de fer-se càrrec del volm de treball que suposa. Per tant, en aquesta segona fase es va primar l'agilitat processal i la proximitat de l'òrgan d'execució amb el lloc de destinació dels seus efectes. El problema és que els tribunals d’inferiors tampoc donen abast, però aquí ara no entrarem.

En aquesta tercera fase, la Llei d'agilitació processal voler mantenir la proximitat de l'òrgan d'execució, com és habitual en la pràctica processal. No obstant això, i amb la vista posada al passat, en relació a l'aplicació uniforme del dret, es va decidir elevar la competència del reconeixement als TSJ. Per tant, el legislador va innovar en dividir el procediment en dos òrgans diferents, però amb la vista posada i amb clares influències del passat viscut.

El problema d'aquesta postura intermèdia és que el procés esdevé més llarg, ja que cal passar per dos procediments separats diferents. Si descartem les dues opcions passades, pels dos motius ja comentats, un es pot preguntar si no seria millor atribuir també l'execució als TSJ, però en aquest cas ens allunyaríem del lloc en què la resolució ha de produir els seus efectes, encara que aquest allunyament no seria tan evident com atribuir la competència al TS. Es possible que el principal motiu per no optar per aquesta opció sigui que comportaria, juntament a un allunyament del lloc d’execució, un augment en els mitjans i pressupost necessari del TSJ, cosa impensable avui dia.

També és important tenir en compte que quan parlem de reconeixement de laudes estrangers no només s'afecta a l'ordenament intern, també s'afecta la credibilitat d'aquest territori a nivell internacional, i en arbitratge Estats competeixen molt i molt bé per fer les coses correctament. Per això atribuir tot el procediment als jutjats de primera instància pot no ser molt desitjable. En deinitiva, no m’estranyaria que la sortida més eficient acabi sent l'atribució de l'execució als TSJ, no només del reconeixement com passa actualment.

Segunda aproximación a las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE)

Brendan Monroe - Midnight Sun Over an Endless Sea
Como vimos en la primera introducción básica a las ETVE, este tipo de sociedades es una subclase de sociedad holding, caracterizada por invertir en sociedades de distintos países (puede tratarse de una única inversión en un país extranjero). Podemos decir, que la finalidad de regular estas figuras es conseguir atraer al ordenamiento jurídico de turno, en este caso España, la gestión de capitales. De tal modo que inversiones internacionales sean dirigidas desde el país que regula la sociedad holding.

Como los requisitos del art. 116 LIS para que una sociedad sea considerada ETVE ya los vimos en la entrada citada, pasamos al art. 117 LIS.

En primer lugar se establece la aplicabilidad de la exención para evitar la doble imposición (internacional) según los requisitos del art. 21 LIS, tanto para la recepción de beneficios en la participada como de la transmisión parcial o total de la participación. Es importante remarcar que el régimen especial no sólo afecta al reparto de dividendos y transmisión de la participación, también afecta a la separación de socios y la liquidación de la propia ETVE.

Por lo tanto, en aplicación del art. 21 LIS, los requisitos básicos para evitar la doble imposición son: i) poseer al menos un 5% de la participada (o si el valor de adquisición supera los 6 millones, no se requiere porcentaje mínimo en la participada), ii) tenencia ininterrumpida durante al menos 1 año, iii) que la participada haya sido gravada por un impuesto equivalente al español, y iv) que la mayoría de los ingresos proceda del extranjero (85%), entre otros requisitos y normas más concretas.

Además, las ETVE no sólo se benefician del régimen de exención del art. 21 LIS, pues por las rentas a las que no se les aplica este régimen pueden acudir al régimen de deducción para evitar la doble imposición (internacional) del art. 31 LIS. Según este artículo las ETVE no tributarán por las cantidades pagadas en el país extranjero. EL art. 30 LIS sobre doble imposición interna también es aplicable en ciertos casos.

Si miramos el art. 118 LIS vemos que las personas físicas y sociedades que perciben rentas de la ETVE también tienen un tratamiento especial. Sin embargo, los beneficios de estos socios dependen de su clase, diferenciando entre personas físicas residentes en España o sociedades españolas y personas físicas y sociedades extranjeras. La cuestión aquí es que las rentas repartidas por la ETVE podrán acogerse nuevamente a la normativa sobre doble imposición interna o internacional, según sea el caso.

La UE como cabeza de turco de las deficiencias internas de los Estados

Desde sus inicios la UE ha sido utilizada como cabeza de turco de casi todos los problemas habidos en sus Estados Miembro y su principal problema frente a estas inculpaciones es que la UE, como institución, tiene muy pocos instrumentos para defenderse.
Brendan Monroe - Blending (brendanmonroe.tumblr.com)
En primer lugar, nos encontramos con una comunidad internacional estructurada de forma compleja y novedosa, ya que su creación no sigue ningún modelo preexistente. Esto es uno de los primeros problemas que tiene a la hora de defenderse, debido a que su desconocimiento la hace más vulnerable.

De todos modos, el principal motivo por el cual la UE es utilizada como cabeza de turco es la falta de unidad entre los mismos Estados Miembro, y eso no debe imputarse a la UE sino a los responsables de su creación, que son los propios Estados.

Otro problema con el que debe cargar la UE es que ésta no tiene los instrumentos necesarios para estar en contacto con la ciudadanía, aunque a través de la red realiza muchas iniciativas que pasan desapercibidas por la mayoría. Esta falta de conexión con la población, en contraposición al contacto diario entre la política estatal y sus ciudadanos, provoca el escenario perfecto para los políticos de los Estados Miembro; debido a que, en dicha situación, todos los males pueden ser imputados a ese ente “supraestatal” desconocido por la ciudadanía y al que no han dotado con los instrumentos necesarios para defenderse.

Si la ciudadanía no desconociera la estructura y funcionamiento de la UE y se le permitiera a ésta explicarse y estar en contacto con la ciudadanía, la población podría ditinguir el responsable de los perjuicios que sufrimos, cuyo origen se halla, a veces en la política de la UE y en otras en la política interna de cada Estado.

Y es que, como siempre, la democracia y la ignorancia no pueden convivir. Quizá por eso la idea de una tecnocracia ha estado sonando a menudo desde el inicio de la crisis.

Los primeros pasos para regular el crowdfunding en España

The Rocky Mountains, Lander's Peak - Albert Bierstadt

El anteproyecto que pretende regular el crowdfunding ha provocado reacciones tanto contrarias como favorables y es que aporta cosas buenas, pero también requiere mayor detalle y varias modificaciones.

En primer lugar es importante tener en cuenta que la regulación de esta actividad permitirá dar seguridad jurídica a este tipo de operaciones. 

Como se comentó en la entrada “Crowdfunding, concepto desde una perspectiva jurídica y económica”, este tipo de financiación puede estructurarse de distintas formas, algo que muchas veces es obviado: i) como una mera liberalidad (donaciones), ii) como pago anticipado del producto o servicio, iii) como un préstamo o iv) como una participación en el capital social de la compañía.

El anteproyecto, al menos de momento, sólo pretende regular el crowdfunding vía préstamos y participación en el capital. Siguiendo con esta línea se declara expresamente que la financiación por donaciones, compraventas con pago anticipado y préstamos sin interés no queda sujeta a esta normativa. En consecuencia, estas tres vías seguirían sin normativa específica y, por lo tanto, continuarán estando permitidas. Es decir, el crowdfunding no estará limitado por la posible aprobación de este anteproyecto. Cuestión distinta es si aporta más beneficios que perjuicios.

Uno de los avances de regular el crowdfunding es que la ley concreta ciertos conceptos. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que la regulación que se pretende aprobar limita esta actividad, estableciendo umbrales máximos de inversión y de recepción de financiación. Por ejemplo, el proyecto que participe en estas plataformas no podrá recibir más de 1.000.000 € y también se quiere limitar el máximo de aportaión por proyecto y año a realizar por los inversores.

Las plataformas de financiación participativa (plataformas de crowdfunding) se definen como: Sociedades que pongan en contacto a través de páginas web a una pluralidad de inversores con promotores de proyectos de financiación participativa. Esta actividad se quiere reservar a dichas plataformas, que deberán acomodarse a las normas para ellas aprobadas: registrarse, cumplir con requisitos de profesionalidad y seguridad informática, información, transparencia, etc. Además, también se establecen sanciones para los que incumplan la normativa.

El régimen jurídico es bastante más complejo y completo de lo comentado ahora, una vez avance el proceso parlamentario veremos su contenido con más detalle.

RAFTD alternativa a los INCOTERMS

En el comercio internacional se pueden encontrar empresas que prefieren funcionar con los términos RAFTD, sobretodo en las relaciones con Estados Unidos. Los INCOTERMS están aprobados por la ICC pero los RAFTD no. Su última versión es muy antigua, de 1941 (Cámara de Comercio de EEUU) y dejaron de estar vigentes en 1985, por lo que es mejor utilizarlos sólo si una parte exige su uso y no cede. Además, a diferencia de los INCOTERMS, que se presentan como instrumentos fijos, se pueden negociar facilmente para variar las obligaciones de cada término, pues se crearon con vistas a ser negociados.

Estos términos americanos tienen casi la misma nomenclatura que los INCOTERMS pero su contenido difiere ligeramente. Esto obliga a expresar, sobretodo en operaciones con norteamericanos, si los términos son INCOTERM o RAFTD. También hay que especificar el año para dejar claro qué versión del término se quiere utilizar.

Por ejemplo, si una empresa estadounidense pone EXW podría referirse al término RAFTD sin incluir el envase y embalaje, mientras que el EXW INCOTERMS 2010 sí los incluye.

Los nuevos acuerdos de refinanciación protegidos sin necesidad de aprobación colectiva (sin umbrales)

Como ya vimos en esta primera entrada sobre el RD-ley 4/2014, se introduce un nuevo tipo de acuerdo de refinanciación protegido. La especialidad de este tipo de acuerdo es que no requiere ni aprobación por parte de determinado umbral de acreedores ni homologación judicial. El acuerdo de refinanciación del antiguo 71.6 LC pasa a ser el 71 bis 1, con cambios importantes comentados en la entrada mencionada; mientras que el nuevo tipo de acuerdo se regula en el art. 71 bis 2.

Aunque sea una nueva figura no existente hasta ahora en el derecho concursal español, lo cierto es que su aplicación depende de requisitos muy estrictos. Es decir, aunque en un primer momento sorprenda que puedan protegerse acuerdos de refinanciación sin aprobación de los acreedores, la mejora patrimonial que suponen (debido a sus requisitos) justifica su protección.

Para que estos acuerdos de refinanciación sean protegidos sin necesidad de aprobación colectiva por parte de los acreedores, es necesario que cumplan los siguientes requisitos de forma acumulativa:
  1. Incremento de la proporción del activo sobre el pasivo;
  2. Activo corriente resultante sea superior o igual al pasivo corriente;
  3. Valor de las garantías resultantes a favor de los acreedores intervinientes no exceda de los 9/10 del valor de la deuda pendiente a favor de los mismos, ni de la proporción de garantías sobre la deuda pendiente que tuviesen con anterioridad;
  4. Tipo de interés aplicable a la deuda subsistente o resultante del acuerdo no exceda en 1/3 al aplicable a la deuda previa; y
  5. Acuerdo formalizado en instrumento público por todos los afectados, con constancia expresa de las razones que justifican el acuerdo.
Estas condiciones se deben dar en el momento de suscripción del instrumento público en virtud del cual se eleve a público el acuerdo de refinanciación.

Primera lectura del Real Decreto-ley 4/2014 sobre refinanciación y reestructuración de deuda empresarial

Han sido varias las entradas publicadas en este blog sobre la refinanciación y reestructuración de deuda, todas ellas dirigidas a hablar sobre la tendencia actual en materia concursal y preconcursal; esto es, el mantenimiento de la actividad empresarial, junto al deber de pagar a los acreedores y la necesidad de regular el momento de ejecución de las deudas en relación al principio de pari passu (igualdad de trato). Al respecto cabe destacar entradas como: “Otra entrada sobre la regulación concursal introducida en la Ley de Emprendedores”, “Limitar las ejecuciones con garantía real en las empresas concursadas” , “Regulación preconcursal en España hacia Inglaterra y Estados Unidos”, “Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización (Parte VI): reforma concursal en materia de acuerdos de refinanciación y su homologación” o “La refinanciación de empresas en crisis en el derecho concursal“.
Sierra Nevada - Albert Bierstadt
Uno de los avances más importantes en materia preconcursal es la posibilidad de suspender ejecuciones antes de la declaración de concurso, hecho necesario para que el principio de pari passu no se vea perjudicado. Además, como ya apuntamos en “Limitar las ejecuciones con garantía real en las empresas concursadas”, no suspender las ejecuciones singulares que afectan a la actividad de la empresa, incluso en situaciones preconcursales deja sin probabilidad de éxito el proceso de refinanciación o reestructuración.

En esta línea vemos el siguiente extracto del expositivo del RD-Ley 4/2014:

se modifica el artículo 5 bis, permitiendo que la presentación de la comunicación de iniciación de negociaciones para alcanzar determinados acuerdos pueda suspender, durante el plazo previsto para llevarlos a efecto (entiendo de la primera lectura que siguen siendo 4 meses), las ejecuciones judiciales de bienes que resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor. También se permite la suspensión del resto de ejecuciones singulares promovidas por los acreedores financieros a los que se refiere la disposición adicional cuarta, siempre que se justifique que un porcentaje no inferior al 51 por ciento de acreedores de pasivos financieros han apoyado expresamente el inicio de las negociaciones encaminadas a la suscripción del correspondiente acuerdo de refinanciación”. A esto cabe apuntar que los créditos de derecho público no están afectos a esta suspensión, algo que puede ser muy perjudicial en el proceso de refinanciación y reestructuración, quizá estos privilegios deberían empezar a limitarse.

Es importante destacar pues, que esta suspensión de las ejecuciones con garantía real se limitan a supuestos en que dichos bienes o derechos gravados son necesarios para la continuidad de la empresa.

Otro aspecto que considero debe ser destacado en esta primera aproximación es que se elimina la necesidad de aportar informe de experto independiente en los acuerdos de refinanciación, pues era un foco de conflictividad teórica y práctica. Dichos informes se sustituyen por una certificación del auditor de cuentas acreditativa de la concurrencia de las mayorías exigidas para la adopción de estos acuerdos. Sin embargo, además de facilitar la adopción de acuerdos de refinanciación se crea un nuevo tipo, en el cual no se requiere umbral mínimo de aprobación (algo muy novedoso). En este nuevo caso se establece un seguido de reglas dirigidas a asegurar que la empresa mejora su situación patrimonial. En consecuencia, tanto los antiguos acuerdos de refinanciación como los nuevos sin umbrales de aprobación, son protegidos para que no se rescindan (sólo lo serán por motivos muy estrictos ligados a la concurrencia de los requisitos para su aplicación, como la existencia de los umbrales de aprobación en los primeros y la mejora patrimonial en los segundos).

La capitalización de deuda pasa a tener un régimen más beneficioso, aunque en esta materia cabe preguntarse si pueden existir conflictos. Me refiero a los inversores que intentan adquirir empresas a precios inferiores a los de mercado aprovechando la transmisión de deuda, pero este no es el objeto de una primera aproximación al RD-ley. En relación con la capitalización de deuda se dice lo siguiente en la exposición de motivos:

Lo anterior se complementa con una modificación del artículo 92, que prevé expresamente que quienes hayan adquirido la condición de socios en virtud de la capitalización de deuda acordada en el contexto de una operación de refinanciación, no serán consideradas como personas especialmente relacionadas a efectos de calificar como subordinada la financiación por ellos otorgada como consecuencia de dicha operación”.

Otro punto a destacar el la creación de un nuevo supuesto de presunción de concurso culpable. Ahora si se propone una capitalización de deuda, la mencionada anteriormente, y el deudor se niega sin causa razonable podrá calificarse el concurso como culpable en caso de apertura de concurso de acreedores. Como decía, esto puede suponer graves conflictos y el informe del experto independiente será de gran importancia práctica.

En cuanto al porcentaje necesario para homologar judicialmente los acuerdos de refinanciación destaca la rebaja del porcentaje del 55% al 51%. Esta medida forma parte de la dinámica existente desde la aprobación de la Ley Concursal de ir rebajando los porcentajes de aprobación de las medidas dirigidas a continuar con la actividad de la empresa, en la DA 4ª ya se disminuyó el porcentaje para homologar. El mencionado porcentaje del 51% se calcula en base a todos los acreedores financieros, sin contar solamente con los comerciales y los públicos. 

STS 498/2014 sobre la aplicación de la moderación en las cláusulas penales

Esta sentencia es interesante por tratarse de un caso en que la Audiencia Provincial (AP) se aparta de la aplicación estricta de una cláusula penal, rebajando la pena a pagar por parte de la incumplidora. Sin embargo, ya hace años que el Tribunal Supremo (TS) tiene una postura muy clara al respecto, y que favorece el mantenimiento de lo estipulado entre las partes, incluso cuando se trata de incumplimientos parciales si las partes previeron expresamente que ese incumplimiento parcial conlleva la pena fijada. Al respecto ya destacamos un ejemplo de ello en este blog; concretamente en “Moderación de las cláusulas penales en las obligaciones contractuales”.

El TS niega la posibilidad de alejarse de la cláusula penal acudiendo a la fijación de la indemnización según los hechos: "Y lo que la sentencia impugnada hace, pese a afirmar que procede moderar la cláusula penal, es prescindir de ella y acudir a fijar una indemnización de los daños y perjuicios que considera le fueron ocasionados al vendedor, conforme al informe por ella presentado, y que únicamente hubieran podido tenerse en cuenta para integrar el contrato de haberse anulado la cláusula que los determina de común acuerdo por las partes.". Por ejemplo, y aunque esto no sea objeto del procedimiento, cabría la posibilidad de haber solicitado la nulidad de la cláusula si presentara obscuridades causadas por la vendedora, pero como se verá a continuación, la cláusula penal de este contrato era clara y sencilla.

Lo que hizo la AP fue moderar la pena directamente tras alegar que el incumplimiento parcial o defectuoso no fue el supuesto de hecho pactado en la cláusula, pero el TS no lo ve así. El contenido exacto de la cláusula era: "El incumplimiento por el Comprador de su obligación de comparecer al otorgamiento de escritura pública cuando así sea requerido por la Vendedora, de su deber de satisfacer cualquier pago bajo el presente contrato y, en general de las obligaciones consignadas en el mismo, dará derecho a la Vendedora a resolver el presente Contrato, con derecho a percibir una pena convencional igual a las cantidades hasta entonces satisfechas por el Comprador, para lo cual la Vendedora podrá retener el Primer Pago y, en su caso, el Segundo Pago y ello en concepto de pena civil que expresamente las Partes pactan, y que engloba igualmente la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados a la Vendedora.".

La Sentencia recuerda la postura jurisprudencial actual: “es doctrina constante de esta Sala que cuando la cláusula penal está establecida para un determinado incumplimiento, aunque fuera parcial o irregular, no puede aplicarse la facultad moderadora del artículo 1154 del Código Civil si se produce exactamente la infracción prevista; o por decirlo con otras palabras, que la moderación procede cuando se hubiera cumplido en parte o irregularmente la obligación para cuyo incumplimiento total la pena se estableció, de modo que, como afirma la doctrina, la finalidad del repetido artículo no reside en resolver la cuestión de si se debe rebajar equitativamente una pena por resultar excesivamente elevada, sino en interpretar que las partes, al pactar la pena, pensaron en un incumplimiento distinto del producido”.

En consecuencia, el TS declara: “Pues bien, la sentencia de apelación no aplica correctamente esta doctrina,. La cláusula penal se insertó en el contrato de compraventa en virtud de la autonomía de la voluntad que informa el derecho de la contratación, conforme al artículo 1255 del CC, con una doble función punitiva y liquidadora, según autoriza el artículo 1152, para garantizar el cumplimiento de la obligación principal que no era otra que la de poner en vigor aquel y eximir a la parte favorecida por ella de la necesidad de acreditar los daños y perjuicios sufridos. Y su aplicación resulta en contra de quienes, como los compradores, desistieron de forma unilateral y sin justa causa de los contratos de compraventa suscritos negándose a otorgar las escrituras públicas de compraventa y abonar el resto del precio pendiente, que eran precisamente los supuestos de hecho que habilitaban la cláusula penal, con lo que tales obligaciones fueron incumplidas totalmente.”.

Les entrades publicades són escrits no exhaustius elaborats en temps lliure i de forma personal, sense cap tipus de relació amb les empreses per les que pugui prestar serveis. Al ser continguts de caràcter general i no exhaustius no poden constituir assessorament legal.

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