La política del Gobierno de España respecto a la independencia de Cataluña como amenza en un juego secuencial

*Esto es un ejercicio simplificado de la realidad, pues es imposible analizar todas las variables y eso no se pretende hacer aquí. De hecho es imposible identificar todas las variables y prever el resultado. Como premisa de este escrito se acepta la existencia de un déficit catalan (balanzas fiscales) de 16.000 millones de euros al año.

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Ante la posibilidad de secesión de una parte de un Estado, existen muchas estrategías a seguir por quienes no desean la división del statu quo. Sin embargo, la estrategia por parte de los dirigentes del Estado existente hacía los independentistas puede derivar muy facilmente hacia la amenza. En el Reino Unido el uso de la amenaza como tal no ha existido (entendiendo por amenaza la voluntad de no llegar a acuerdos post-secesión o incluso boicotear la economía del territorio separado), pues si Escocia decide independizarse parece que habrá voluntad de cooperación. Por el contrario, en el caso español sí se está utilizando la estrategia de la amenaza (entendida como no voluntad de cooperación, tal y como ya se ha dicho).

La situación de secesión de parte de un territorio se puede analizar como un juego secuencial, siguiendo la teoría de juegos. Y, en el caso de España, hay que tener en cuenta que en este juego participa el elemento de la amenaza. En este tipo de situaciones el primero en mover debe analizar las posibles consecuencias de esa amenza para descartarla o creerla.

Si Cataluña decidiera secesionarse de España esta segunda tendría dos opciones, siendo a) negociar o  b) no negociar. Según la amenza previa, España no negociaría, pero esa amenaza es sólo una estrategía que juega ex ante, es decir, antes de la posible secesión. Una vez el territorio en juego se ha separado, pactar o no pactar dependerá de las consecuencias económicas de esas dos opciones, no del hecho de haber utilizado la amenaza como disuasión.

No negociar para España puede suponer (en principio y de forma simplificada) una pérdida de 16.000 millones de euros al año, si tenemos en cuenta las balanzas fiscales (las que utilizan el sistema más defenido por los economistas, en este punto no entraremos ahora) y un beneficio para Cataluña de 16.000 millones. Sin embargo, de esos 16.000 millones Cataluña debería restar la probable disminución de ventas al territorio español (y mayores costes de exportación, al menos hasta firmar acuerdos de libre comercio). A su vez, España también perdería otras cantidades distintas a los 16.000 millones que actualmente reparte de la actividad económica catalana a otras comunidades autónomas españolas. Es decir, Cataluña se ahorraría algo, pero menos de 16.000 millones y España perdería más de 16.000 millones.

Como se puede ver, la situación independencia sin pacto supondría una péridida más importante para España que para Cataluña. Sin embargo, también es cierto que las pérdidas de Cataluña ante una situación de confrontación con España podrían dar lugar a pérdidas que dejaran en nada el ahorro de los 16.000 millones repartidos en concepto de solidaridad. Aún así, el punto clave no es la mayor o menor pérdida de Cataluña ante una independencia no pactada, pues en este supuesto se entiende que Cataluña acabaría obteniendo un mínimo de ahorro, sino la pérdida segura para España (incluso dando pérdidas para Cataluña el punto clave sigue residiendo en las pérdidas para España).

En consecuencia, la salida racional a la secesión pasa a ser el pacto y en este se entiende que de los 16.000 millones que Cataluña se ahorraría en concepto de solidaridad, en realidad pasarían a ser menos, por ejemplo 10.000 millones, dando lugar unas pérdidas para España de menos de 16.000 millones, esto podría ser, siguiendo con el ejemplo mencioando, de unas pérdidas de 6.000 millones, en lugar de las mayores pérdidas resultantes de la secesión no pactada (que serían como mínimo de 16.000 millones).

Otro hecho a tener en cuenta es que una de las partes no actúe de forma racional, pues las medidas políticas no siempre se ejecutan mirando exclusivamente a resultados eficientes, sino por la obtención de votos. Buen ejemplo de ello es la falta de inversión a largo plazo en I+D o en educación.