Comentarios a la última reforma financiera: RD-ley 24/2012 (Parte I)
Antes de entrar con el articulado, podemos destacar el siguiente
extracto sobre la situación de intervención en España: “La aprobación de esta norma se enmarca, por otra parte, en el programa
de asistencia a España para la recapitalización del sector financiero, que
nuestro país ha acordado en el seno del Eurogrupo y que se ha traducido, entre
otros documentos, en la aprobación de un Memorando de Entendimiento”.
Según el art. 1 del RD-ley, el objeto
de éste es: “Regular los procesos de
actuación temprana, reestructuración y resolución de entidades de crédito, así
como establecer el régimen jurídico del FROB, y us marco general de actuación,
con la finalidad de proteger la estabilidad del sistema financiero minimizando
el uso de recursos públicos”.
En primer lugar, destaca el cambio de rumbo respecto al RD-ley 18/2012, mediante el cual las
entidades de crédito debían deshacerse ellas mismas de los bienes inmuebles.
En cambio, con este último decreto se ha decidido instaurar la figura del banco malo. Al fin y al cabo se trata
de lo mismo, es decir, de extraer los bienes inmuebles del activo de los
bancos, pero ahora será el estado el que gestionará este proceso. En
definitiva, sacar los inmuebles de los bancos puede hacerse de distintas formas
y, parece ser, que al final la opción será crear un banco malo, puesto que
volver a cambiar esta decisión sería incomprensible, aunque quizá mejor para
todos.
Otro de los puntos clave es la división del control sobre los
bancos en tres clases: i) actuación
temprana, ii) reestructuración y
iii) resolución. Esta novedad es un
avance postivo hacia la supervisión bancaria, pero produce un problema de arbitrariedad. Con las
nuevas medidas se crea un régimen intervencionista en perjuicio del principio
de libre empresa. Es decir, no se sabe muy bien bajo qué motivos se puede
intervenir, hecho que da mano libre al Gobierno central y al Banco de España para actuar cuando les
parezca. Este poder desmesurado sobresale, sobretodo, en lo que la nueva
normativa llama actuación temprana.
La actuación temprana es la
facultad de intervenir las entidades de crédito que tengan problemas que no
ponen en peligro la viabilidad de la empresa si se realizan las medidas
adecuadas, en el art. 6.1 se dice lo siguinte sobre las condiciones para
dicha actuación: “Cuando una entidad de
crédito, o un grupo o subgrupo consolidable de entidades de crédito, incumpla o
existan elementos objetivos conforme a los que resulte razonablemente
previsible que no pueda cumplir con los requerimientos de solvencia, liquidez,
estructura organizativa o control interno, pero se encuentre en disposición de
retornar al cumplimiento por sus propios medios, sin perjuicio del apoyo
financiero público excepcional previsto en el art. 9.f), el Banco de España
podrá adoptar todas o algunas de las medidas establecidas en este capítulo”.
Por lo tanto, cuando una entidad esté pasando por dificultades, aunque
pueda por sí misma salir de esta situación, esto ya será suficiente para que se
le apliquen las siguientes medidas de actuación temprana por parte del Banco de
España:
a) Requerir al órgano de administraciónpara que convoque (y si no lo
hace convocarla directamente) a la junta o asamblea general de la entidad, el
orden del día y la adopción de determinados acuerdos.
b) Requerir el cese y sustitución de directivos.
c) Requerir la elaboración de una programa para la renegociación o
reestructuración de su deuda.
d) Adoptar medidas establecidas en la normativa en materia de
ordenación y disciplina.
e) Si las medidas anteriores no fueran suficientes, acordar la
sustitución provisional del órgano de administración de la entidad.
f) Con carácter “excepcional”, adoptar medidas de recapitalización.
Sorprende ver estas consecuencias en un nivel tan leve como son las medidas
de actuación temprana, que parece ser una especie de situación previa a la
insolvencia. De hecho estas medidas parecen más de una entidad que ya requiere de
una reestructuración, tal como veremos en el siguiente nivel. Es decir, una situación
tan normal como prever que en los próximos meses habrá tensiones financieras
podría ser motivo de intervención, hecho que cualquier empresario de una
PYME o gran empresa verá sorprendente, pues se trata de algo normal, y más hoy
en día.
Visto lo anterior, sería de esperar que la regulación de la actuación
temprana fuera más concreta, puesto que según la interpretación de la normativa
no se salvaría de intervención ningún banco.
En el caso de la reestructuración
“Procederá la reestructuración de una
entidad de crédito cuando esta requiera apoyo financiero público para
garantizar su viabilidad y existan elementos objetivos que hagan razonablemente
previsible que dicho apoyo será reembolsado o recuperado en los plazos
previstos para cada instrumento”. Por lo tanto, a diferencia del primer
caso, en este las entidades requieren de ayudas externas. Los instrumentos
existentes en una situación de reestructuración son:
a) Apoyo
financiero
b) Transformación
de activos o pasivos a una sociedad de gestión de activos.
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