Artículo sobre crowdfunding para el Observatorio de Divulgación Financiera

A Bigger Splash - David Hockney
Con el compañero Miguel Lobón hemos publicado el artículo “La protección del inversor en las plataformas de crowdfunding vs productos de banca tradicional”, que se puede consultar en este enlace del Observatorio de Divulgación Financiera (ODF).

El ODF está promovido por el Instituto de Estudios Financieros (IEF), un centro referente en la formación y divulgación bancaria y financiera.

El propósito del artículo es realizar una aproximación al régimen jurídico de las plataformas de crowdfunding en España, junto a la comparación de la protección de los inversores que acuden a esta forma de financiación respecto a los que acuden a la banca tradicional.

Realizar una comparativa entre el crowdfunding y la banca tradicional en general es complicado, debido a que el primero no deja de ser una especie de escisión del primero. Es decir, no son productos o servicios comparables directamente. A pesar de ello, se pueden llevar a cabo ciertas comparativas que dan lugar a conclusiones relevantes.

¿Cómo se calculan los votos en las sociedades anónimas?

Whaam! - Roy Lichteinstein
En esta entrada vimos el cómputo de votos de la junta general en sociedades limitadas, mientras que en ésta vemos el cómputo en las sociedades anónimas (S.A.). 

En las S.A. para constituir la junta general antes hay que verificar la concurrencia de determinado número de accionistas a la misma, según aplique el quórum ordinario o el reforzado.

En el quórum general deben acudir a la junta genera, directamente o representados, al menos el 25% del capital social suscrito con derecho de voto. En cambio, en segunda convocatoria la junta general quedará constituida con el quórum que haya.

Por su parte, el quórum reforzado aplica en caso de acuerdo de aumento o reducción de capital, cualquier otra modificación de los Estatutos, emisión de obligaciones, supresión o limitación del derecho de adquisición preferente de nuevas acciones, transformación, fusión, escisión/segregación, cesión global de activo y pasivo y traslado de domicilio social al extranjero. En el quórum reforzado, en primera convocatoria deben acudir, presencialmente o representados, los socios que posean, al menos, el 50% del capital social suscrito con derecho a voto. En cambio, en segunda convocatoria es suficiente con el 25%.

El cálculo de las votaciones en las S.A. se lleva a cabo tomando como base el número de accionistas asistentes, presencialmente o vía representación (es decir, sobre el quórum).

Como norma general los acuerdos se entienden aprobados por mayoría simple de los votos de los accionistas presentes o representados en la junta general. Si hay más votos a favor que en contra el acuerdo queda aprobado, es decir, no computan los votos nulos ni en blanco.

Respecto a los acuerdos vistos en los que se requiere el quórum reforzado (modificación de estatutos y modificaciones estructurales), si asisten directamente o mediante representación más del 50% de los accionistas, el acuerdo queda aprobado si lo acepta la mayoría absoluta, es decir, más de la mitad de los votos de la junta general constituida (no se descuentan los votos en blanco y nulos). Por el contrario, si en segunda convocatoria asisten el 25% de los socios pero menos del 50%,  el acuerdo para quedar aprobado necesita el voto favorable de dos tercios del capital social presente.

Compraventa de empresas tecnológicas o software

Retrato de Jean Cocteau - Amedeo Modigliani
En la transmisión de empresas tecnológicas digitales (unidades económicas con software) vía adquisición de activos, en lugar de adquisición de acciones o participaciones sociales, hay que tener en cuenta determinadas características propias de este tipo de empresas, como es la existencia de un activo principal de naturaleza intangible y difícil de controlar, esto es, el software desarrollado por la compañía transmitente.

En primer lugar, hay que tener en cuenta que la empresa adquirente puede estar interesada en comprar únicamente el software (normalmente cuando este software ya está desarrollado del todo), o bien, adquirir el software no desarrollado definitivamente y contratar a uno o varios empleados de la vendedora (normalmente los desarrolladores y, a veces, algún comercial), para que logren terminar el producto.

Según la empresa esté interesada en adquirir solo un activo o varios estaremos ante una compraventa de un activo singular o ante un conjunto de activos susceptibles de definirse como empresa (unidad económica, unidad de negocio, unidad productiva, etc.). Las consecuencias de ir por una vía u otra son relevantes. Por ejemplo, con la adquisición de un activo, normalmente devengará el IVA, mientras que en la transmisión de una empresa/unidad económica el IVA normalmente no será exigible. Otra diferencia es que en la transmisión de una empresa aplica la subrogación en las deudas con los trabajadores de la empresa transmitente a cargo de la empresa adquirente, así como deudas fiscales.

Si bien la compraventa de un activo aislado normalmente es una operación ejecutable por el órgano de administración, sin necesidad de aprobación por la junta general de socios, cuando estamos ante la venta por una empresa tecnológica, del software que es su principal activo, para su enajenación será necesaria la aprobación de la junta general de socios. De lo contrario, el órgano de administración podría provocar la disolución de facto de la sociedad o la sustitución de facto de su objeto social.

En el contrato de compraventa es clave definir detalladamente el software y sus versiones, incluyendo normalmente: descripción del objeto y funciones del software, front end, back office, guía de uso, etc. Además de esta definición, el comprador debe asegurarse que el software está protegido y que terceros no atacarán la posesión pacífica del mismo al nuevo titular. En “Depósito notarial de programa informático” se puede ver una explicación sobre cómo proteger un programa informático. La entrega del código fuente del software es un momento clave, que se acostumbra a llevar a cabo en unidad de acto junto a la firma del contrato de compraventa (assets purchase agreement/SPA), medinate USB o CD y junto a la entrega de los usuarios y passwords. Cuando se adquiere un software también es esencial que el vendedor identifique los programas no transmitidos necesarios para su ejecución, como: servicios de geolocalización, agregadores de contenidos, servicios web, etc.

Otra materia básica es el control de la no competencia por parte de los vendedores o sus empleados, así como garantizar que el know how de la compañía transmitente no se divulga a tecreros. Sobre los acuerdos de no competencia se puede ver esta entrada: “Pactos de no competencia en adquisiciones de empresa”.

En muchas ocasiones la transmisión del software va acompañada de datos de carácter personal, por ejemplo, de los usuarios de la plataforma web o móvil ejecutada con el software. Esto deberá ser objeto de regulación en el contrato de compraventa. Al respecto se puede ver esta entrada: “Implicaciones en la protección de datos por causa de transmisiones de empresa o modificaciones estructurales”.

Guía de la CNMV sobre advertencias para los inversores en fondos de inversión con objetivo cerrado de rentabilidad a largo plazo

Oh, Jeff...I love you, too...but - Roy Lichtenstein
El pasado 18 de enero de 2017, la CNMV publicó la Guía técnica sobre refuerzo de la transparencia de Fondos de inversión con objetivo concreto de rentabilidad a largo plazo.

La CNMV publica esta guía en base a su competencia contemplada en el art. 21 LMV. La necesidad de publicar esta guía se expone por la propia CNMV, destacando que las Gestoras de IIC han alargado los plazos de vencimiento de los fondos con objetivo concreto de rentabilidad (ha pasado de 3.43 años en 2012 hasta 6,16 años en 2016).

Este alargamiento de los plazos se debe a la bajada a niveles históricos de los tipos de interés en los países desarrollados. Para compensar esta bajada y mantener la rentabilidad, los fondos incrementan los plazos de vencimiento.

Esta situación provoca que si suben los tipos de interés, la existencia de estos plazos más largos puede provocar que los partícipes de los fondos pidan el reembolso antes del vencimiento. Es decir, hay un riesgo superior al que este tipo de partícipes desea asumir. Por ello, la CNMV toma medidas para proteger este perfil de inversores conservadores, consistentes en advertir a los inversores sobre los siguientes aspectos por parte de las Sociedades Gestoras de IIC de fondos con objetivo concreto de rentabilidad con un plazo superior a tres años. Estas advertencias deben estar en la documentación que se haga pública y la CNMV propone el texto a usar como modelo.

1. Advertencia sobre el riesgo por plazo: Las inversiones a largo plazo realizadas por el fondo están expuestas a un alto riesgo de mercado por lo que los reembolsos realizados antes de vencimiento pueden suponer pérdidas importantes para el inversor.

2. Advertencia sobre la liquidez del fondo: Se advierte que la rentabilidad objetivo del fondo vence el (fecha) y que todo reembolso realizado con anterioridad a dicha fecha soportará una comisión de reembolso del (…)%, excepto si se ordena en alguna de las fechas específicamente previstas.

Además, de las advertencias sobre riesgo por plazo y riesgo por liquidez, la CNMV también destaca que la volatilidad apreciada en momentos recientes también debe ser motivo de advertencias, debido a que los períodos de comercialización de los fondos se puede demorar incluso por plazos superiores al mes. Durante estos plazos, puede ocurrir que los folletos informativos incluyan información desactualizada que perjudique a los inversores partícipes.

3. Advertencia sobre el plazo de comercialización: Durante el período de comercialización inicial el fondo tiene permitido no valorar una parte de sus operaciones, por lo que puede darse el caso de que el valor liquidativo de las participaciones experimente una variación relevante el primer día de valoración (fecha).

¿Cómo se calculan los votos en las sociedades limitadas?

Le lion, ayant faim se jette sur l'antilope - Henri Rousseau
El cómputo de los votos y mayorías en las sociedades de capital varía según estemos ante sociedades limitadas (S.L.) o sociedades anónimas (S.A.).

En esta entrada veremos el régimen general aplicable a las S.L. a falta de previsión estatutaria en contra. La Ley de Sociedades de Capital (LSC) permite incrementar las mayorías pero no reducirlas.

En las S.L. el régimen contempla una mayoría ordinaria aplicable a la generalidad de los casos, una mayoría reforzada y otra mayoría aún más reforzada, sin un quórum mínimo de constitución, aunque implícitamente lo hay por las mayorías necesarias para aprobar los acuerdos.

Por el contrario, en las S.A. hay unos quórum mínimos de asistencia para poder celebrar las juntas generales y, respecto a las mayorías para adoptar los acuerdos, una ordinaria y una reforzada.

La mayoría ordinaria para aprobar los acuerdos en las S.L. requiere el voto favorable de la mayoría de los votos válidamente emitidos, siempre que representen, al menos, un tercio de los votos de las participaciones sociales del capital social. Para el cálculo no se tendrán en cuenta los votos en blanco ni los nulos. Es decir, si hay más votos a favor que en contra y estos votos a favor son, al menos, un tercio de los derechos de voto de la sociedad, el acuerdo quedará aprobado.

Respecto a los acuerdos sociales que supongan la modificación de los Estatutos sociales, como son: aumento o reducción del capital social, modificación del objeto social, cambio de denominación social, etc. se requiere el voto favorable de más de la mitad de los votos correspondientes a las participaciones sociales en que se divida el capital social. Es decir, en este caso no se trata de que haya ás votos a favor que en contra, sino de que los votos a favor representen más del 50% de los derechos de voto de la sociedad. Por lo tanto, para adoptar estos acuerdos es necesario que acudan socios que representen más de la mitad de los derechos de votos de la sociedad.

La segunda mayoría reforzada, requiere la aprobación de, al menos, dos tercios de los votos correspondientes a las participaciones sociales en que se divida el capital social. Los acuerdos que requieren esta mayoría especialmente reforzada son los de autorización a los administradores para que se dediquen al mismo o análogo o complementario género de actividad de la sociedad, la supresión o limitación del derecho de preferencia en aumentos de capital, la transformación, fusión, escisión, cesión global de activo y pasivo y el traslado del domicilio al extranjero, y la exclusión de socios.

Valga decir, sin embargo, que determinados acuerdos pueden requerir el voto favorable de la totalidad de los socios, o de determinado socio o socios perjudicados por el acuerdo a someter a la junta general. Además, en determinados casos de conflicto de interés, hay socios que deben excluirse de la votación., ni siquiera pudiendo intervenir en el debate del asunto a tratar.

Las seis principales oleadas del M&A hasta la fecha

Still Life #20 - Tom Wesselmann
En el estudio de las operaciones de fusión y adquisición de empresas (M&A), llevadas a cabo hasta la fecha, se suelen distinguir seis oleadas, según el tipo de fusiones y adquisiciones principales llevadas a cabo en cada una de estas oleadas o etapas. Valga decir, sin embargo, que estas etapas se centran, básicamente en las operaciones ejecutadas en Estados Unidos, aunque también hay cierta tendencia a nivel global, pues ese es el centro mundial de este sector y le tipo de operaciones es, por lo general parecido en la mayoría de países desarrollados distintos a Estados Unidos.

La primera oleada en operaciones de M&A surgió en 1897 y duró hasta 1904. Esta etapa se conoce como la oleada de las integraciones horizontales o “horizontal consolidation”. Durante estos años aproximadamente el 75% de las operaciones de M&A fueron de integración horizontal.

Una integración horizontal consiste en la adquisición o fusión de sociedades que se dedican a comercializar productos idénticos o similares. Durante la prima ola del M&A la operaciones dieron lugar a grandes monopolios o oligopolios en sectores como: minero, energético, alimentario, transporte ferroviario, químico, etc. Por este motivo a menudo se usa la expresión “monopoly merger wave”.

La segunda oleada surgió a causa de la Primera Guerra Mundial, iniciándose en el año 1916 y terminando en 1929, con la crisis originada en Estados Unidos ese mismo año. Tras esta crisis del 29 la Gran Depresión “Great Depression” frenó bruscamente el sector del M&A.

Durante esta segunda época se promovió la concentración y colaboración entre empresas, para hacer frente a las necesidades de la guerra mundial que había en curso. Por ello, el control de la competencia entre empresas no era de interés para los poderes públicos, siendo más importante cubrir las necesidades de la guerra y el crecimiento económico.

Durante la segunda oleada del M&A la banca de inversión adquirió su importante papel en este sector y ello a continuado así hasta la actualidad.

Si bien durante esta época las integraciones siguieron siendo en su gran mayoría horizontales, aquí ya se aprecia un incremento en las operaciones de integración de conglomerados y, en cambio no se aprecian integraciones verticales. En los conglomerados, a diferencia de en las integraciones horizontales, las empresas adquiridas o fusionadas no comercializan productos idénticos o parecidos, sino de distinta naturaleza.

La tercera oleada del M&A surgió tras varios años de sufrir la Gran Depresión, iniciándose el 1965 y terminando el 1969. Durante esta época aproximadamente el 80% de las operaciones se refería a conglomeraciones, por lo que a menudo se la conoce como “conglomerate merger wave” o “conglomerate era”.

Durante esta época las fusiones y adquisiciones buscaban mejorar los ratios financieros del negocio, sin que las sinergías reales de estas integraciones se tuvieran demasiado en cuenta. Ello provocó que al final el sector colapsara, pues estas practicas dieron lugar a una burburja parecida a la de las punto com en 2002.

La quinta oleada del M&A se situa aproximadamente entre los años 1994 y 1999. En esta época el número de operaciones de fusión y adquisición incrementa a grandes cifras y se llevan a cabo grandes operaciones estratégicas y de gran volumen, con operaciones a nivel global. En esta oleada destaca la importancia de las privatizaciones, la búsqueda de generación de sinergias en contraposición con la cuarta oleada y las tecnologías de la información y telecomunicación.

La sexta  última oleada hasta la fecha se inicia el año 2003 y termina el 2008, con la crisis financiera. Durante esta época se producen operaciones con mucha presencia de apalancamiento financiero, con el incremento del uso de la deuda que al final resulta en la crisis económica. Durante esta oleada las operaciones incluyen formas de financiación compleja y sindicada con asunción de altos riesgos financieros. En la fase final de esta oleada se incorporan formas de adquisición con deuda de forma cada vez más compleja e incluso refinanciaciones. Esta complejidad financiera viene de la mano de los adquirentes en estas operaciones de M&A, esto es, empresas de capital riesgo, private equity, head funds y fondos de inversión de todo tipo.

No existe consenso sobre si ya se ha iniciado la séptima oleada del M&A, pero parece ser que la adquisición de empresas innovadoras podría ser un factor descriptivo de ésta y que su inicio podría situarse aproximadamente en 2011, cuando se empezaron a recuperar el número de operaciones ejecutadas. Sin embargo, esto puede ser precipitado y creo que el inicio se acabará marcando más bien en 2012, que es cuando se inició el boom de las operaciones de M&A, alcanzando cifras históricas a partir de 2015.

Además del importante peso que seguramente tendrán las empresas innovadoras en esta oleada, en sectores como el financiero, médico y tecnológico (fintech, biotech, TIC, etc.), otro elemento que podría destacar es el peso de las operaciones de integración global y el de las empresas de venture capital y private equity como principales adquirentes. Veremos cómo se describe esta oleada pasados unos años.

Información relevante en los mercados de valores (hecho relevante)

Map - Jasper Johns
El art. 228 del Real Decreto Legislativo 4/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores (LMV), contempla el concepto de información relevante a efectos del mercado de valores.

Se considera información relevante toda aquella cuyo conocimiento pueda afectar de forma razonable a un inversor, en la toma de decisiones para adquirir o transmitir valores o instrumentos financieros y, por tanto, pueda influir incluso solo de forma sensible en su cotización en un mercado secundario.

La información relevante debe ser comunicada a la CNMV por los emisores de valores afectados, en los términos definidos por la normativa y, en especial en la propia LMV y la Circular 4/2009, de 4 de noviembre. La CNMV lleva un registro donde publica la información relevante recibida como hechos relevantes.

Para garantizar la comunicación fluida entre los emisores de valores y la CNMV, los primeros deben nombrar la persona o personas designadas para actuar como interlocutores autorizados.

La expresión “información relevante” es un concepto jurídico indeterminado, por lo que en la Circular 4/2009, la CNMV incluye un anexo con ejemplos típicos de información relevante:

- Acuerdos estratégicos.
- Transformaciones, fusiones o escisiones.
- Acaecimiento de cualquiera de las causas de disolución de la entidad.
- Solicitud de concurso de acreedores y evolución del proceso concursal o quiebra.
- Resolución de demandas judiciales en contra o a favor del emisor o su grupo; procesos
sancionadores.
- Oferta pública de adquisición de valores.
- Convocatorias de Juntas y Asambleas.
- Acuerdos de modificación del capital social.
- Pactos parasociales o que supongan cambio en el control.
- Cambio del objeto social.
- Programas de recompra, block trades, estabilización, contratos de liquidez y contratos de
contrapartida.
- Información sobre dividendos.
- Adquisiciones o ventas de participaciones en otras empresas.
- Cambios en la política de inversión.
- Cambios en áreas de negocio estratégicas y líneas de producto.
- Operaciones de deuda o warrants convertibles o canjeables en capital.
- Emisión, modificación, amortización y vencimiento de instrumentos financieros.
- Concesiones, renovaciones, cancelaciones o novaciones de préstamos y créditos.
- Avance de resultados.
- Alteraciones en la cifra de negocios y resultados atípicos.
- Cambios en la valoración de activos y pasivos.
- Insolvencia de deudores o proveedores.
- Reformulación de cuentas anuales, salvedades establecidas en el informe de auditoría.
- Cambios en el nombramiento del auditor.
- Cambios relativos al consejo de administración, comisiones de control y alta dirección.
- Admisiones, suspensiones y exclusiones de cotización.
- Calificaciones crediticias.
- Difusión de estimaciones, previsiones y proyecciones y sus desviaciones.
- Responsabilidades derivadas de impactos medioambientales.
- Cartera de pedidos y contratos de aprovisionamiento.
- Nuevas licencias, patentes y marcas.

A pesar de que, como norma general, la información relevante debe comunicarse con carácter inmediato, el emisor puede retrasar la publicación y difusión de la información cuando considere que ello pueda perjudicar sus intereses legítimos, siempre que tal omisión no sea susceptible de confundir al público y que el emisor pueda garantizar la confidencialidad de dicha información. Al ejercer esta facultad el emisor asume la responsabilidad que pueda surgir de la reserva y, en todo caso, debe informar a la CNMV sobre esta decisión. Sin perjuicio de esta facultad de reserva de los emisores, la CNMV puede comunicar información relevante que haya podido conocer, aunque el afectado no la haya comunicado previamente.

Respecto al concepto de información relevante y las consecuencias de la falta de comunicación de la misma, se han dictado múltiples sentencias a causa de la salida a bolsa de Bankia. Por ello destacamos los siguientes extractos de la Sentencia 281/2016, de la Audiencia Provincial de Las Palmas:

La responsabilidad por no comunicación al mercado, a través de la CNMV, de la información relevante para la fijación del valor de las acciones y la imagen fiel de la situación patrimonial de la entidad mercantil a la que las acciones corresponden. La responsabilidad por folleto en el momento de la emisión de la OPS, la vigencia del folleto y la responsabilidad del emisor frente a los adquirentes de acciones ya introducidas en el mercado secundario por omisión de información relevante o comunicación de información relevante con inexactitudes de importancia.
(…)
la responsabilidad de la emisora subsiste durante todo el periodo en que no ha rectificado cumplidamente la información inexacta y relevante que había facilitado en el folleto

El IVA en la transmisión de unidades económicas

Combat de tigre et buffle - Henri Rousseau
En este blog ya hemos visto multitud de veces qué es una unidad económica, que operaciones pueden usarse para su transmisión, o qué procedimientos mercantiles aplican. Sin embargo, los aspectos fiscales de toda transmisión de unidad económica o, dicho de otro modo, de la transmisión de una empresa o rama de actividad, también son esenciales. Entre los distintos impuestos que pueden aplicar en estos casos, como el ITP y el AJD, ahora se destacará el régimen del IVA a dichas operaciones. Para ello hay que acudir al art. 7.1 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (LIVA), que permite la no sujeción de la mayoría de transmisiones de empresa.

No estarán sujetas al impuesto:
1.º La transmisión de un conjunto de elementos corporales y, en su caso, incorporales que, formando parte del patrimonio empresarial o profesional del sujeto pasivo, constituyan o sean susceptibles de constituir una unidad económica autónoma en el transmitente, capaz de desarrollar una actividad empresarial o profesional por sus propios medios, con independencia del régimen fiscal que a dicha transmisión le resulte de aplicación en el ámbito de otros tributos y del procedente conforme a lo dispuesto en el artículo 4, apartado cuatro, de esta Ley.

Para identificar si estamos o no ante una unidad económica que cumpla los requisitos del art. 7.1 LIVA y, de este modo, no quedar sujetos a IVA, la Dirección General de Tributos tiene multitud de consultas resueltas donde perfila este concepto a casos concretos. Además también hay multitud de sentencias al respecto.

Sin embargo, la no sujeción al IVA permite que sí sean de aplicación otros impuestos indirectos, como el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) y el Impuesto por Actos Jurídicos Documentados (AJD). Valga decir, que estos impuestos conllevan costes menores al IVA, que generalmente será del 21%.

Si en lugar de adquirir la empresa o unidad económica vía adquisición directa de los activos y, por lo tanto, el adquirente se haga con la titularidad de acciones o participaciones sociales de la transmitente, el régimen varia. En este caso, será más habitual que la operación no tribute, vía exención gracias al art. 314 del real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores (LMV). Dicha exención afecta tanto al IVA, como al ITP y AJD. A pesar de ello, la normativa contempla determinadas reglas para que, cuando se entiende que la transmisión de acciones o participaciones de la sociedad se dirigen a evitar los impuestos que gravan la transmisión de este tipo de bienes, la operación no quede amparada por la exención.

En definitiva, la normativa fiscal busca ser neutra ante operaciones de transmisión de empresa, pero para ello hay que estar ante un negocio con cierta entidad (que sea una rama de actividad) y, además, busca evitar el uso de sociedades interpuestas que permitan la no tributación de transmisiones de inmuebles no afectos a actividades económicas.

Comparativa entre el procedimiento de segregación y el de aumento de capital por aportación de empresa

Belshazzar's Feast - John Martin
El procedimiento de segregación es un subtipo de escisión, regulado en la Ley de Modificaciones Estructurales, consistente en la transmisión en bloque por sucesión universal de una o varias unidades económicas de la sociedad transmitente (segregada), a favor de una o varias sociedades adquirentes (beneficiaria), recibiendo la segregada acciones o participaciones de la sociedad beneficiaria.

Antes de continuar, hay que tener  en cuenta que la sucesión universal consiste en la transmisión en bloque del activo y pasivo de una sociedad, evitando el régimen común aplicable a las transmisiones ordinarias reguladas por el Código Civil. Ello permite evitar el requisito del consentimiento del acreedor para ceder una deuda (art. 1205 CC), o el acuerdo con los contratantes para ceder el contrato (art. 1257 CC).

Por su parte, el procedimiento de aumento de capital por aportación de empresa, regulado en la Ley de Sociedades de Capital, consiste en la transmisión por el aportante a favor de la sociedad adquirente de una unidad económica (equivalente al concepto más genérico de empresa y muy similar al concepto fiscal de rama de actividad), a cambio de acciones o participaciones de la sociedad adquirente. En este caso no se produce sucesión universal de activo y pasivo, siendo necesario recabar el consentimiento de acreedores y contratantes para ceder las deudas y posiciones contractuales.

Ambas procedimientos regulan casos fácticos coincidentes, pero con un tratamiento legal distinto. Si bien el procedimiento de segregación es más complejo, ello se compensa con elementos como la sucesión universal o una mayor protección contra posibles impugnaciones.

La siguiente imagen refleja tanto la situación fáctica anterior y posterior a la ejecución de un aumento de capital con aportación de unidad económica, por parte de una sociedad en otra, como en caso de segregación, pues las únicas diferencias son legales.
Por el contrario, a continuación vemos que a nivel jurídico sí hay diferencias y son considerables.

Para llevar a cabo un aumento de capital no dinerario consistente en la aportación de una empresa (o unidad económica), el procedimiento solo requiere, básicamente:
  1. Preparar el informe de los administradores sobre el aumento de capital y, en caso de S.A. y S. Com., el informe de los expertos independientes.
  2. Convocar la junta general de socios.
  3. Celebrar la junta general y aprobar el aumento de capital.
  4. Otorgar la escritura pública de aumento de capital.
  5. Inscribir el acuerdo en el Registro Mercantil.
En cambio para ejecutar una segregación el procedimiento requiere, básicamente:
  1. Preparar el balance de segregación.
  2. Preparar el proyecto común de segregación.
  3. Preparar el informe de los administradores y, en caso de S.A. y S. Com., el informe de los expertos independientes.
  4. Publicar el proyecto en la web o Registro Mercantil y BORME.
  5. Convocar la junta general y aprobar el balance, proyecto y acuerdo de segregación.
  6. Publicar el acuerdo de segregación en el BORME y periódico.
  7. Conceder el plazo de un mes para ejercer el derecho de oposición.
  8. Otorgar la escritura de segregación.
  9. Inscribir el acuerdo en el Registro Mercantil.

Convocatoria de junta general en S.L. y S.A.

Les Baigneuses - Paul Cézanne
La convocatoria de la junta general de socios o accionistas es competencia de los administradores y, en su caso de los liquidadores. Según el sistema de administración, los administradores facultados serán unos u otros. En caso de (i) Administrador Único este mismo, (ii) en caso de Administradores Solidarios, cualquiera de ellos individual e indistintamente, (iii) en caso de Administradores Mancomunados, de forma conjunta y (iv) en caso del Consejo, el Presidente o Vicepresidente del órgano colegiado por decisión de dicho órgano (el anuncio lo puede suscribir solo uno de sus miembros, normalmente el Presidente, Secretario o Consejero Delegado.

Si bien la convocatoria de la junta general es una decisión en manos del órgano de administración, éste está obligado a convocar en determinados casos como: celebración de la junta general ordinaria de cada ejercicio social, en caso de estar la sociedad en situación de desequilibrio patrimonial, o en caso de solicitarlo socios que representen, al menos, el 5% del capital social, entre otros casos.

En caso de no atención por el órgano de administración, respecto a sus deberes de convocar, cabe que los socios soliciten la convocatoria por parte de un registrador mercantil o secretario judicial del domicilio social de la sociedad.

Desde la convocatoria hasta la celebración de la junta general debe transcurrir un plazo mínimo de preaviso, para que los socios puedan organizarse, asistir y votar de forma informada, en caso de proceder información previa a la reunión. Este plazo depende de los Estatutos y la Ley de Sociedades de Capital. En las sociedades limitadas este plazo debe ser, por lo menos, de 15 días (empieza a contar el día siguiente a la convocatoria y termina el día de la reunión) y, en las sociedades anónimas, por lo menos, de un mes (a contar de fecha a fecha). Sobre el cómputo de plazos se puede ver la entrada “Los cómputos del plazo previo de convocatoria de junta general de socios y accionistas”.

La forma de convocar debe ser la contemplada en los Estatutos de la sociedad. De no contemplarse un régimen concreto en los Estatutos, aplica el régimen supletorio de la Ley de Sociedades de Capital. Si la sociedad tiene página web corporativa, la convocatoria se hará con inserción a la misma. En caso de no tenerla (la gran mayoría de sociedades tiene web, pero no corporativa e inscrita en el registro mercantil), la convocatoria debe hacerse en el BORME y uno de los diarios de mayor circulación en la provincia de su domicilio social. De todos modos, la mayoría de sociedades contempla un régimen estatutario sobre la forma de convocatoria, donde se permite la convocatoria vía carta certificada con acuse de recibo o, incluso, la convocatoria vía correo electrónico con acuse de recibo. De conformidad con el art. 173.2 LSC, “la convocatoria se realice por cualquier procedimiento de comunicación individual y escrita, que asegure la recepción del anuncio por todos los socios en el domicilio designado al efecto o en el que conste en la documentación de la sociedad. En el caso de socios que residan en el extranjero, los estatutos podrán prever que sólo serán individualmente convocados si hubieran designado un lugar del territorio nacional para notificaciones.”. Sobre la convocatoria vía email se puede ver la entrada “Uso de email en la convocatoria de junta general Resolución de 28 de octubre de 2014 de la DGRN”.

En caso de publicación de la convocatoria en la página web corporativa, debidamente inscrita conforme al art. 11 bis LSC, la inserción de la convocatoria en la web deberá mantenerse durante el plazo estatutario o legal pertinente, sin contar los períodos de interrupción.

En el contenido de la convocatoria debe incluirse, como mínimo: (i) identificación de la sociedad, (ii) fecha y hora de la reunión, (iii) orden del día, identificando correctamente los asuntos a tratar y (iv) cargo de la persona o personas que convocan. Si no se especifica el lugar de la reunión se entiende que es en el domicilio social.

A no ser que los Estatutos permitan celebrar la junta general fuera del municipio donde se halle el domicilio social, la reunión deberá ser en dicho municipio.

La convocatoria de la junta general puede incluir una segunda convocatoria, para si en la primera no se pudiera celebrar no tener que convocar de nuevo. Entre la primera y segunda convocatoria debe mediar, como mínimo, 24 horas de diferencia.

La convocatoria de la junta general no es necesaria si a la reunión acuden todos los socios personalmente, o mediante representación, y aprueban tanto celebrar la junta con carácter de universal como el orden del día a tratar en dicha reunión.

La junta general puede celebrarse a través de medios telemáticos, siempre y cuando se contemple en los Estatutos y estos medios permitan garantizar la identidad del sujeto o sujetos que acudan telepáticamente.

Diferencia entre publicidad encubierta y contenido informativo

Mont Sainte-Victoire - Paul Cézzane
El art. 18.2 de la Ley 7/2010, General de la Comunicación Audiovisual (LGCA) prohíbe la comunicaron comercial encubierta y/o que utilice técnicas subliminales es decir, prohíbe la publicidad encubierta.

Junto a la normativa interna de cada Estado miembro de la Unión Europea hay que tener en cuenta, también, la Directiva 89/552/CEE relativa a la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre el ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva. Dicha Directiva prohíbe la publicidad encubierta, definida del siguiente modo en su art. 1: “Presentación verbal o visual de los bienes, servicios, nombre, marca o actividades de un productor de mercancías o un prestador de servicios en programas en que tal presentación tenga, de manera intencionada por parte del organismo de radiodifusión televisiva, propósito publicitario y pueda inducir al público a error en cuanto a la naturaleza de dicha presentación. Una presentación se considerará intencionada, en particular, si se hiciere a cambio de una remuneración o de un pago similar.

En la práctica, la delimitación entre la publicidad encubierta y la información a veces es muy difusa. En especial, cuando la información comunicada está relacionada con temas culturales.

La principal alegación de quien recibe una denuncia por emisión de publicidad encubierta es la no existencia de un vínculo comercial, es decir, la inexistencia de un contrato de publicidad, pero sí la existencia del derecho de información y la no existencia de contraprestación por dicha emisión. Sin embargo, que no exista contraprestación no es motivo suficiente para que no exista mensaje publicitario.

La no existencia de contraprestación no es un elemento esencial, debido a que el emisor puede no recibir un importe dinerario directo pero sí recursos gratuitos para la producción de la obra. Además, la contraprestación o los recursos pueden haber sido recibidos por otras partes implicadas, distintas al mismo emisor, especialmente el productor (y en caso de haber varios productores, uno, varios o todos ellos).

Cuando el contenido emitido se halla entre la divulgación cultural y la publicidad, hay que analizar cómo se presenta la información. En este análisis hay que tener en cuenta elementos como: si se presenta el logo de la empresa anunciada, cómo se habla de la empresa anunciada, el número de referencias a la misma, etc. Es decir, hay que analizar si el mensaje general supone una comunicación comercial de la empresa o si realmente estamos ante divulgación cultural. Si vemos que la información no va más allá de simples expresiones neutras estaremos, probablemente, ante un mensaje publicitario y, por lo tanto, habrá que identificarlo como tal para ser emplazamiento de producto lícito. Por ejemplo, cuando hay emplazamiento de producto se suele hacer referencia únicamente a la empresa anunciada, mientras que en contenidos informativos las referencias se dirigen al sector y, en caso de citarse empresas, se citan varias, sin que una de ellas destaque sobre las demás.

El emisor de este tipo de mensajes debe ser consciente de los límites difusos entre el concepto de información y de publicidad, identificando el mensaje como publicitario si los indicios hacen prever un riesgo. Incluso aunque no exista contraprestación a favor del emisor, éste debe identificar el mensaje como publicitario o eliminar el contenido, respetando la relación contractual con el productor, distribuidor o demás contrapartes con las que pudiera haber suscrito obligaciones. En consecuencia, cuando un emisor pretende adquirir derechos audiovisuales, debe analizar el contenido para decidir qué tratamiento contractual y legal deberá prestar a la emisión.

De no tomar estas precauciones el emisor puede ser objeto de sanción por la comisión de infracciones graves, debido a que es el responsable del contenido que emite.

En este blog hemos tratado la publicidad encubierta en varias ocasiones, y su contenido ayuda a comprender el funcionamiento del emplazamiento de producto o product placement:

Referencia a Entre Leyes y Jurisprudencia en Law&Trends

Fernando J. Biurrun el pasado 3 de enero hizo referencia al posicionamiento web de este blog en su entrada “Los pequeños despachos lideran y relegan a los grandes en el posicionamiento de sus webs (II)”.

Tal y como explica Biurrun, entre las webs de abogados y despachos de abogados en España, las mejor posicionadas no son las de los despachos con mayor facturación.

Respecto a esta página, se destaca como la séptima, a continuación se puede ver la clasificación de las veinte páginas de abogados y/o despachos mejor posicionadas, según Alexa y seleccionadas por Biurrun:

1. Mundo Jurídico
2. Legálitas Abogados
3. Cuatrecasas
4. Abogados para todos
5. Cuestiones laborales
6. Laboro
7. Leyes y Jurisprudencia
8. tuabogadodefensor
9. Arriaga Asociados
10. Uría
11. Abogado Amigo
12. Garrigues
13. Acerina Almeida
14. Pedro Corvinos
15. Melián Abogados
16. Gómez-Acebo & Pombo
17. Roca Junyent
18. Écija
19. Pérez-Llorca
20. CMS

En el enlace destacado al inicio se puede acceder a la entrada publicada con los comentarios y análisis del autor.

Reducción de capital para devolución de aportaciones con amortización de determinadas participaciones

Jas de Bouffan - Paul Cézanne
En el caso resuelto por la Resolución de 12 de diciembre de la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN), la junta general universal de una sociedad limitada acuerda reducir el capital social, con devolución de las aportaciones y amortización de determinadas participaciones. Los defectos alegados por el registrador tratan, por un lado, la forma de acreditar la celebración de la junta general como universal y, por otro lado, la forma de amortizar determinadas participaciones sociales.

El Registrador deniega la inscripción por: (i) no darse junta con carácter universal, por faltar la firma de uno de los administradores mancomunados del patrimonio de uno de los socios fallecidos y (ii) por entender que las participaciones amortizadas se hizo incorrectamente.

La DGRN entiende, igual que el registrador, que la falta de aprobación por uno de los administradores mancomunados del patrimonio del fallecido no cumple con el art. 895 del Código Civil, que establece: “Cuando los albaceas fueren mancomunados, sólo valdrá lo que todos hagan de consuno, o lo que haga uno de ellos legalmente autorizado por los demás, o lo que, en caso de disidencia, acuerde el mayor número.”. En consecuencia y conforme a la normativa societaria, debía constar la aprobación mancomunada de los tres administradores, tanto respecto a la celebración de la junta general con carácter de universal, como del orden del día, pues ambos acuerdos requieren aprobación unánime de todos los socios. De no ser así, debe cumplirse con la convocatoria en la forma estatutaria, en su caso, o legal. Sin embargo, la DGRN añade lo siguiente respecto a la firma del Acta:

Respecto de esta cuestión, y no obstante la literalidad de los preceptos reglamentarios transcritos, lo cierto es que la falta de firma del acta no constituye un defecto que impida la inscripción, y ello porque la exigencia reglamentaria de la firma del acta ha sido notablemente flexibilizada por la jurisprudencia.
El Tribunal Supremo, ya consideró irrelevante la negativa a firmar el acta a efectos de entender válidamente constituida la junta como universal en su Sentencia de 16 de julio de 1994, declarando expresamente en la Sentencia de 29 de diciembre de 1999, lo siguiente: «Mas en todo caso, aun cuando el acta de la Junta Universal no haya sido firmada por todos los socios, como prescribe el apartado 4.º «in fine» del artículo 97 del Reglamento del Registro Mercantil, no supone la pérdida de virtualidad del acta, sino un mero defecto que no alcanza a su validez, sin desdeñar que dichas firmas suponen una garantía de la veracidad del acta, en cuanto ratifican la presencia y aceptación de los socios», criterio éste confirmado por otras sentencias de fecha posterior del mismo Tribunal, como la de 18 de marzo de 2002. Además, como indica la Sentencia del mismo órgano de 28 de febrero de 1989, «la certificación de acuerdos sociales emitida por quien tiene competencia para ello y sin dudarse sobre su firma, pues que aparece legitimada por Notario, ha de derivar sus efectos hacia la propia sociedad y hacia todos los accionistas».

En consecuencia, la DGRN entiende que no cabe denegar la inscripción por la falta de dicha firma en el Acta, en tanto se contempla la aprobación unánime de la celebración de la junta con carácter universal y el orden del día tratado. De lo contrario, el asistente que aceptó la celebración de la junta y el orden del día podría unilateralmente dejar sin efecto de la junta de no estar conforme con el resultado de las votaciones.

Respecto a la amortización de las participaciones, se cancelan las numeradas de la 3.001 a 134.000, quedando solo 3.000 participaciones en la sociedad. Dichas 3.000 participaciones se redistribuyen después entre los socios de forma proporcional. La DGRN entiende, igual que el registrador, que la amortización debía hacerse de forma proporcional a todos los socios y, después, renumerarlas. No procedía amortizar directamente las participaciones y luego redistribuirlas.

En la ejecución de la reducción la DGRN también confirma el defecto en la identificación de los socios a los que se les reintegra el valor de sus participaciones. Esta identificación es esencial debido al régimen de responsabilidad asumido por los socios que reciben la devolución del valor de sus participaciones sociales. Al respecto, se puede ver la siguiente entrada, donde se explica el funcionamiento de esta modalidad de reducción de capital: “Reducción de capital para devolución del valor de las aportaciones en S.L.

La DGRN destaca lo siguiente sobre la incorrecta identificación de los socios que han visto reintegradas sus aportaciones: “En el presente caso consta en la escritura calificada únicamente el nombre y los dos apellidos de los socios a quienes se restituye el valor de algunas de sus participaciones, así como el número de documento nacional de identidad de tres de tales socios, pero no de los restantes, ni los demás datos a los que se refiere el citado artículo 38 del Reglamento del Registro Mercantil. Por ello, debe confirmarse también en este punto la calificación del registrador.

Nueva sanción de la CNMC por publicidad encubierta aunque no haya contraprestación

Still life with Compote, Apples and Oranges - Henri Matisse
En menos de un año la CNMC a impuesto varias sanciones a la Corporación de Radio y Televisión Española S.A. por emisión de publicidad encubierta. Las sanciones por la emisión de publicidad en “La Mañana” y “Masterchef” son por importes nada desdeñables y ponen remanifiesto que debería actuarse con más precaución y transparencia.

Para ver que es la publicidad encubierta y sus diferencias con la publicidad lícita vía emplazamiento de producto o, en inglés, product placement, se pueden ver en este link: “¿Cómo debe hacerse el product placement para que sea lícito?”. Además, es importante tener en cuenta que la CNMC puede sancionar aunque no se observe contraprestación entre las partes, tal y como vimos en “Publicidad encubierta sin remuneración y STS 4384/2013 de 30 de julio”.

Es cierto que los límites entre información y publicidad pueden ser difíciles de definir, especialmente cuando cierta información publicitaria puede considerarse de contenido cultural, en el caso de “Masterchef”, debido a que podría alegarse contenido cultural del sector del vino, de gran interés en España. Sin embargo, la forma de tratamiento debe ser más cuidado del que se observa del contenido de la Resolución de la CNMC.

La Corporación alegó los siguientes motivos para intentar evitar la sanción:

Que no existió en el programa denunciado, en ningún momento, presentación de las Bodegas González-Byass, sino un acto de divulgación cultural, sin intención publicitaria, con el fin de mostrar, a través de los canales de RTVE, el potencial de uno de los sectores de mayor prestigio español.
Que no ha existido propósito publicitario en el tono divulgativo del programa; que no existen relaciones comerciales o cualquier otro vínculo entre la CRTVE y las Bodegas González Byass; que no se ha producido contraprestación alguna, y que pesa sobre la CRTVE la prohibición legal de emisión de publicidad.
Que la naturaleza de presentación del programa es meramente cultural y de entretenimiento y no induce a error a los telespectadores.
Que no existe prueba alguna que demuestre la existencia de infracción administrativa, por lo cual solicita el archivo del expediente sancionador.

Para evitar esta sanción la Corporación debería haber identificado el contenido emitido como publicidad o haber centrado éste en el valor cultural del mismo, sin referencias excesivas a la empresa anunciada, sin aparición del logo de la empresa, etc. Además, es cierto que algunas de las expresiones van más allá de una mera descripción, por lo que en futuras ocasiones este tipo de actuaciones deberá moderarse.

Respecto al tema de la contraprestación destaca el siguiente extracto de la CNMC:

En cuanto a la existencia o no de una remuneración y su posible incidencia en el carácter intencional de la conducta, el artículo 2.32 de la LGCA no exige la acreditación de la contraprestación para apreciar que una comunicación comercial es encubierta. Además, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya falló en su sentencia de fecha 9 de junio de 2011 (asunto C 52/10) que la existencia de una remuneración o de un pago similar no constituye un elemento necesario para poder determinar el carácter intencional de una publicidad encubierta, por lo que la existencia acreditada de esa remuneración no es determinante para que se incurra en una comunicación comercial encubierta. Por ese motivo, en la presente resolución no es necesario probar la existencia de remuneración de las comunicaciones comerciales a las que se refiere, para acreditar la intencionalidad de la conducta infractora.
Sin perjuicio de lo anterior, conviene aclarar en este punto que Masterchef es un programa patrocinado y producido por una empresa externa a CRTVE. La fórmula del patrocinio permite a la CRTVE disponer sin coste, o con costes reducidos, de contenidos producidos por terceros o en coproducción con TVE. La cadena pública está autorizada en estos casos a emitir mensajes del patrocinador en los avances de estos programas, en las cabeceras, pausas y cierre de las emisiones correspondientes para así compensar a la productora en los costes totales o parciales de producción. Pero, al margen de estas cabeceras o cortinillas de patrocinio, estos programas no pueden incorporar ningún tipo de publicidad, incluida la fórmula del ‘Emplazamiento de Producto’.
Por lo tanto, aun cuando CRTVE no percibiera ningún beneficio económico por la inserción encubierta de publicidad en programas patrocinados, sí sería posible que fueran las productoras adscritas al sistema de patrocinios de CRTVE, las que podrían beneficiarse, de manera directa (mediante contraprestación económica) o indirecta (en especie), de los mensajes publicitarios o promocionales que, a pesar de su ilegalidad, se incluyeran en el desarrollo del programa.

STS 4727/2016, reiteración de la doctrina sobre responsabilidad por déficit concursal

No. 61 (Rust and Blue) - Mark Rothko
La Sentencia 4727/2016 del Tribunal Supremo reitera su postura respecto a la interpretación de la responsabilidad por deudas, declarada en la Sentencia 772/2014 de 12 enero 2015, que ya vimos en esta entrada: “STS 772/2014 de 12 enero 2015, sobre la responsabilidad por déficit concursal”. Además, interesa destacar también determinado pronunciamiento sobre la aplicación del art. 164.2.2 LC respecto al art. 164.2.1 LC, tal y como vemos justamente a continuación.

El TS debe declarar si la no llevanza de contabilidad en los últimos tres ejercicios previos a la solicitud de concurso de acreedores (no aportando documentos como la lista de acreedores, inventario de bienes, cuentas anuales, etc.) es motivo de calificación culpable, en base al art. 164.2.2 LC, que establece:

2. En todo caso, el concurso se calificará como culpable cuando concurra cualquiera de los siguientes supuestos:
2.º Cuando el deudor hubiera cometido inexactitud grave en cualquiera de los documentos acompañados a la solicitud de declaración de concurso o presentados durante la tramitación del procedimiento, o hubiera acompañado o presentado documentos falsos.

Al respecto, el TS declara que la falta de esos documentos contables no son encuadrables en el art. 164.2.2 LC, pues responden al caso regulado por el art. 164.2.1 LC, que establece:

2. En todo caso, el concurso se calificará como culpable cuando concurra cualquiera de los siguientes supuestos:
1.º Cuando el deudor legalmente obligado a la llevanza de contabilidad incumpliera sustancialmente esta obligación, llevara doble contabilidad o hubiera cometido irregularidad relevante para la comprensión de su situación patrimonial o financiera en la que llevara.

Respecto a la aplicación de la responsabilidad por déficit concursal destaca el siguiente extracto de la Sentencia, en el que también se aclara la aplicación transitoria de la reforma introducida por la Ley 38/2011:

1.- En el recurso se cuestiona la aplicación que la Audiencia Provincial ha hecho del art. 172.bis de la Ley Concursal en la redacción dada por la Ley 38/2011. El art. 172.3 de la Ley Concursal , en su originaria redacción, regulaba la responsabilidad de los administradores o liquidadores sociales por déficit concursal. La regulación de esta responsabilidad por déficit fue modificada primero por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, que la trasladó al art. 172.bis de la Ley Concursal , en parecidos términos a como estaba regulada en el art. 172.3. De tal forma que la jurisprudencia que interpretó el originario artículo 172.3 de la Ley Concursal y determinó los caracteres de esta responsabilidad, resulta sustancialmente aplicable al art. 172 bis de la Ley Concursal introducido por la Ley 38/2011. 2.- En la Sentencia del Pleno 772/2014, de 12 de enero de 2015 , declaramos que la reforma introducida por el Decreto Ley 4/2104, de 7 de marzo, ha cambiado sustancialmente la justificación de esta responsabilidad por déficit, al incorporar en el art. 172.bis de la Ley Concursal la exigencia expresa de que la condena a cubrir el déficit concursal lo sea en la medida en que la conducta que mereció la calificación culpable hubiera generado o agravado la insolvencia. En esa sentencia, consideramos que el legislador introduce «un régimen de responsabilidad de naturaleza resarcitoria, en cuanto que podrá hacerse responsable al administrador liquidador o apoderado general de la persona jurídica (y, en determinadas circunstancias a los socios) a la cobertura total o parcial del déficit "en la medida que la conducta que ha determinado la calificación culpable haya generado o agravado la insolvencia"». 3.- En lo relativo al Derecho transitorio, en esta sentencia consideramos que el régimen legal aplicable será el vigente al tiempo de abrirse la sección de calificación. En el caso objeto de este recurso, la sección se abrió tras la reforma introducida por la Ley 38/2011 y antes de la modificación operada por el Decreto Ley 4/2014, de 7 de marzo, por lo que resulta de aplicación el art. 172.bis de la Ley Concursal , en la redacción que le dio la citada Ley 38/2011. Por ello, como hemos dicho, ha de tomarse en consideración la jurisprudencia que interpretó el originario artículo 172.3 de la Ley Concursal y determinó los caracteres de esta responsabilidad.

El TS revisa la condena y la confirma, pues entiende que, si bien se podría haber argumentado mejor, se desprende que efectivamente la conducta del administrador único es susceptible de resultar en una calificación culpable.

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