Política errática por falta de disociación entre lo mercantil y lo moral

La crisis económica tiene su origen en una etapa de expansionismo de la mercantilización en sectores que antes no se organizaban por incentivos económicos, desde la educación hasta la sanidad. Hoy en día, la mayoría de obligaciones morales antes ejecutadas sin compensación alguna han pasado a estar incentivadas de algún modo económicamente evaluable.

Esta nueva forma de entender el comportamiento ciudadano responde al triunfo de las ciencias matemáticas o “exactas” sobre las ciencias sociales y ello también se refleja en el ordenamiento jurídico. Cada nueva ley que se aprueba, ya desde hace bastantes años, supone un aumento de rigidez jurídica, con procedimientos tasados que a medio y largo plazo producen víctimas del sistema, justificadas por el interés general. Sin embargo, estos errores del sistema se podrían evitar con una regulación más flexible y acorde con el sentido común, sin menoscabo del interés general (e incluso sin menoscabo de la necesidad de especialización sectorial).

Tanto la mercantilización del comportamiento ciudadano a través de incentivos, como el intento de crear ordenamientos jurídicos eficientes económicamente, son ejemplos de cómo la política a perdido sus raíces filosóficas y humanísticas. El comportamiento éticamente correcto y el sacrificio individual por el bien común han dejado de ser una cuestión importante, para dar paso a la justificación meramente económica de toda decisión política.

A pesar de todo ello, el problema no es que aumente el uso del conocimiento económico para tomar decisiones políticas, sino que éstas acaben por abarcar todos los sectores en que interviene el ciudadano.

Escena del mural Escuela de Atenas - Rafael Sanzio