RD-ley 1/2015 de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social

Hoy 28 de febrero de 2015 el BOE publica el RD-ley 1/2015, que hace referencia a la llamada ley de segunda oportunidad. Este Real Decreto-ley (RD-ley) deberá ser ratificado o convalidado por el Congreso (como todos los RD-ley).

El objetivo de esta ley es rebajar la carga financiera de las personas físicas, no se dirige a las compañías pero sí que contempla algunos preceptos para PYMES. Las modificaciones se refieren tanto a la llamada fase preconcursal como concursal de personas físicas (también llamadas personas naturales). Sin embargo, esta norma no sólo trata el concurso de personas físicas, también aprueba otras normas de muy diversa naturaleza. Por ejemplo, se establecen medidas para promover el empleo, como la aprobación de un mínimo exento de cotización en la Seguridad Social por la contratación indefinida de trabajadores.

Una de las principales modificaciones se refiere a los acuerdos extrajudiciales de pagos, flexibilizando de forma considerable su funcionamiento, hecho que los acerca al funcionamiento de los acuerdos de refinanciación utilizados por las personas jurídicas.

En relación con la exoneración de deudas del concursado persona física, esta posibilidad se permite partiendo de dos pilares básicos: i) su buena fe y ii) la liquidación de su patrimonio o declaración de insuficiencia de masa activa. A estos efectos la normativa sigue exigiendo al deudor que haya intentado un acuerdo extrajudicial de pagos o, al menos, que haya satisfecho el 25% de los créditos ordinarios si no intentó cerrar el mencionado acuerdo. Como se puede ver, es muy importante que los deudores persona física intenten conseguir un acuerdo extrajudicial de pagos con sus deudores antes de iniciar el concurso de acreedores.

En relación con las tasas judiciales destaca la aprobación de una exención para que las personas físicas no deban pagarlas, cerrando un conflicto que ha venido provocando muchas críticas en el sector legal. A pesar de ello, siguen habiendo problemas con las PYMES y el uso que se está dando al dinero recaudado con dichas tasas, pues no se aprecia que sirvan para mejorar el funcionamiento de los juzgados, tal y como debería. 

Los Fondos de Emprendimiento Social Europeos (FESE), Parte I

The Painter's Guild - Jan de Bray
Tal y como se establece en el art. 40 de la Ley 22/2014, de entidades de capital-riesgo, los FESE son un tipo de fondo de capital-riesgo regulados por normativa Europea, en concreto por el Reglamento (UE) 346/2013, de 17 de abril. Estos fondos deben inscribirse, como el resto de entidades de capital-riesgo, en la CNMV.

Por “fondo de emprendimiento social europeo admisible” (FESE) el Reglamento entiende que es: Un organismo de inversión colectiva que i) se proponga invertir como mínimo el 70% del total agregado de sus aportaciones de capital y del capital comprometido no exigido en activos que sea inversiones admisibles en un plazo establecido en el reglamento o los documentos constitutivos, ii) que nunca utilice más del 30% del total agregado de sus aportaciones de capital y del capital comprometido no exigido para la adquisición de activos distintos de las inversiones admisibles, y iii) que esté establecido en el territorio de un Estado miembro.

Los FESE tienen que estar gestionados por Gestores de fondos de emprendimiento social europeos, los cuales comercializan acciones y participaciones de FESE exclusivamente entre inversores considerados clientes profesionales a efectos de la Directiva 2004/39/CE, como entidades de crédito, empresas de inversión, compañías de seguros, grandes empresas, etc. y  partes a las que se permite solicitar ser tratadas como profesionales por superar ciertos umbrales (umbrales relacionados con su volumen de operaciones en el mercado de valores).

Junto con los clientes profesionales anteriores, los Gestores de FESE también pueden comercializar con inversores que: i) se comprometan a invertir como mínimo 100.000€ y ii) declaren por escrito en documento independiente que son conscientes de los riesgos ligados al compromiso previsto (de inversión). Adicionalmente, para los ejecutivos, directores y empleados que participen en la gestión del Gestor de FESE, no se les aplicarán las limitaciones de cliente profesional en tanto las inversiones sean en FESE admisibles gestionados por ellos.

Los Gestores de FESE, antes de tomar decisiones sobre inversiones, deben informar a los inversores sobre:

a) Identidad del Gestor del FESE y de los proveedores de servicios contratados por éste, describiendo sus obligaciones.
b) Importe de los fondos propios que dispone el Gestor y declaración detallada sobre los motivos por los que son suficientes para mantener los recursos humanos y técnicos adecuados para la gestión del fondo.
c) Descripción de la estrategia y objetivos de inversión incluyendo: i) tipos de empresas en cartera admisibles en las que se proponga invertir, ii) otros FESE en los que se proponga invertir, iii) tipos de empresas en las que se propongan invertir los FESE en los que ésta tenga pensado invertir (las del punto ii), iv) las inversiones no admisibles que se proponga realizar, v) las técnicas que se proponga emplear, y vi) las restricciones de inversión que les sea de aplicación.
d) Impacto social positivo que se trate de generar con su política de inversión.
e) Metodologías que vayan a utilizar para medir el impacto social.
f) Descripción de los activos distintos a los relativos a empresas en cartera admisibles y procedimientos y criterios para su selección, salvo que se trate de efectivo o equivalentes.
g) Descripción del perfil del riesgo del FESE y técnicas de inversión.
h) Descripción del procedimiento de valoración del FESE y su política de fijación de precios para valoración de los activos y empresas en cartera admisibles.
i) Descripción de cómo se calcula la retribución del Gestor del fondo.
j) Descripción de todos los costes.
k) Resultados financieros históricos del fondo.
l) Servicios de apoyo a las empresas prestados u organizados a través de terceros por el Gestor para facilitar el desarrollo y crecimiento de las empresas en cartera.
m) Procedimientos mediante los cuales el fondo puede modificar su estrategia o política de inversión.

Como se puede ver, los Gestores de FESE deben asegurarse de que los inversores cumplan ciertos requisitos que les permitan valorar los riesgos y, a su vez, se garantiza que éstos tanto al decidir invertir como durante la gestión de fondo, conocen cómo se desarrollará la política de inversiones.

Instrucción de 12 de febrero de 2015 de la DGRN sobre la legalización de libros de los empresarios


En esta entrada comenté brevemente la legalización telemática de libros societarios. Como se avanzó en ese comentario, la tramitación telemática ha sido tratada de distinta manera según cada Registro Mercantil. Por este motivo la Dirección General de Registros y del Notariado (DGRN), ha publicado la Instrucción de 12 de febrero para que prevalezca una interpretación.

El primer punto que aclara, es que la tramitación telemática será aplicable a los libros obligatorios de todas las clases respecto a los ejercicios abiertos a partir del 29 de septiembre de 2013, por ser la fecha de entrada en vigor de la Ley de Emprendedores 14/2013. Es decir, los ejercicios que se iniciaron el 1 de enero de 2014, como se dijo en esa entrada, ya les era de aplicación esta normativa.

La tramitación electrónica es obligatoria, no potestativa como venían permitiendo muchos Registros Mercantiles, por no decir casi todos. El problema es que esta Instrucción llega muy tarde. Sería más razonable imponer la tramitación a partir de os ejercicios iniciados el 2014. En este sentido, la DGRN dice que no se deben legalizar libros en blanco de ejercicios iniciados a partir del 29 de septiembre de 2013 en forma distinta a la telemática; pero, como es evidente, muchos libros en papel ya se han legalizado.

Otro punto que aclara la DGRN es que los libros legalizados antes de la entrada en vigor de la Ley de Emprendedores (del 29 de septiembre de 2013), se pueden usar para ejercicios iniciados antes de esa fecha. Por lo tanto, no se pueden seguir utilizando, debiendo ser cerrados mediante diligencia, que se acreditará con la presentación vía telemática del certificado haciendo constar esta circunstancia.

En relación con las sociedades que no han legalizado sus libros, ya sea bajo la legislación anterior o actual, podrán incluir en los primeros libros tramitados de forma telemática, todas las actas y vicisitudes de la sociedad desde la fecha de su constitución.

Si la presentación de documentos se hace fuera de plazo eso no impide la legalización, pero el Registrador hará constar dicho extremo en la calificación. 

RD 84/2015 de desarrollo de la Ley 10/2014 de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito (constitución)

Mediante el RD 84/2015, dividido en tres títulos, como ya se avanzó en esta entrada, tiene los siguientes objetivos según se dice en el expositivo: en el título I se regulan los requisitos a cumplir por las entidades de crédito, recoge las adaptaciones para ajustarse al nuevo marco de supervisión bancaria de la UE, en el título II se recogen las adaptaciones al Mecanismo Único de Supervisión (MUS) en relación con los colchones de capital, y el título III regula las funciones de supervisión, en las que el Banco Central Europeo (BCE) ejerce la supervisión directa sobre las entidades más significativas y el Banco de España sobre las menos significativas.

Otra función que cumple este RD es refundir varias normas de rango reglamentario como son, por un lado, el RD 216/2008, de recursos propios de las entidades financieras y, por el otro, el RD 1245/1995 sobre creación de bancos, actividad transfronteriza y otras cuestiones relativas al régimen jurídico de las entidades de crédito.

Para ejercer la actividad bancaria el art. 4 RD 84/2015 establece los siguientes requisitos:

a) Forma de S.A. mediante el procedimiento de constitución simultánea y duración indefinida.
b) Capital social mínimo de 18 millones de euros, desembolsado en efectivo y representado por acciones nominativas.
c) Objeto social limitado a las actividades propias de una entidad de crédito.
d) Accionistas titulares de participaciones significativas sean considerados idóneos.
e) Que los fundadores no tengan ninguna ventaja o remuneración especiales.
f) Consejo de administración de al menos cinco miembros considerados idóneos.
g) Contar con una organización administrativa, contable y de control interno adecuados.
h) Tener el domicilio social y su efectiva administración y dirección en España.
i) Contar con procedimientos y controles adecuados para prevenir e impedir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

En relación con la idoneidad y participación significativa, decir, por un lado, que el art. 6.1 establece que se entiende por participación significativa (art. 16 Ley 10/2014): el control directo o indirecto de, al menos, el 10% del capital o los derechos de voto. Además, si no hay accionistas con participación significativa, se considerarán los veinte accionistas con mayor porcentaje. Por el otro lado, para decidir sobre la idoneidad se valorará: la honorabilidad comercial y profesional de los accionistas, medios patrimoniales de los accionistas, transparencia de la estructura del grupo (si lo hubiese), que la entidad no quede expuesta al riesgo de las actividades de sus promotores, y que la supervisión de la entidad no esté obstaculizada por los vínculos de ésta con otras personas físicas o jurídicas.

Para la obtención de la solicitud de autorización el Banco de España elevará al BCE una propuesta de autorización, previa emisión de varios informes (sobre el blanqueo de capitales, de la CNMV y la Dirección General de Seguros de Pensiones). Por lo tanto, la competencia para autorizar la constitución de una entidad de crédito en España es del BCE, que debe resolver en plazo de seis meses (si no lo hace se entiende desestimada la solicitud). 

BOE de 14 de febrero de 2015: modificación del RD 1082/2012 de IIC y aprobación del RD 84/2015 de desarrollo de la Ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito

El BOE de 14 de febrero de 2015 presenta dos novedades legislativas en materia de derecho financiero. Por un lado se aprueba el RD 83/2015, de 13 de febrero, por el que se modifica el RD 1082/2012 por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva (IIC). Por otro lado, se aprueba el RD 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014 de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.

Valga decir, que respecto al RD 1082/2012, cuando se aprobó publiqué esta entrada: “RD 1082/2012 por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 35/2003 de instituciones de inversión colectiva”, que puede servir al lector como una breve y sencilla introducción a la norma. O esta otra entrada sobre la regulación de los compartimentos de las IIC: “Partícipes y compartimentos en el RD 1082/2012 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 35/2003 de instituciones de inversión colectiva”.

Por lo que hace referencia a la Ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, me remito a la entrada “Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito”.

En próximas entradas intentaré comentar algunas de las modificaciones aquí presentadas de forma específica.

De momento, decir que respecto al RD 1082/2012 se modifican temas sobre: los derechos de información de los partícipes, la administración de las sociedades de inversión, el registro de expertos externos, la modificación de los proyectos de constitución, estatutos, reglamentos y folletos, las reglas para IIC de otros Estados miembro, la información periódica a la CNMV, la disolución de fondos, la fusión de IIC, las reglas en la inversión en instrumentos financieros, el funcionamiento de las IIC de inversión libre, la negociación de acciones de SICAVs, la gestión de IIC, las reglas de capital mínimo y recursos propios, la gestión del riesgo y liquidez, y las normas relacionadas con los depositarios de IIC.

Por su parte, del RD 84/2015 de desarrollo de la Ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, incorpora 93 artículos que complementan la mencionada ley, divididos en los siguientes Títulos: I Requisitos de actividad, II Solvencia de las entidades de crédito y III Supervisión. 

Sentencias 647/2013 y 547/2013 del Tribunal Supremo, sobre la indemnización por clientela en contratos de distribución

En esta entrada utilizaremos la STS 647/2013 de 5 de noviembre y la STS 547/2013 de 2 de octubre, para ver la postura actual del TS respecto a la aplicación de la indemnización por clientela cuando se resuelve un contrato de distribución. Se utilizan estas dos sentencias por ser de las últimas dictadas por el TS en relación con esta materia.
The Market Gardens of Vaugirard - Paul Gauguin
Para complementar este escrito se puede ver la entrada titulada “Indemnización por clientela en los contratos de distribución según la Propuesta de Código Mercantil”.

En primer lugar ambas sentencias remarcan las diferencias entre un agente y un distribuidor, pero ahora no entramos en esto, para ello se puede ver la entrada titulada “Diferencias entre el contrato de distribución y el contrato de agencia”.

La cuestión relevante ahora, reside en que, como el distribuidor compra para revender en su propio nombre, de lo cual surge un margen como beneficio para él, mientras que el agente promueve ventas en nombre del principal, la naturaleza de los contratos es distinta. Debido a esta diferencia, el TS remarca que no existe identidad de razón para permitir la aplicación por analogía del art. 28 de la Ley 12/1992de Agencia.

A pesar de lo dicho, esta no aplicación por analogía se refiere al supuesto general. Es decir, no se puede aplicar por analogía de forma automática la indemnización por clientela de un agente en beneficio de un distribuidor. Sin embargo, según cada caso puede que sí exista identidad de razón que permita aplicar dicha indemnización. En relación con esta materia, el TS declara en su Sentencia 547/2013:

Sin embargo, cuando el distribuidor hubiera estado integrado en la red del productor o mayorista, las diferencias del mismo con el agente no son tan acusadas, especialmente si la integración adquiere un cierto grado de intensidad.

En tales casos, si el distribuidor hubiera generado una clientela para el productor o mayorista de la que éste siga disfrutando terminado el contrato, puede estar justificado, ante la falta de regulación específica, el recurso a la analogía para liquidar la relación contractual, extinguida por voluntad del productor o mayorista sin causa objetiva.

La repetida sentencia 1041/2006 , tras aquella proclamación general, precisó que la misma "no excluye que cuando exista identidad de razón, es decir cuando se pruebe que se ha creado una clientela que resulte de aprovechamiento para el principal, sea aplicable esta disposición, aunque deba examinarse en todo caso de quién resulta cliente, puesto que en los supuestos de fidelidad a la marca distribuida, esta clientela no podrá ser imputada al distribuidor ".

La misma sentencia destaca que además de la identidad de razón antes mencionada, que debe ser probada por el distribuidor, para aplicar la indemnización hay que cumplir con los requisitos del art. 28 Ley de Agencia. En este sentido, destaca el requisito de que el principal debe poder aprovechar la clientela captada una vez resuelto el contrato con el agente o, en su caso, el distribuidor.

Por lo que hace referencia a la STS647/2013, en ella se destaca que la aplicación analógica del art 28 Ley de Agencia (por existir identidad de razón), responde a la finalidad de querer evitar el enriquecimiento injusto del fabricante/principal. En relación con esta cuestión el TS dice lo siguiente para estimar la indemnización a favor del distribuidor:

 Por el contrario, la actora ha acreditado la existencia de una clientela lograda fruto de su actividad, ininterrumpida durante más de veinticinco años, de la que podrá seguir disfrutando el empresario, BAYER, pues del informe pericial aportado con la demanda de FGV & ASOCIADOS (Doc. núm. 32) resulta razonablemente probado que la actividad del distribuidor que ha cesado seguirá produciendo ventajas sustanciales al empresario. A pesar de que BAYER aportó otro informe pericial para contrarrestar el primero, se aceptan los razonamientos llevados a cabo por la juzgadora de primera instancia (Fundamento de Derecho Quinto 3. b), con las precisiones que a continuación se señalan.

La jurisprudencia también ha dicho en repetidas ocasiones, tal y como se recuerda en las sentencias citadas, que en el caso de los contratos de distribución cabe pacto previo que regule la indemnización por clientela; por ejemplo, pactando su no aplicabilidad. Por el contrario, en el caso de los contratos de agencia no se permite al agente que renuncie a este derecho con carácter previo (antes de la terminación del contrato), pero sí con posterioridad. 

Protección jurídica de los diseños industriales en España (Parte IV): acceso al público y concepto de prioridad

Tras ver la Parte I, II y III de esta serie de entradas, pasamos a la parte IV sobre la revelación del diseño industrial o, dicho de otro modo, sobre el acceso al público del diseño.

Tal y como ya vimos, para que un diseño industrial sea protegible, debe ser nuevo y tener carácter singular. Para cumplir con estas dos características, el diseño no puede haber sido hecho público antes, pero este acceso público tiene excepciones. Es decir, el diseño se puede revelar antes sin que ello impida protegerlo, pero esa revelación debe cumplir con el régimen que veremos ahora.

Para que se entienda que el diseño ha sido hecho accesible al público, éste debe haber sido publicado, expuesto, comercializado o divulgado de algún otro modo antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro, o si se reivindica prioridad (el concepto de prioridad se explica al final del escrito), antes de la fecha de ésta, salvo que estos hechos, razonablemente, no hayan podido llegar a ser conocidos en el curso normal de los negocios por los círculos especializados del sector de que se trate que operen en la UE.

Cuando el diseño es hecho accesible a uno o varios terceros bajo condiciones de confidencialidad, ya sea de forma tácita o expresa, no se considerará que el diseño ha sido revelado. Por lo tanto, seguirá siendo registrable. Es decir, cuando el autor muestra el diseño a posibles adquirentes se entiende tácitamente que es de forma confidencial, aunque es recomendable firmar siempre un acuerdo de confidencialidad que así lo contemple de forma expresa.

Además, del caso anterior, la normativa contempla ciertas divulgaciones o revelaciones del diseño que se consideran inocuas y que, por lo tanto, no suponen acceso al público a efectos de los requisitos de novedad y singularidad. Esto es cuando la divulgación por el autor, su causahabiente, o un tercero como consecuencia de la información facilitada o de los actos realizados por el autor o su causahabiente, haya sido realizada durante los 12 meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud o, en su caso, de reivindicación de la prioridad.

Finalmente, para entender el contenido de esta entrada es necesario conocer el concepto de prioridad a efectos de protección del diseño industrial. La fecha de prioridad se refiere al momento de la presentación de una primera solicitud de registro del diseño en un Estado miembro del Convenio de París o del Acuerdo por el que se crea la Organización Mundial del Comercio (OMC). Esta fecha de prioridad permite a los solicitantes en ese país, solicitar la misma protección en otro Estado miembro durante los siguientes 6 meses. Además, este derecho se amplía a los Estados no miembro que otorguen un derecho equivalente a las solicitudes presentadas en España.

Link a la quinta parte.

El administrador suplente

Winter Landscape - Paul Gauguin
El Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), permite nombrar administradores suplentes para que evitar los problemas que provoca la pérdida del administrador. Valga decir, antes de continuar, que el nombramiento de liquidadores suplentes también se permite.

El uso de un administrador suplente es especialmente recomendable cuando la compañía tiene un Administrador Único. Debido a que el art. 171 LSC permite a los administradores que sigan en el cargo, convocar la junta general de socios con el único objeto de cubrir la vacante o vacantes sobrevenidas, el problema reside en el caso de que no existan otros administradores en activo (por haber quedado vacante el cargo de Administrador Único o de todos los administradores mancomunados, solidarios o del consejo de administración).

La facultad de nombrar administradores suplentes es una competencia de la junta general de socios y esta está permitida siempre y cuando no se disponga lo contrario en los Estatutos Sociales. El nombramiento de administrador suplente se realiza para cubrir el cargo en caso de que por cualquier causa uno o varios de los administradores cesaren. El nombramiento y aceptación del cargo de administrador por parte del suplente se realiza una vez producido el cese del anterior titular, momento en el que se procede a inscribir el cargo del nuevo administrador.

Es importante remarcar, tal y como se dice en el art. 216 párrafo II, que: si los Estatutos Sociales establecieran un plazo determinado de duración del cargo de administrador, el nombramiento del suplente se entenderá efectuado por el período pendiente de cumplir por la persona cuya vacante se cubra.

Otro hecho a destacar, es que nombrar administradores suplentes permite a los socios mantener bajo su control el nombramiento de administradores por delante del sistema por cooptación, que es competencia del órgano de administración y que ya comentamos en esta entrada “Nombramiento de administradores: Sistema por cooptación”, aplicable para las S.A.

Respecto al número de administradores suplentes, a si se refieren a la vacante de uno o varios, al orden de designación entre los mismos suplentes, etc., los socios pueden decidir libremente.

Otro hecho importante es que el suplente ocupa el lugar del administrador cesado sin los poderes y delegaciones existentes a favor del anterior. En este caso, habría que otorgar el poder o delegación pertinente.

Finalmente, decir que en las sociedades cotizadas no se permite el nombramiento de administradores suplentes.

Protección jurídica de los diseños industriales en España (Parte III): los componentes de productos complejos

Esta entrada continúa con la serie de publicaciones sobre el régimen jurídico de los diseños industriales, esto es: Parte I y Parte II.

En las anteriores entradas hemos visto el concepto de diseño industrial, que su regulación proviene de normativa tanto de la UE como de España, que su plazo de protección dura hasta 25 años, cómo diferenciarlos de las obras artísticas, etc. Ahora continuaremos introduciendo el concepto de producto complejo y la posibilidad de proteger diseños que son componentes de otros productos (de productos complejos).

Por producto complejo se entiende, según definición del Reglamento (CE) 6/2002 (la ley española no difiere) por: “un producto constituido por múltiples componentes reemplazables que permitan desmontar y volver a montar el producto.”

Para que un componente de un producto complejo sea protegible, requiere básicamente, cumplir con los mismos requisitos que cualquier otro diseño industrial, apero atendiendo a su naturaleza, por eso en estos casos tanto la normativa de la UE como española requieren que:
  1. Cuando el componente sea incorporado al producto complejo, siga siendo visible durante la utilización normal de éste. Como se puede ver, a diferencia de lo que ocurriría con una patente, en el caso del diseño industrial éste debe ser visible.
  2. Además, las características visibles del diseño industrial (componente) deben presentar, por sí mismas, tanto novedad como carácter singular (para recordar el concepto de novedad y carácter singular se puede ir a la Parte II).
  3. Respecto a la expresión del primer apartado “utilización normal”, se entiende por la utilización del usuario final del producto complejo, sin incluir mantenimiento, conservación o reparación.
Respecto a la reparación de productos complejos y la protección de los componentes (es decir, el mercado de las piezas de recambio), hay que tener en cuneta que la protección jurídica de los segundos no puede limitar la competencia y capacidad para reparar los primeros. Es decir, el comprador de un producto complejo no puede quedar vinculado al fabricante del producto complejo para reparar o intercambiar una pieza que constituye complemento. Al respecto vale la pena destacar la Sentencia 16/2013, de 16 de enero, del Juzgado de lo Mercantil de Alicante, por cuanto dice lo siguiente sobre la cláusula must-much:

No merece, pues, protección como diseño la apariencia formal de un componente de un producto complejo que debe reproducirse exactamente para permitir la reparación de dicho producto. (…) los derechos derivados del diseño no podrán ejercitarse para impedir que se utilicen con fines de reparación los diseños de componentes de productos complejos de cuya apariencia depende el diseño protegido, y que por ello han de ser necesariamente reproducidos en su forma y dimensiones exactas cuando tienen que ser sustituidos para devolver al producto complejo su apariencia original" obedeciendo al mismo fundamento que en el caso de las interconexiones: "impedir la creación de mercados cautivos una vez agotado el derecho sobre el producto complejo lícitamente comercializado en la Comunidad Europea por el titular o con su consentimiento, evitando que el derecho exclusivo sobre la forma del producto, única limitación a la libre competencia justificada por la protección de la propiedad industrial del diseño, se convierta en un monopolio sobre el producto mismo, lo que ocurrirá cuando no hay alternativa posible para restituir al producto complejo que se repara su apariencia original”.

Sin embargo, como el mismo Juzgado de Alicante declara, respecto a la cláusula must-much hay que tener claro que sólo se dirige a operaciones de reparación. Los componentes de tipo estético, como son las llantas de un vehículo, no entran en el concepto de reparación y, por lo tanto, la llanta del fabricante seguiría estando protegida.

Link a la cuarta parte.

Legalización telemática de libros societarios

James Stuart, Duke of Richmond - Anthony van Dyck
La legalización telemática de libros ha pasado a ser la única forma permitida de legalización de libros societarios por aprobación de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.

En concreto, el art. 18 de la mencionada ley es el que establece la obligación de llevar los libros de forma telemática y sus consecuencias las comentamos a continuación. Antes vale la pena remarcar que la entrada en vigor de la ley fue el día siguiente de su publicación en 2014. Por lo tanto, los ejercicios sociales iniciados tras su publicación ya quedan afectados por la norma.

Al ser vía telemática, desaparece la opción de legalizar libros en blanco, a partir de ahora hay que presentar los libros (más concretamente las actas o grupos de actas) durante los primeros meses de cada año. En concreto, el art. 18 Ley 14/2013 obliga a presentar los Libros de Actas de la junta y órganos colegiados, el Libro Registro de Socios y de acciones nominativas, en el plazo de 4 meses a contar desde la fecha de cierre del ejercicio (generalmente hasta el 30 de abril).

Es interesante remarcar que se permite legalizar libros de detalle de actas o grupos de actas formados con una periodicidad inferior al año. Esto sirve para cuando a la compañía interesa acreditar de forma fehaciente el hecho y la fecha de su intervención por el Registrador (En inspecciones y procedimientos tributarios o en impugnaciones de acuerdos sociales, esta posibilidad puede ser muy importante a efectos de prueba, por poner un par de ejemplos).

En relación con la intervención del Registrador, ésta se centra únicamente en comprobar el cumplimiento de los requisitos formales y la regular formación sucesiva, expresando el correspondiente código de validación. Es decir, no entra a valorar el contenido de las actas.

Para la tramitación de la legalización telemática es necesario tener el certificado digital y descargar uno de los programas admitidos para su gestión. Como se puede ver, el certificado digital es un instrumento esencial para todas las compañías, pues actualmente gran parte de los trámites con las Administraciones públicas lo requieren: gestiones con la AEAT para el pago de impuestos, pago de tasas judiciales para interponer demandas, tramitación de libros societarios, etc. 

Uso de email en la convocatoria de junta general Resolución de 28 de octubre de 2014 de la DGRN

La Dirección General de Registros y del Notariado (DGRN) se pronuncia en su Resolución de 28 de octubre de 2014 sobre el uso de correos electrónicos a la hora de convocar la junta general de socios.

La cuestión surge debido a que una compañía estableció en sus Estatutos Sociales que la convocatoria se podría realizar vía correo electrónico, añadiendo que la dirección sería la contemplada en el Libro Registro de Socios. Valga decir que este tipo de previsiones se venía inscribiendo en muchos Registros Mercantiles. Sin embargo, en este caso se deniega la inscripción por considerarse que el uso de mail sin ningún sistema “extra” que sirva para asegurar la recepción no cumple con el art. 173.2 LSC, cuyo tenor literal es:

“En sustitución de la forma de convocatoria prevista en el párrafo anterior, los estatutos podrán establecer que la convocatoria se realice por cualquier procedimiento de comunicación individual y escrita, que asegure la recepción del anuncio por todos los socios en el domicilio designado al efecto o en el que conste en la documentación de la sociedad. En el caso de socios que residan en el extranjero, los estatutos podrán prever que sólo serán individualmente convocados si hubieran designado un lugar del territorio nacional para notificaciones.”

En consecuencia, la DGRN confirma la denegación del Registrador, declarando que efectivamente el uso de correo electrónico o email, requiere de algún sistema que asegure la recepción. El problema es que la DGRN obvia que los socios aceptaron previamente la comunicación en esa dirección electrónica, tal y como permite el art. 11 quáter al decir:

“Las comunicaciones entre la sociedad y los socios, incluida la remisión de documentos, solicitudes e información, podrán realizarse por medios electrónicos siempre que dichas comunicaciones hubieran sido aceptadas por el socio. La sociedad habilitará, a través de la propia web corporativa, el correspondiente dispositivo de contacto con la sociedad que permita acreditar la fecha indubitada de la recepción así como el contenido de los mensajes electrónicos intercambiados entre socios y sociedad.”

Por lo tanto, la DGRN no debería excederse solicitando la confirmación de lectura, como mucho podría requerir el acuse de envío y entrega, pero no de lectura. Además, el socio minoritario que quiera perjudicar el correcto funcionamiento de la sociedad lo tiene muy fácil simplemente no abriendo los mails. 

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