¿El desconocimiento del derecho por parte de la ciudadanía está perjudicando las elecciones democráticas?


La corrupción ha devenido uno de los principales problemas de la sociedad, tal y como muestran las encuestas una y otra vez. Sin embargo, las graves irregularidades de los políticos (no todos) no tienen efectos contundentes en las elecciones. Uno podría decir que si un político no es condenado debe ser tratado como inocente y, aunque de esto no cabe duda desde una perspectiva legal, hay que entender que una cosa es el castigo jurídico (en especial el penal) y otra el castigo social o político.

Cuando se analizan muchos de los procedimientos judiciales que ha habido en España uno entiende que jurídicamente no haya condena, pero muchas veces el comportamiento puesto en evidencia durante el proceso no deja duda del comportamiento poco ético del enjuiciado no condenado. A veces por prescripción, otras por falta de prueba suficiente en temas penales, otras por la irrelevancia del comportamiento enjuiciado y otras, incluso habiendo condena, el sujeto es indultado o no llega a entrar en prisión, lo que acaba perdiendo todo interés para el ciudadano.

El problema que puede surgir de estos procedimientos es que la ciudadanía deja toda la responsabilidad en manos de los jueces (por desinterés y desconocimiento) y eso, aunque a primera vista no parezca un problema lo es. Como venía diciendo al principio de este escrito un juez debe centrarse en los casos más graves, que son los perseguidos por la ley.

En conclusión, nos encontramos con una ciudadanía que no conoce los detalles legales y que, además, deja en manos de los jueces decidir sobre la bondad del enjuiciado. Ante esta situación los votantes no pueden hacer un juicio completo del historial de sus representantes y la perversión en la política subsiste ensuciando la actividad pública día tras día.

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