Regulación fiscal de la retribución de los administradores a partir del 1 de enero de 2015

En relación con la nueva regulación de la retribución de los administradores introducida por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, hay un par de entradas al respecto en este blog, pero ahora nos centraremos en la parte fiscal, esto es, en la reforma introducida por la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (en adelante “LIS”).
The Girl with the Wine Glass - Vermeer
A nivel fiscal la aprobación del art. 15 LIS supone un importante cambio normativo, por cuanto declara de forma expresa la deducibilidad de las retribuciones de los administradores por el desempeño de funciones de alta dirección y de las funciones derivadas de un contrato de carácter laboral con la entidad. En el primer caso se comprenden las funciones de dirección y gestión, mientras que en las segundas se entienden prestaciones de servicios como puede ser la consultoría o la abogacía, por poner un par de ejemplos. En consecuencia, se elimina de la normativa fiscal la expresión que contemplaba el carácter no deducible de la remuneración a los administradores por funciones de gestión y dirección cuando ésta no se encontraba expresamente contemplada en los Estatutos Sociales. A pesar de ello, hay que tener en cuenta que la retribución que no sea conforme con la normativa mercantil no sería deducible, pero ya no se podrá denegar ésta por la llamada doctrina del vínculo, o por no estar aprobada en cada ejercicio social con previsión expresa en los Estatutos Sociales respecto a la forma concreta de cálculo.

En relación con la doctrina del vínculo, que se venía aplicando a efectos fiscales para denegar la deducibilidad de las retribuciones, establecía que las retribuciones percibidas por administradores por el ejercicio de funciones de alta dirección quedaban absorbidas por las funciones propias del cargo de administrador. En consecuencia, si el cargo de administrador era gratuito (por así decirse en los Estatutos Sociales o por no regularse el carácter retribuido del cargo en esos mismos Estatutos), las remuneraciones resultantes del contrato de alta dirección, se entendían como una liberalidad no deducible. Puede haber ciertas discrepancias al respecto si la Administración Tributaria hace una interpretación de la normativa que pueda defender la teoría del vinculo en determinados casos, pero la Reforma de la LSC y la aprobación de la nueva LIS, permite superar esta interpretación seguida hasta ahora por la Administración Tributaria, siendo la interpretación más razonable. En relación con las sociedades cotizadas el fin de la teoría del vinculo es segura, respecto a las demás ya veremos si la Administración Tributaria se arriesga a seguir una línea que no parecería lógica.

En relación con los tipos de retención aplicables por rendimientos del trabajo percibidos por la condición de administrador se reducen, tal y como se contempla en el art. 101.2 de la Ley 35/2006 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en adelante “LIRPF”), modificada por la Ley 26/2014, de 27 de noviembre. En concreto, el tipo de retención del 42% para administradores pasa al 35%, aunque para el ejercicio de 2015 el tipo se reduce hasta el 37% de forma transitoria. Además, para las empresas con un importe neto de la cifra de negocios inferior a 100.000 euros, el tipo de retención queda al 19%, aunque de forma transitoria para el ejercicio 2015 se mantendrá al 20%. 

Proyecto de Circular de la CNMV sobre advertencias relativas a instrumentos financieros

La normativa bancaria y sobre el mercado de valores viene, desde hace años, centrando esfuerzos en mejorar la información previa de los clientes que quieren adquirir instrumentos financieros. En este sentido, se aprobará una Circular de la CNMV para desarrollar la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito. Respecto al derecho de información previa, se puede ver la entrada “Sobre el test de idoneidad y el test de conveniencia en la venta de productos financieros”. Sin embargo, las entradas que tienen más interés ahora, son las tres que publiqué cuando se aprobó el Real Decreto-Ley 24/2012, que posteriormente se ratificó con la Ley 9/2012 ahora desarrollada por el proyecto de Circular. Las tres entradas mencionadas son “Comentarios a la última reforma financiera: RD-ley 24/2012” Parte I, Parte II y Parte III.

Tal y como anuncia la propia CNMV, el objetivo de la Circular es: “reforzar el consentimiento informado del inversor en la contratación de productos financieros mediante la sistematización de las citadas advertencias en relación con los siguientes aspectos: el riesgo del instrumento, su complejidad, el valor razonable y la presentación del resultado estimado del producto en diferentes escenarios con la probabilidad de ocurrencia. Para ello se han tenido en consideración los distintos tipos de instrumentos financieros y la naturaleza del cliente”.

Dicho esto, el enlace que debería dirigir al texto del proyecto de Circular no abre. Una vez funcione podremos comentarlo. 

Doctrina de la DGRN sobre la incorporación del balance de fusión en la escritura con acuerdo unánime

La Resolución de la DGRN de 21 de abril de 2014 es interesante por cuanto hace una interpretación finalista (no literal) del art. 45 LME. En concreto, la DGRN declara que a pesar del tenor literal del art. 45 LME, que dice expresamente: “Las sociedades que se fusionen elevarán el acuerdo de fusión adoptado a escritura pública, a la cual se incorporará el balance de fusión de aquéllas…”, entiende que en los casos de aprobación por unanimidad de la fusión y, siempre y cuando la compañía utiliza como balance de fusión el último balance de ejercicio social, de conformidad con el art. 36 LME, no será necesario incorporar dicho balance en la escritura.

En relación con el art. 36 LME, recordar que la posibilidad de utilizar el último balance de cierre del ejercicio social se da cuando éste se cerró dentro de los seis meses anteriores a la fecha del proyecto de fusión. De lo contrario, es preceptivo que el órgano de administración elabore un balance nuevo.

Respecto a la interpretación finalista que utiliza la DGRN destaca el siguiente extracto: “su incorporación a la escritura pública no puede erigirse en requisito obstativo habida cuenta de que no existe interés protegible (sin perjuicio del valor intrínseco del instrumento público y de la extensión de sus efectos en el supuesto de que efectivamente se incorpore el balance). Téngase en cuenta que respecto de socios y demás interesados de la sociedad la incorporación de un balance que ya fue aprobado con carácter previo al acuerdo de fusión no añade garantía alguna habida cuenta que tanto al convocarse la junta para aprobar las cuentas como antes de convocar la junta para aprobar la fusión han dispuesto de un amplio derecho de información. Por lo que a los acreedores se refiere, la protección de su posición jurídica depende igualmente de hechos anteriores al otorgamiento de la escritura de fusión; en concreto de la publicación o comunicación del acuerdo de fusión, momento en el que surge su derecho de oposición asó como el de obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado y del balance de la fusión.”. 

La DGRN continúa diciendo que al estar ya informados socios y acreedores, además de ser ya obligatorio el depósito del balance de cierre en el Registro Mercantil, no tiene sentido la duplicidad de pedir también de forma imperativa la incorporación de dicho balance de cierre (que sirve como balance de fusión) en la escritura de fusión.

Finalmente, la DGRN remarca para que quede claro y sin dejar lugar a dudas, que si el balance de fusión no es el mismo que el último balance de cierre, dicho documento sí deberá incorporarse en la escritura, pues la duplicidad dejará de darse.

La obligación de formalizar un contrato en caso de delegación de funciones ejecutivas de los consejeros de sociedades de capital

En una entrada anterior, titulada “Retribución de los administradores de las sociedades de capital”, aproveché para presentar un breve y sencillo comentario respecto al funcionamiento general de la retribución de los administradores, separando los casos existentes en tres: administradores en general, consejeros con funciones ejecutivas y consejeros de sociedades de capital (siendo este tercer caso un híbrido de ambos con reglas especiales para cotizadas, como la aprobación de la política de remuneraciones por la junta general y la creación de las comisiones de nombramientos y retribuciones”.
Bedroom in Arles - Van Gogh
En esta entrada nos centraremos en la obligación de formalizar por escrito los contratos de prestación de servicios de consejeros del órgano de administración de sociedades de capital, de conformidad con el art. 249 LSC.

El primer presupuesto para la delegación de funciones ejecutivas es que esta facultad no esté vetada en los Estatutos Sociales. Estando permitida la delegación, si ésta es con carácter permanente deberá tener la aprobación de dos terceras partes del consejo. Esta delegación permanente debe inscribirse en el Registro Mercantil, momento en el que empezará a producir efectos, sin perjuicio de la posibilidad de cerrar acuerdos antes si el tercero se aviene.

Con el mismo porcentaje mencionado antes, la delegación de funciones ejecutivas en uno o varios consejeros requerirá la formalización de un contrato de prestación de servicios. Este contrato lo firmará el consejo y el consejero/s que reciben la delegación. Los consejeros afectados/receptores deberán abstenerse de votar e incluso asistir en la deliberación. Además, el contrato debe incorporarse como anexo en el acta de la sesión. El contenido mínimo de dicho contrato es:
  1. Retribución del consejero,
  2. eventual indemnización por cese anticipado en dichas funciones, y
  3. cantidades a abonar por la sociedad en concepto de primas de seguro o contribución a sistemas de ahorro.
Destacar que el consejero no podrá percibir ninguna otra retribución por las funciones ejecutivas que no estén expresamente contempladas en dicho contrato y que, las retribuciones contempladas en dicho contrato, deberán respetar la política de retribuciones aprobada, en su caso, por la junta general. Es decir, si la junta o los Estatutos contemplan una retribución máxima para los administradores/consejeros, el consejo debe respetarlo al delegar sus funciones en uno de sus miembros, o de lo contrario se dejaría sin contenido esa competencia de los socios.

Valga decir que el art. 249 bis LSC contempla una lista de facultades del consejo indelegables a tener en cuenta.

Finalmente, añadir que de la lectura de la normativa se entiende que incluso siendo la delegación de facultades ejecutivas no retribuida, igualmente habría que formalizar el contrato de prestación de servicios, pues en ningún momento se dice que esa formalización sea solamente para delegaciones retribuidas. Además, que la delegación de funciones ejecutivas sea no retribuida, eso no quita que el cargo de administrador/consejero sea retribuido de igual forma que el resto de consejeros.

Protección jurídica de los diseños industriales en España (Parte II)

En la primera parte donde introducimos la regulación de los diseños industriales en España y algunas de sus normas básicas, vimos que éstos se encuentran entre las patentes y las obras artísticas.

Tal y como se vio en la entrada anterior, los diseños industriales se refieren a obras tridimensionales, pero las obras tridimensionales pueden ser también una obra artística, cuya protección se extiende durante toda la vida del autor más 70 años, no sólo 25 años en plazos de 5 años desde que se reveló el diseño. En consecuencia, es muy importante diferenciar diseño de obra.

El ordenamiento jurídico español pudo escoger entre tres opciones, que son: i) no reconocer la compatibilidad de los diseños industriales y obras artísticas, ii) reconocer la compatibilidad plena entre protección vía obra y diseño y iii) reconocer la compatibilidad entre protección vía obra y diseño según las características de la obra/diseño.

En el ordenamiento jurídico español se optó por la tercera opción. Por lo tanto, se permite la compatibilidad de los diseños industriales (obra tridimensional) con la protección vía obra artística, siempre y cuando ese diseño posea un plus de originalidad que le permitan ser considerada una obra artística. Por ese plus de originalidad se entiende el mayor valor artístico, concepto evidentemente difícil de delimitar.

Para dejar claros los conceptos de novedad y carácter singular de los diseños industriales, también llamados en el Reglamento (CE) 6/2002 del Consejo como dibujos y modelos comunitarios, podemos exponer las definiciones expuestas en dicho Reglamento:

Novedad:

1. Se considerará que un dibujo o modelo es nuevo cuando no se haya hecho público ningún dibujo o modelo idéntico:
a) si se trata de un dibujo o modelo comunitario no registrado, antes del día en que el dibujo o modelo cuya protección se solicita haya sido hecho público por primera vez;
b) si se trata de un dibujo o modelo comunitario registrado, antes del día de presentación de la solicitud de registro del dibujo o modelo cuya protección se solicita, o, si se hubiere reivindicado prioridad, antes de la fecha de prioridad.
2. Se considerará que los dibujos y modelos son idénticos cuando sus características difieran tan sólo en detalles insignificantes.

Carácter singular:

1. Se considerará que un dibujo o modelo posee carácter singular cuando la impresión general que produzca en los usuarios informados difiera de la impresión general producida por cualquier otro dibujo o modelo que haya sido hecho público:
a) si se trata de un dibujo o modelo comunitario no registrado, antes del día en que el dibujo o modelo cuya protección se solicita haya sido hecho público por primera vez;
b) si se trata de un dibujo o modelo comunitario registrado, antes del día de presentación de la solicitud de registro o, si se hubiere reivindicado prioridad, la fecha de prioridad.
2. Al determinar si un dibujo o modelo posee o no carácter singular, se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor al desarrollarlo.

El conflicto tiende a centrarse más en el carácter singular que en la novedad.

Link a la tercera parte.

Protección jurídica de los diseños industriales en España (Parte I)

En España la regulación de los diseños industriales se halla en la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, cuya regulación de la Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1998, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos y convive con el Reglamento (CE) 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001 sobre los diseños o modelos comunitarios.

Los diseños industriales son una forma de propiedad intelectual que se encuentran entre las patentes y las obras, teniendo las tres formas de creación su propia protección jurídica.

A diferencia de las patentes, los diseños industriales (al igual que las obras de propiedad intelectual), pueden ser protegidos sin necesidad de registro. Sin embargo, en el caso de los diseños industriales su protección es distinta según se registre o no.

Antes de continuar vale la pena destacar que por diseño se entiende: “la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características de, en particular, las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación”. Para que los diseños puedan ser registrados deben ser nuevos y tener carácter singular.

El concepto de “carácter singular” difiere según en que país de la UE nos encontremos, a pesar de que exista la Directiva antes mencionada, en concreto esta expresión de define como sigue: “Se considerará que un diseño posee carácter singular cuando la impresión general que produzca en el usuario informado difiera de la impresión general producida en dicho usuario por cualquier otro diseño que haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad”.  Además, la normativa añade que para valorar el carácter singular hay que tener en cuenta el grado de libertad del autor para desarrollar el diseño. Por ejemplo, en el caso de los turismos (vehículos a motor) la libertad del autor está limitada por las características técnicas del vehículo. En aquellos casos donde el diseño viene íntegramente impuesto por las características técnicas no se reconoce el derecho a registrarlo.

La duración de la protección de los diseños registrados es de hasta 25 años, pero la protección se solicita y recibe por plazos de 5 años. El registro conlleva el pago de tasas, tanto al inscribir el diseño por primera vez como en cada renovación.

Aunque la Ley española no diga nada al respecto, aunque el autor decida no registrar el diseño, el Reglamento europeo le otorga una protección de hasta 3 años. Este plazo de protección empieza a contar cuando el autor lo revela al público a efectos comerciales.

Link a la segunda parte.

Retribución de los administradores de las sociedades de capital

La regulación de la retribución o remuneración de los administradores ha sido modificada de forma relevante tras la aprobación de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital (LSC). En esta entrada comentaremos brevemente las principales modificaciones.

El primer punto que debe quedar claro es que la remuneración de los administradores queda dividida en tres casos distintos, que veremos a continuación, esto es, administradores en general sin funciones ejecutivas delegadas, consejeros con funciones ejecutivas y consejeros de sociedades cotizadas.
The Art of Painting - Vermeer
En primer lugar, se regula la retribución de los administradores en general, esto es, la remuneración de los administradores únicos, solidarios, mancomunados y consejeros sin funciones ejecutivas delegadas (sin incluir los administradores de sociedades cotizadas). Este grupo de administradores podrá ser remunerado siempre y cuando así se contemple expresamente en los Estatutos sociales de la compañía. La propia LSC contempla varias formas de remuneración distintas que pueden utilizarse (lista abierta), que son:
  1. Asignación fija,
  2.  Dietas de asistencia,
  3. Participación en los beneficios,
  4. Retribución variable con indicadores o parámetros de referencia,
  5. Remuneración en acciones o vinculada a su evolución,
  6. Indemnizaciones por cese (no aplicable si el cese es por incumplimiento del administrador), y
  7. Sistemas de ahorro o previsión.
La Junta General tiene la competencia para aprobar la remuneración anual del conjunto de los administrados, correspondiendo a estos últimos la distribución de dicho importe entre ellos, a no ser que la Junta General apruebe lo contrario (es decir, apruebe la concreta distribución o unas pautas generales). Para la distribución entre los consejeros, en su caso, este órgano debe tomar en consideración las funciones y responsabilidades atribuidas a cada consejero.

La LSC contempla la obligación de que la retribución de los administradores guarde una proporción razonable con la importancia de la sociedad, su situación económica y los estándares de mercado de empresas comparables. En este sentido, tiene especial relevancia la relación entre la retribución de los administradores y el reparto de dividendos, en especial cuando el administrador o administradores son también socios mayoritarios de la compañía, a fin de evitar abusos contra la minoría.

A diferencia de lo que ocurría con la normativa anterior, tras la reforma de la Ley 31/2014, la retribución de los administradores se podrá llevar a cabo con la aprobación de la junta general, manteniéndose este acuerdo en los años posteriores. Es decir, ya no será necesaria la aprobación de la remuneración cada año.

El segundo grupo de administradores es el formado por los consejeros con funciones ejecutivas, típicamente el consejero delegado. En este caso, los consejeros sin funciones ejecutivas verán regulada su remuneración según el régimen anterior comentado. En cambio, los consejeros con funciones delegadas verán regulada su remuneración en virtud del contrato firmado entre éste y el consejo de administración. El consejero o consejeros afectados no podrán participar ni votar en la reunión del consejo respecto a este asunto y dicho acuerdo del consejo deberá ser aprobado por dos terceras partes del órgano de administración. El contrato deberá formalizarse por escrito y adjuntarse al acta de la reunión. La remuneración de los consejeros con funciones ejecutivas estará limitada por los importes máximos establecidos estatutariamente o por la junta general.

En tercero y último lugar comentamos la remuneración de los administradores en sociedades cotizadas. En este caso se establece que las sociedades cotizadas deberán tener siempre un consejo y que, a no ser que se diga lo contrario en los Estatutos, dicho cargo será retribuido.

Para los consejeros sin funciones ejecutivas se les aplicará la normativa general, según el cual la retribución máxima la fija la junta general y la distribución el consejo. Por su parte, la retribución de los consejeros con funciones ejecutivas las decidirá el consejo, siguiendo las reglas comentadas. Para regular y controlar los importes a percibir por los consejeros, la junta general de accionistas deberá aprobar cada tres años la política de remuneración de éstos. Además, para su aprobación la Comisión de nombramientos y retribuciones deberá presentar antes una propuesta a la junta general. 

Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada 67/2014, sobre prácticas parasitarias en buscadores de Internet

La sentencia de la Audiencia Provincial (AP) de Granada resuelve sobre el uso de nombres comerciales ajenos como palabras clave en buscadores de Internet.

Cabe destacar que sobre los nombres de dominio la AP de Granada hace mención a una sentencia de este mismo juzgado en la cual se referían a otra de la AP de Barcelona (Sección 15ª), cuyo razonamiento era: “Los nombre de dominio son un sistema de identificación y localización de ordenadores conectados a la Red (INTERNET). Sin embargo, los nombre de dominio, como reconoce la doctrina, además de poder definirlos técnicamente como una dirección de ordenador, son también, jurídicamente signos distintivos en tanto que cumplen la función de distinguir entre recursos introducidos en la Red por su distinta procedencia vinculando a un sujeto con un sitio web y al titular del sitio web con los contenidos o la actividad ofrecida o desarrollada en ese sitio web y, de ahí, que cuando la naturaleza de los contenidos o la actividad sea empresarial o profesional cumplan esencialmente la función de las marcas y los nombres comerciales, puede generar conflictos entre nombre de dominio y marcas o nombres comerciales.”

La demandada utilizaba el dominio de otra empresa para productos similares cambiando solamente el .com por .net. En este sentido destaca el extracto de la sentencia en el que se dice: “Así ocurre en el caso de autos y ello determina la condena del recurrente como respuesta adecuada del ordenamiento a quién, como señalaba la STS de 22 de junio de 2011, …intenta, mediante el registro de una marca (aquí el uso de un signo telemático), aparentar una inexistente conexión entre los productos o servicios que la misma está destinada a identificar y los de un tercero que están distinguidos con otra, buscando, con una aproximación de aquel signo a este, obtener el favor de los consumidores con el aprovechamiento de la reputación del segundo”. Además, también utilizaba “keywords” o “palabras clave” que hacían referencia a la empresa competidora para intentar captar clientes de ésta. Este tipo de prácticas son consideradas como parasitarias, por aprovecharse de la reputación de otra compañía. Es decir, una empresa desconocida o menos conocida que otra, intenta captar clientes de otra compañía de forma desleal, esto es, provocando riesgos en la libre elección de los potenciales clientes. Las prácticas parasitarias provocan el riesgo de confusión en los consumidores y, por lo tanto, se prohíben expresamente en la Ley de Competencia Desleal. El juzgador explica que incluso tratándose de productos de clases distintas el uso de palabras clave de otra compañía puede derivar en prácticas parasitarias, debido a que Internet es la principal vía de comunicación y comercio, y que dicha conexión puede provocar riesgo de asociación entre las compañías.

Respecto a dicho comportamiento parasitario el juzgador destaca que la conexión entre compañías puede menoscabar el carácter distintivo o la notoriedad o renombre de la marca registrada que es víctima de del aprovechamiento de su reputación. 

¿Qué es una obra derivada?

Una obra derivada, que en la Ley de Propiedad intelectual española (LPI) también se llama obra compuesta, en contraposición con la obra originaria que no proviene de otra, es aquella obra cuyo origen se debe a la transformación de otra obra (la originaria o preexistente). En la obra derivada la autoría de ésta viene en exclusiva del autor de ésta, sin intervención del autor de la obra preexistente, pero incorpora la obra preexistente. En consecuencia, el autor de la obra derivada será el nuevo autor, pero al incorporar la obra de otro requerirá la autorización de éste y su explotación dará derechos económicos a ambos autores. Es decir, se repartirán los beneficios de la explotación de la obra derivada (a no ser que el autor de la obra preexistente permita al otro no remunerarle por la obra incorporada).

A pesar de que la obra derivada provenga de otra debe cumplir también, como cualquier otra obra, con los requisitos del art. 10 LPI, esto es, que sea una obra original literaria, artística o científica expresada por cualquier medio o soporte, tangible o intangible. Es decir, la obra que deriva de otra preexistente debe transmitir cierta originalidad distinta a la originaria. De lo contrario, la poca relevancia en la originalidad (poca diferenciación) daría lugar a una reproducción de la obra preexistente y, por lo tanto, no estaríamos ante una obra derivada. El art. 11 LPI como lista abierta de posibles obras derivadas menciona: traducciones o adaptaciones, revisiones, actualizaciones y anotaciones, compendios, resúmenes y extractos, arreglos musicales, y como último ejemplo que sirve de definición sencilla de toda obra derivada, cualquier transformación de una obra literaria, artística o científica.

Finalmente, el último punto que interesa dejar claro para entender el funcionamiento de las obras derivadas, es que la inspiración de una o varias obras preexistentes para crear una obra nueva no da lugar a una obra derivada. Es evidente que todas las obras tienen en mayor o menor medida influencia de obras vistas o escuchadas con anterioridad por el autor. En este sentido, hay que diferenciar la simple inspiración, que da lugar a una obra originaria o preexistente nueva, de la transformación que da lugar a una obra derivada. 

Ley 31/2014 de modificación de la LSC, Parte VI: Sistema por Cooptación

Blue Café - Ivan Tabakovic
En una entrada anterior, publicada el 23 de diciembre de 2012, vimos la regulación del “Nombramiento de administradores: Sistema por cooptación”, aplicable a las S.A., pero mediante la aprobación de la Ley 31/2014, por la que se modifica la LSC, se introducen particularidades en la cooptación de las sociedades cotizadas, que resumiremos muy brevemente.

En concreto, esta regulación se halla en el nuevo art. 529 decies LSC. De igual modo que en las S.A. (que no S.L.), el nombramiento lo aprueban los miembros del consejo de administración para cubrir la vacante anticipada de un consejero hasta la celebración de la siguiente junta general, ya sea dicha vacante por dimisión, fallecimiento o cualquier otro motivo.

A diferencia de lo ocurrido con las S.A. no cotizadas, en las cotizadas el administrador cooptado puede ser un tercero no accionista. Además, se establece que “de producirse la vacante una vez convocada la junta general y antes de su celebración, el consejo de administración podrá designar un consejero hasta la celebración de la siguiente junta general.”.

En relación con el sistema por cooptación en sociedades cotizadas también vale la pena destacar el art. 529 quindecies, que regula el funcionamiento de la comisión de nombramientos y retribuciones (un órgano que tiene mucha importancia a partir de esta reforma de la LSC). En virtud de este artículo, la Comisión de nombramientos y retribuciones tendrá, en todo caso, la competencia para elevar al consejo de administración la propuesta de nombramiento de consejeros independientes para su designación por cooptación y, también, para informar sobre las propuestas de nombramiento de los restantes consejeros para su designación por cooptación, entre otras competencias ajenas al sistema por cooptación objeto de esta entrada. 

Les entrades publicades són escrits no exhaustius elaborats en temps lliure i de forma personal, sense cap tipus de relació amb les empreses per les que pugui prestar serveis. Al ser continguts de caràcter general i no exhaustius no poden constituir assessorament legal.

Las entradas publicadas son escritos no exhaustivos elaborados en tiempo libre y de forma personal, sin relación con ninguna empresa en la que pueda prestar servicios. Al ser contenidos de carácter general y no exhaustivos no pueden constituir asesoramiento legal.

The entries published here are not thorough investigations. They are made on my own during my free time, without relation to the companies where I could provide services. These contents are general and not exhaustive, for this reason cannot constitute legal advice.